Evolución de la Iglesia y el Poder en la España del Siglo XIX

Introducción: La Iglesia en el Antiguo Régimen

Durante los reinados absolutistas, las relaciones entre la Iglesia y el poder eran muy estrechas. Existía una justificación divina del poder absoluto de los monarcas y la Iglesia constituía un estamento privilegiado, con instituciones jurídicas propias como la Inquisición medieval. Sus propiedades, conocidas como manos muertas, les permitían cobrar rentas y servicios a los campesinos, además de estar exentos del pago de impuestos. La sociedad era profundamente religiosa; la doctrina católica y sus ceremonias eran aceptadas y practicadas con fervor. Los monarcas españoles y sus gobiernos defendían el dogma católico frente a la herejía y las desviaciones, lo que derivaba en situaciones de intransigencia e intolerancia religiosa.

Núcleo 1: El siglo XIX y la limitación del poder eclesiástico

Los liberales intentaron limitar el poder eclesiástico de diversas maneras: si dominaban los progresistas, estos ponían en marcha las desamortizaciones; si dominaban los moderados, se intentaban de nuevo las buenas relaciones con la Iglesia. La desaparición de los derechos jurisdiccionales y de las cargas campesinas, dictadas por el liberalismo y la economía liberal, acabó debilitando el poder económico del que gozaba la Iglesia en el Antiguo Régimen, una pérdida de privilegios que afectó también a su influencia en la moral social.

Reformas iniciales y el impacto de Cádiz

Las primeras medidas reformistas aparecieron en 1810-1812, en Cádiz: supresión de la Inquisición, eliminación de los privilegios de origen feudal y de los señoríos jurisdiccionales, y una primera desamortización. La Constitución de 1812 declaró la religión católica como oficial. Sin embargo, tuvo escasa vigencia debido a la restauración del absolutismo por parte de Fernando VII (1814-1820). Estas primeras medidas se volvieron a poner en práctica durante el Trienio Liberal (1820-1823), para volver a ser paralizadas por posteriores gobiernos absolutistas.

La transformación del régimen de propiedad (1835-1855)

Fue en el reinado de Isabel II cuando se realizó la transformación del régimen de propiedad (1835-1855). El progresista Mendizábal acometió la desamortización eclesiástica. Hubo dos decretos que afectaron, básicamente, al clero regular:

• Decreto de 1835: Quedaban suprimidos los monasterios de las órdenes monacales, con excepción de aquellos que prestasen servicios de auxilio social.
• Decreto de 1836: Declaraba en venta todos los bienes raíces de las instituciones suprimidas.

La finalidad era solucionar los problemas hacendísticos, ampliar los apoyos al régimen liberal frente al carlismo y desmantelar el poder económico de la Iglesia. Durante la regencia de Espartero (1841) se completó esta desamortización.

El Concordato de 1851 y el balance final

A partir de 1844, los gobiernos moderados paralizaron el proceso y alcanzaron un acuerdo con el Vaticano: el Concordato de 1851. En él, la Iglesia aceptaba las ventas a cambio de que el gobierno español sostuviese económicamente al clero, se considerase al catolicismo como la religión del Estado, se prohibiese la práctica de cualquier otro culto y se mantuviese el predominio religioso en materia educativa. Las clases acomodadas veían en la Iglesia una aliada para el control de la sociedad y garantizaban las posesiones adquiridas en el proceso desamortizador, que finalizaría en 1855 con Madoz.

El balance desamortizador fue negativo para el poder económico y político de la Iglesia al decrecer sus posesiones y quedar reducidos los efectivos del clero a la tercera parte debido al abandono de conventos. No obstante, la mayoría de la sociedad española del siglo XIX conservó una profunda religiosidad. El liberalismo democrático continuó el empeño de restar influencia al sector eclesiástico y la Constitución democrática de 1869 habló de libertad de cultos, eliminando la confesionalidad del Estado, si bien manteniendo el culto y a los ministros de la religión católica.