Evolución política y conflictos durante el reinado de Isabel II
Evolución política, partidos y conflictos en el reinado de Isabel II
El reinado de Isabel II se divide en dos etapas fundamentales: las Regencias y el reinado efectivo.
Regencia de María Cristina de Nápoles (1833-1840)
La reina nombró primer ministro a Martínez de la Rosa, quien promulgó el Estatuto Real de 1834, un conjunto de reglas para convocar Cortes. Sin embargo, estas reformas resultaron insuficientes para una parte del liberalismo.
El levantamiento de los sargentos de La Granja llevó a la regente a restablecer la Constitución de 1812 y a entregar el poder al progresista Calatrava. El gobierno convocó elecciones a Cortes, en las que se aprobó la Constitución de 1837, que proclamaba:
- La soberanía nacional.
- La división de poderes.
- La aconfesionalidad del Estado.
- Una amplia declaración de derechos ciudadanos.
Las Cortes eran bicamerales, el rey conservaba amplios poderes y se mantenía la financiación a la Iglesia católica. Finalmente, la disputa por la Ley de Ayuntamientos obligó a la regente a dimitir, siendo sustituida por el general Espartero.
Regencia de Espartero (1840-1843)
Espartero actuó durante estos años con un marcado autoritarismo. Tras el conflicto por el arancel librecambista, que afectaba gravemente a la industria textil catalana, abandonó la regencia y las Cortes adelantaron la mayoría de edad de Isabel II.
Partidos políticos del siglo XIX
Moderados
Defendían el derecho de propiedad y anteponían la autoridad y el orden social a la libertad individual. Abogaban por la soberanía compartida, el sufragio restringido, la confesionalidad del Estado y la limitación de los derechos individuales.
Progresistas
Defendían la soberanía nacional, el predominio de las Cortes y rechazaban la intervención de la Corona. Eran partidarios de otorgar amplios derechos a la ciudadanía, ampliar el cuerpo electoral y limitar la influencia social de la Iglesia.
Demócratas
Defendían la soberanía nacional y el sufragio universal masculino. Proponían una única cámara electiva, la libertad de cultos y la implicación de la administración en la enseñanza y la asistencia social.