Historia de la Acción Social en España: De Carlos III al Siglo XIX

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Realizaciones más importantes en materia de acción social durante el reinado de Carlos III

El monarca, apoyado en el pensamiento humanista ilustrado, se propone abordar el fenómeno social de la pobreza desde la administración pública, mediante el desarrollo de una red de servicios socioasistenciales desde los cuales se ejerzan las medidas de lucha contra la pobreza y la vagancia.

Las acciones administrativas son las más importantes y sus aportaciones se extienden a tres campos principales:

Colectivo: Fundación del Hospicio de San Fernando

Estaba destinado a vagos y vagabundos. Este hospicio se fundó en las cercanías de Madrid y ofrece la cara representativa de los ilustrados ante la protesta social. El Conde de Aranda adopta medidas para restablecer el orden de la capital. Entre estas medidas, cabe destacar que ordena efectuar una redada en los barrios más populares para el arresto de vagabundos y mendigos.

Una vez detenidos, no se les puede enviar al presidio (cárcel), pero tampoco se considera oportuno dejarlos de nuevo en libertad. Por lo tanto, la solución que proponía Aranda era crear una situación intermedia: retenerlos imponiéndoles trabajos menos dificultosos que a los condenados, garantizando con ello la seguridad del Estado a la vez que se respetaba formalmente la justicia.

El funcionamiento del Hospicio de San Fernando expresa más la nueva valoración del trabajo impulsada por los ilustrados que un acercamiento compasivo a la suerte de los necesitados. El trabajo constituía un instrumento disciplinario para el sometimiento de los sectores sociales cuyos comportamientos ponían en peligro el orden social.

Asistencial: Diputaciones de barrio

Fueron organismos creados para descentralizar y gestionar la asistencia social directamente en los vecindarios urbanos.

Previsión: Los Montepíos

Eran sociedades de socorros mutuos con un objetivo y un medio concreto para obtenerlo. Se proponían asegurar los riesgos derivados de enfermedad, accidente o incapacidad para seguir trabajando, así como de muerte.

Los montepíos actuaban sobre un sector concreto de la población artesana y trabajadora. En la práctica, solo podían afiliarse aquellos obreros cuyos ingresos les permitieran detraer unas cantidades fijas para garantizar la cobertura de sus riesgos. La iniciativa de los montepíos proviene formalmente del reinado de Carlos III.

Las Sociedades Económicas de Amigos del País y su función

En la segunda mitad del siglo XVIII, debido al movimiento filantrópico ilustrado, se fundaron varias Sociedades Económicas de Amigos del País. Eran organismos no estatales cuya finalidad radicaba en promover el desarrollo de España, especialmente en el aspecto económico, habiéndose iniciado en los círculos culturales.

Contaban con licencia real para constituirse y reunirse, y en su fundación intervinieron importantes figuras de la nobleza y numerosos cargos públicos, miembros de la Iglesia, personalidades del mundo de los negocios y artesanos. Admitían a las mujeres por expreso deseo de Carlos III y no diferenciaban entre clases sociales.

Las Sociedades Económicas de Amigos del País fomentaban la creación científica y la puesta en marcha de innovaciones. Tenían la tarea de estudiar cada provincia y, en función de los recursos disponibles, determinar qué industrias y actividades convenía impulsar, adoptando cualquier iniciativa tendente a fomentar el bienestar colectivo. En estas sociedades predominaba una profunda preocupación por el bien común, la cual se encuentra en la base de las numerosas reflexiones suscitadas en torno a la mendicidad, la beneficencia y la asistencia social durante la Ilustración.

Funciones de las Diputaciones de barrio

Su función principal consistía en atender y socorrer a los pobres y necesitados en su propio domicilio. Este modelo representaba una alternativa innovadora, quedando los centros tradicionales de reclusión (hospicios, hospitales y casas de expósitos) reservados únicamente para los casos de extrema gravedad.

El procedimiento habitual requería que los necesitados presentasen su petición de ayuda al diputado correspondiente, quien analizaba minuciosamente la situación particular. Existía una diversificación asistencial que abarcaba distintas dimensiones de la pobreza, materializándose en las siguientes áreas de intervención:

  • Salud: En caso de enfermedad, se encargaban del pago del médico, las medicinas y los alimentos requeridos para la recuperación del enfermo.
  • Empleo: Se ocupaban de buscar trabajo para las personas desempleadas. Sus estrategias iban desde la colocación de mujeres como personal de servicio doméstico o jóvenes como aprendices de oficios, pasando por el suministro de trabajo a domicilio, hasta la promoción de obras públicas en el propio barrio para emplear a jornaleros.
  • Educación: Financiaban los gastos de material escolar, los sueldos de los maestros, el vestido y calzado de los niños, además de vigilar rigurosamente la asistencia a las escuelas y el correcto funcionamiento pedagógico.
  • Orden público: En su papel como agentes del orden, trabajaban en estrecha coordinación con los alcaldes de barrio y de cuartel, ejerciendo funciones similares a una policía de proximidad: obligaban a personas menesterosas y amancebadas a llevar una vida ordenada, denunciaban a sospechosos y retiraban la asistencia a quienes demostrasen no merecerla.

Situación de España en relación con otros países europeos a lo largo del siglo XIX

Durante el siglo XIX, España presentaba un notable retraso respecto a los países de su entorno europeo. Uno de los desfases más significativos residía en la configuración de los servicios sociales modernos. Esta situación obedecía a tres causas estructurales:

El peso de la Iglesia en la vida social y política española

En primer lugar, resalta la prolongada y profunda influencia de la Iglesia en España, notablemente superior a la observada en otros países europeos. Mientras que en estos últimos el proceso de separación entre la Iglesia y el Estado comenzó a fraguarse a finales del siglo XVIII, en España todas las constituciones decimonónicas (incluida la Constitución de Cádiz de 1812) consagraban la confesionalidad católica del Estado.

Esta fuerte presencia histórica en la vida política y social provocó la perpetuación de la etapa basada en la caridad y la beneficencia eclesiástica. La ayuda al necesitado se concebía como una simple prolongación del deber religioso, marco en el cual no tenía cabida la intervención directa del Estado secular.

El retraso económico de España

En segundo lugar, incidió de forma determinante el propio retraso económico del país. La Revolución Industrial llegó tardíamente a España y quedó concentrada en muy pocas áreas geográficas (principalmente Cataluña y el País Vasco). La gran mayoría de la población activa dependía de la agricultura, por lo que el predominio de la sociedad rural demoró la aparición de las reivindicaciones laborales y las problemáticas inherentes a los entornos industrializados.

Por ello, durante el siglo XIX la «cuestión social» en España fue fundamentalmente una cuestión agraria. En consecuencia, difícilmente podían promoverse respuestas públicas hacia una realidad fabril todavía inexistente en la mayor parte del territorio nacional.

El escaso desarrollo del movimiento obrero

El ritmo pausado de la industrialización condicionó a su vez la tardía maduración de las organizaciones obreras en comparación con otras potencias continentales. No fue sino hasta el último tercio del siglo XIX cuando el asociacionismo proletario empezó a cobrar verdadera relevancia (reflejado, por ejemplo, en la fundación de la UGT en 1888). Debido a esta debilidad inicial, el movimiento obrero no estuvo en condiciones de actuar a tiempo como motor modernizador e impulsor de un sistema integral de protección social pública.

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