Expropiación Urgente, Reversión y Garantías Jurisdiccionales: Régimen Jurídico Completo

Expropiación urgente

La expropiación urgente constituye la excepción más grave a la regla del pago previo. Está regulada por el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa (LEF), no como un procedimiento especial sino como una particularidad del sistema de pago.

Excepcionalmente, mediante acuerdo del Consejo de Ministros podrá declararse urgente la ocupación de los bienes afectados por la expropiación a que dé lugar la obra o finalidad determinada. Esta declaración deberá ser motivada y deberá contener además la relación concreta de los bienes a los que va a afectar. Deberá ir precedida de un período de información pública en el que se oirá a los afectados.

La declaración de urgente ocupación produce dos efectos muy importantes:

1. Se entiende con ello cumplido el trámite de necesidad de ocupación.
2. Da derecho a la ocupación inmediata del bien, en cuanto se cumplan los siguientes trámites:

a) Acta previa a la ocupación

Se levanta un acta previa a la ocupación, en la que se contiene una descripción detallada de los bienes a expropiar, así como las declaraciones de comparecientes. A estos efectos es necesaria la citación personal de los mismos, y también las alegaciones de los interesados relativas a la indemnización por rápida ocupación.

b) Hojas de depósito previo

A la vista de dicha acta, la Administración formula las hojas de depósito previo a la ocupación, en las que se establece la valoración de los bienes calculada sobre la base de la capitalización al interés legal de los líquidos imponibles que en la declaración fiscal se hayan establecido dos años antes. Esta cantidad puede consignarse en la Caja General de Depósitos.

En ese momento, la Administración abonará, si procede, la indemnización correspondiente a la rápida ocupación. De todo ello se levanta acta de pago.

c) Ocupación

La Administración, en plazo de 15 días desde el depósito y pago de los perjuicios, procederá a la ocupación.

Debe tenerse en cuenta que la cantidad que se paga no constituye la indemnización que deberá abonarse finalmente.

Efectuada la ocupación, se tramitará el expediente en sus fases de justiprecio y pago según la regulación general de la LEF.

Reversión

Es el derecho del expropiado o sus causahabientes a recobrar la totalidad o parte sobrante de los terrenos en el caso de no ejecutarse la obra o no establecerse el servicio que motivó la expropiación, devolviendo al beneficiario el justiprecio.

Este derecho se fundamenta en la prohibición de realizar obras o establecer servicios distintos de los que dieron lugar a la expropiación.

Según la LEF de 1954, la Administración no podía, bajo ningún concepto, alterar la causa por la que inicialmente se expropió. Sin embargo, la Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación, flexibilizó la regulación anterior, permitiendo a la Administración cambiar la afectación del bien cuando, simultáneamente a la desafectación del fin que justificó la expropiación, acuerde la nueva afectación a otro fin que haya sido declarado de utilidad pública o interés social.

Causas legitimadoras de la reversión

1. La no ejecución de la obra o la no implantación del servicio.
   El plazo para ejercitar el derecho de reversión es de 3 meses a contar desde la fecha en que la Administración hubiera notificado su intención de no realizar la obra o implantar el servicio. No obstante, si la Administración no notifica ni se deduce claramente de otros actos que no va a realizar la obra o servicio, se entiende producida esta circunstancia una vez transcurridos 5 años desde la toma de posesión del bien sin que se inicie la ejecución de la obra o la implantación del servicio. A esta circunstancia se equipara la paralización de las obras por más de 2 años por causas no imputables al expropiado.
2. Que quede alguna parte sobrante.
   El plazo para ejercitar el derecho de reversión es de 3 meses a contar desde la fecha en que la Administración haya notificado la existencia de partes sobrantes o desde que de ello quedan sobrantes. No obstante, en este caso el ejercicio del derecho tiene plazo máximo de 20 años desde la toma de posesión.
3. Que desaparezca la afectación.
   El plazo y el límite temporal son los mismos que en el caso anterior.

No hay derecho a reversión cuando, simultáneamente a la desafectación del fin que justificó la expropiación, se acuerde justificadamente la nueva afectación a otro fin de utilidad pública o interés social, o cuando la afectación al fin que justificó la expropiación se prolongue durante 10 años desde la terminación de la obra o establecimiento del servicio.

Estos dos supuestos tienen su antecedente en la regulación de la reversión en el ámbito urbanístico. Se trata de excluir la reversión en casos de mutación del fin a otro igualmente público y por la consumación de la expropiación como consecuencia de la ejecución de la causa durante cierto tiempo.

Competencia y efectos

La Administración competente para resolver sobre la reversión es la Administración en cuyo poder se encuentren los bienes en el momento de la reversión.

En cuanto a los efectos, la reversión obliga a la devolución de los bienes al expropiado y a devolver el justiprecio. La cantidad a abonar será la que se pagó como justiprecio, actualizada conforme al índice de precios al consumo. Si el bien ha experimentado cambios en su calificación jurídica o ha sufrido mejoras, se valorarán nuevamente los bienes.

Garantía jurisdiccional

La LEF reconoce una doble garantía jurisdiccional en protección de la propiedad del expropiado: por un lado, la posibilidad de interponer un recurso contencioso-administrativo y, por otro, la posibilidad de utilizar interdictos contra la Administración en el caso de que esta actúe a través de la vía de hecho.

La vía de hecho

Podemos definir la vía de hecho como todo ataque a la propiedad privada, derechos e intereses patrimoniales legítimos que provenga de la Administración o de sus agentes y que, teniendo apariencia de expropiación, no se ajusta a los límites definidores de la potestad expropiatoria, o aun dentro de ellos no se ejerce precisamente por el cauce procedimental que la ley señala, sino solamente de hecho.

Para que nos encontremos ante la vía de hecho es imprescindible que la Administración haya pasado al terreno de la apropiación material.

Medios de protección frente a la vía de hecho

El artículo 125 LEF recoge esta serie de garantías del particular frente a la vía de hecho: el interesado podrá utilizar, a parte de los demás medios legales procedentes, los interdictos de retener y recobrar, para que los jueces los amparen y, en su caso, los reintegren en su posesión amenazada o perdida.

Existen, por tanto, varias posibilidades de acción frente a la vía de hecho:

1. Interdictos de retener y recobrar.
2. Las acciones del artículo 41 LEF.
3. Las acciones reivindicatoria y negatoria.
4. Recursos administrativos y contencioso-administrativos.

La particularidad más importante de esta garantía se encuentra en la posibilidad de utilizar interdictos frente a la Administración, ya que el artículo 101 de la Ley de Procedimiento Civil establecía como regla general la inadmisión de interdictos frente a la Administración. Ahora bien, esta matiza: en materia de su competencia y de acuerdo con el procedimiento legal establecido, cosa que no ocurre en la vía de hecho. Se trata, por tanto, de una excepción al principio general de inmunidad interdictal de la Administración.

Garantía judicial en la valoración del justiprecio

Respecto a la garantía judicial de la valoración del justiprecio, debemos decir que la determinación del justiprecio no es algo discrecional para el jurado, sino que consiste en la aplicación de un concepto jurídico indeterminado: el justo precio, aplicación que deberá ser motivada.

De ahí que el artículo 126 LEF precise que contra el acuerdo que fije el justiprecio, ambas partes (beneficiario y expropiado) podrán interponer recurso contencioso-administrativo, que deberá fundarse en lesión inferior o superior en más de la sexta parte de lo que cada uno fijó en sus hojas de aprecio.

Por tanto, para poder impugnar la cuantía de la indemnización, la lesión aducida deberá ser:

• Para el expropiado: que la cantidad que fijó el jurado sea inferior en más de 1/6 de lo que él valoró.
• Para el beneficiario: que sea superior.

Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de solicitar la nulidad del justiprecio en base a vicio sustancial de forma o violación y omisión de la ley.

Respecto a esta impugnación de la cuantía, debemos puntualizar:

1. Las resoluciones del jurado agotan la vía administrativa.
2. Si la Administración quiere impugnar la resolución del jurado, deberá acudir a un recurso de lesividad: declaración de lesividad e impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
3. Es un principio jurisprudencialmente consagrado el de la presunción de acierto de las resoluciones del jurado.