Historia de España: de la Hispania romana a la crisis de 1898

La Hispania romana

Los romanos conquistaron la península ibérica entre el 218 y el 19 a. C., tras vencer a Cartago en las guerras púnicas, lo que les permitió controlar el este peninsular en el siglo III a. C. Desde allí se expandieron hacia el centro y el norte, implantando sus estructuras políticas, sociales y culturales. La romanización fue más intensa en el sur y este (áreas iberas) que en el norte (área celta), y dio lugar a la sociedad hispanorromana.

Introdujeron nuevas técnicas agrícolas, desarrollaron metalurgia e ingeniería y crearon latifundios en manos de la aristocracia. El latín se mantuvo en la Edad Media y dio origen a las lenguas romances (castellano, gallego, catalán). Hispania quedó sometida al Derecho romano, base de leyes visigodas y medievales. En religión, primero se introdujo el politeísmo y el culto al emperador; después, en el Bajo Imperio, el emperador Teodosio estableció el cristianismo como religión oficial. El legado romano perduró en obras como acueductos, calzadas y puentes.

La monarquía visigoda

En el 409 d. C. suevos, vándalos y alanos entraron en Hispania. Roma hizo un pacto con los visigodos para pacificar Hispania. Con la caída del Imperio romano, los visigodos fundaron un reino con capital en Toulouse y fueron derrotados por los francos. Expulsados de Francia, los visigodos fundaron en Hispania el Reino Visigodo de Toledo en 507.

Los reyes buscaron la unidad: Leovigildo, en lo territorial, luchó contra suevos, vascones y bizantinos; su hijo Recaredo, en lo religioso, convirtió al reino al catolicismo; y Recesvinto, en lo jurídico, promulgó el Liber Iudiciorum.

La organización política se basaba en el derecho germánico y la monarquía era electiva, dependiendo de la nobleza y la Iglesia, reforzadas a través del Aula Regia y los Concilios de Toledo. Las luchas internas, como la de Rodrigo contra los partidarios de Vitiza, facilitaron la invasión musulmana de 711.

Al‑Ándalus: evolución política

Los musulmanes invadieron la península en 711; dirigidos por Muza y Tariq derrotaron a don Rodrigo en Guadalete y pusieron fin al reino visigodo de Toledo. En tres años ocuparon casi todo el territorio, al que llamaron Al‑Ándalus, y establecieron un emirato dependiente del califato de Damasco. En el 756 Abderramán I fundó el emirato independiente de Córdoba. Muchos cristianos se islamizaron (muladíes), lo que provocó rechazo entre los sacerdotes mozárabes.

Más tarde, en 929, Abderramán III proclamó el califato, alcanzando su mayor esplendor con el crecimiento de Córdoba, la ampliación de la Mezquita Mayor y la construcción de Medina Azahara. Hisham II delegó el poder en su primer ministro, Almanzor, quien protagonizó expediciones contra los reinos cristianos. Tras un periodo de debilidad, en 1031 el califato se fragmentó en reinos de taifas, lo que favoreció el avance cristiano. La conquista de Toledo en 1085 por Alfonso VI llevó a los taifas a pedir ayuda a los almorávides, que derrotaron a Alfonso VI en Sagrajas (1086) frenando su avance, y más tarde a los almohades, derrotados en las Navas de Tolosa (1212). Desde entonces los musulmanes quedaron reducidos al reino nazarí de Granada, fundado por Muhammad I, que sobrevivió gracias a pactos con Castilla hasta su conquista definitiva por los Reyes Católicos en 1492.

Al‑Ándalus: economía, sociedad y cultura

Al‑Ándalus, surgido tras la conquista musulmana de la península en 711, destacó por su riqueza económica, diversidad social y desarrollo cultural. Su economía se basaba en una agricultura innovadora con nuevos cultivos y técnicas de regadío, una artesanía urbana de lujo y un comercio muy activo gracias a su posición de puente entre las rutas de África y el Próximo Oriente con Europa y el Mediterráneo.

La sociedad estaba jerarquizada: el grupo dominante lo formaban los musulmanes (árabes y bereberes), y entre los grupos sometidos se encontraban judíos y cristianos (mozárabes), que vivían con relativa libertad religiosa, algunos convertidos al islam (muladíes), junto con la presencia de esclavos. La cultura andalusí estaba basada en la religión musulmana, la lengua árabe y los conocimientos grecorromanos y orientales. Los musulmanes difundieron saberes filosóficos, astronómicos y científicos de la Antigüedad, con figuras como Averroes o Ibn Hazm. El mayor esplendor cultural se extendió desde el califato de Córdoba hasta el reino nazarí de Granada.

Paralelamente, los judíos sefardíes destacaron en finanzas, medicina, traducción y filosofía, y gozaron de un periodo de tolerancia conocido como la Convivencia, cuyo legado perdura en sinagogas como la de Santa María la Blanca en Toledo o la de Córdoba, y en juderías como las de Toledo, Segovia y Gerona.

Los reinos cristianos

En 711 los musulmanes invadieron la Península Ibérica, excepto el norte donde surgieron los primeros reinos cristianos formados por población local y visigodos huidos. En la Cordillera Cantábrica nace el reino de Asturias con Pelayo, que luego pasó a llamarse reino de León al trasladar Alfonso III la capital a León. Al este nació Castilla con Fernán González; en los Pirineos, el reino de Navarra; y en el centro, los condados de Aragón. Carlomagno creó la Marca Hispánica, de la que nació Cataluña en el siglo X con el conde Borrell.

La Reconquista avanzó a partir de 1031 tras la desintegración del califato en reinos de taifas. En 1085 Alfonso VI conquistó Toledo; en el siglo XII Portugal se independizó de León y descendió hasta el Tajo. Castilla y León ocuparon Extremadura y Castilla‑La Mancha, mientras Aragón tomó Zaragoza bajo Alfonso I el Batallador y se unió a los condados catalanes. La victoria cristiana en las Navas de Tolosa (1212) permitió a Fernando III el Santo conquistar el Guadalquivir y Murcia, y a Jaime I ocupar el Levante y las Baleares. Desde el siglo XIII sólo quedó el reino nazarí de Granada, conquistado en 1492 por los Reyes Católicos.

La organización política era feudal: el rey en la cima, la nobleza y el clero con señoríos, y el pueblo llano sin privilegios. La sociedad se dividía en estamentos privilegiados (nobleza y clero) y no privilegiados (estado llano). El vasallaje regulaba la relación entre rey y nobles, y las Cortes eran la principal asamblea consultiva.

Modelos de repoblación

Paralelamente a la conquista de Al‑Ándalus, entre los siglos VIII y XV, los reinos cristianos repoblaron los territorios ocupados trasladando población cristiana. Hubo varios modelos:

• Repoblación espontánea u aprisio (minifundios del norte).
• Repoblación concejil (dirigida por los concejos).
• Repoblación organizada por órdenes militares como Calatrava o Alcántara.
• Repoblación realizada por la nobleza en zonas de Extremadura, Andalucía y Levante.

En ciudades musulmanas muy pobladas, los cristianos procedían al repartimiento de casas y propiedades. Durante la Edad Media se formaron reinos cristianos al norte de Al‑Ándalus que ampliaron sus territorios no sólo enfrentándose a los musulmanes del sur sino también a los reinos vecinos. La estructura política y social era feudal, presidida por el rey como máximo señor de los vasallos, aunque su autoridad estaba limitada por los señoríos de la nobleza y el clero. La sociedad estaba dividida en estamentos: los privilegiados (nobleza y clero), que podían imponer leyes y cobrar impuestos, y los no privilegiados, formados por campesinos sometidos a derechos señoriales. La alianza entre rey y nobles se regulaba por el vasallaje, y las Cortes eran la principal asamblea consultiva. La sociedad era principalmente rural, aunque a partir del siglo XII crecieron las ciudades con presencia de burguesía. También convivieron judíos y mudéjares con los cristianos hasta el siglo XIII.

La Baja Edad Media en las Coronas de Castilla y de Aragón y en el Reino de Navarra

Al final de la Edad Media había cuatro reinos cristianos en la Península Ibérica: Portugal, Castilla, Navarra y Aragón. Su sistema político era la monarquía hereditaria en la que el rey se enfrentaba al enorme poder de la Iglesia y la nobleza al frente de numerosos señoríos territoriales.

En Castilla se inició un proceso de fortalecimiento de la autoridad real basado en el Derecho romano. El autoritarismo quedó establecido en las Siete Partidas de Alfonso X el Sabio y en el Ordenamiento de Alcalá de Alfonso XI (poder del rey emanado de Dios). Instituciones de gobierno: el Consejo Real, integrado por la nobleza, el clero y abogados que asesoraban en la elaboración de las leyes; las Cortes, asambleas de los tres estamentos convocadas por el rey para solicitar impuestos y ayuda económica y escuchar las peticiones de los súbditos; y la Chancillería o Audiencia Real, tribunal de justicia que residía en Valladolid. El gobierno municipal recaía en los concejos o ayuntamientos dirigidos por un regidor. Sólo los territorios vascos conservaron sus fueros particulares.

La Corona de Aragón era una confederación de territorios: Aragón, Cataluña, Valencia y Baleares, en los que no se pudo imponer el autoritarismo y triunfó el pactismo, ya que cada territorio conservó sus propias instituciones como la Generalitat en Cataluña y Valencia y leyes que debían ser respetadas por el rey. Un ejemplo son las Cortes, independientes en cada territorio de la corona. La figura del Justicia Mayor era árbitro frente al rey.

Navarra tuvo sus orígenes en el reino de Pamplona que alcanzó su esplendor en el siglo XI con Sancho el Mayor. Pero a su muerte la expansión territorial de Aragón y Castilla cerró sus fronteras por el sur y, al final de la Edad Media, el reino quedó debilitado entre la presión de Francia, Castilla y Aragón, a pesar de lo cual mantuvo sus Fueros y sus Cortes.

Los Reyes Católicos: unión dinástica e instituciones de gobierno. La guerra de Granada

Los Reyes Católicos unieron las Coronas de Castilla y Aragón en 1479, tras la victoria de Isabel sobre Juana la Beltraneja y la Paz de Alcaçovas. En la Concordia de Segovia (1475) acordaron gobernar conjuntamente y consolidaron un Estado moderno y autoritario con los objetivos de unidad territorial, religiosa y expansión exterior.

Para lograr la unidad religiosa, aumentaron las presiones sobre judíos y musulmanes, se creó el Tribunal de la Inquisición y en 1492 se decretó la expulsión de los judíos que no se convirtieran. La unión fue solo dinástica, manteniendo cada reino sus leyes, instituciones y moneda. En Castilla predominó el centralismo, mientras que en Aragón se mantuvo el pactismo.

Las principales instituciones fueron las Cortes (las de Castilla y, en Aragón, unas por cada territorio), los Consejos (de Indias, de Hacienda, de Órdenes Militares...), los secretarios reales (enlace con los Consejos), las Chancillerías o Audiencias, y los virreyes, que representaban la autoridad real fuera de Castilla. Los corregidores controlaban los ayuntamientos castellanos y la Santa Hermandad mantenía el orden en el campo.

Tras la muerte de Isabel en 1504, su hija Juana heredó Castilla, y el hijo de Juana, Carlos I, volvió a unir ambas coronas en 1517. Los Reyes Católicos desarrollaron una política de unificación peninsular que se inició con la guerra de conquista del reino nazarí de Granada en 1482 y culminó con la rendición de Boabdil el 2 de enero de 1492 en el campamento de Santa Fe. Tras la conquista, se obligó a parte de la población musulmana a convertirse: los moriscos aceptaron el bautismo y otros emigraron al norte de África.

Exploración, conquista y colonización de América

En 1492, los Reyes Católicos firmaron con Cristóbal Colón las Capitulaciones de Santa Fe en Granada, patrocinando su viaje para llegar a las Indias por Occidente. El 12 de octubre de 1492, Colón llegó a las Antillas con las naves Pinta, Niña y Santa María, estableciendo bases en Cuba y La Española. Realizó otros tres viajes y, tras ellos, otros marinos confirmaron la existencia de un nuevo continente, llamado América por el cartógrafo Américo Vespucio.

La Casa de Contratación de Sevilla controló los viajes y el comercio con América. Desde las Antillas comenzó la exploración del continente. Bajo Carlos I y Felipe II se realizaron nuevas expediciones: Núñez de Balboa descubrió el océano Pacífico, Magallanes y Elcano dieron la primera vuelta al mundo, Hernán Cortés conquistó el Imperio azteca (1519‑1521) y Francisco Pizarro el Imperio inca (1531‑1533).

Las conquistas provocaron la destrucción de pueblos indígenas, una gran disminución de la población y la pérdida de sus formas de vida. Estas situaciones fueron denunciadas por Bartolomé de las Casas y Francisco de Vitoria. Los reyes aprobaron las Leyes Nuevas para limitar los abusos, aunque a menudo se incumplieron. Surgieron nuevas rutas comerciales, como la de los metales preciosos del Nuevo Mundo y la del Pacífico hacia Asia. De América llegaron nuevos cultivos (tomate, maíz, patata) y el oro y la plata que convirtieron a España en una gran potencia mundial, aunque también atrajeron la piratería inglesa.

Los Austrias del siglo XVI: política interior y exterior

Carlos I, hijo de Juana de Castilla y Felipe de Habsburgo, subió al trono en 1517. Llegó desde Flandes con consejeros extranjeros y, tras ser coronado emperador como Carlos V en 1519, dejó como regente a Adriano de Utrecht. En su ausencia estalló la Revuelta de las Comunidades en Castilla, liderada por Padilla, Bravo y Maldonado, que pedían más poder para las ciudades y menos influencia extranjera; fueron derrotados en Villalar (1521). También reprimió las Germanías de Valencia y Mallorca. Tras estas revueltas, reforzó la autoridad real y convirtió a Castilla en el pilar del Imperio.

En política exterior, luchó contra los turcos, que amenazaban Viena, y contra Francia, a la que venció en Italia obteniendo Milán. En Alemania se enfrentó a los príncipes protestantes y acabó firmando la Paz de Augsburgo (1555), que reconocía la libertad religiosa y supuso su renuncia al Imperio.

Su hijo Felipe II subió al trono en 1556, estableció la Corte en Madrid y dio a la monarquía un carácter más hispano. Logró la unión dinástica con Portugal al ser proclamado rey de Portugal en 1580 en las Cortes de Tomar tras la muerte de don Sebastián, aunque tuvo que sofocar la resistencia de la nobleza portuguesa. En el interior se enfrentó a la rebelión de los moriscos de las Alpujarras y a los altercados de Aragón. En el exterior, defendió la hegemonía hispánica y la unidad de la Cristiandad. Luchó contra Francia, apoyando a los católicos, y contra los turcos, logrando una gran victoria en Lepanto (1571) con la Liga Santa. En el Atlántico, los ingleses atacaban las colonias, y Felipe II organizó la Armada Invencible (1588) contra Inglaterra, que terminó en derrota, marcando el inicio del declive del Imperio español.

Los Austrias del siglo XVII: política interior y exterior

En el siglo XVII, los Austrias Menores gobernaron durante un periodo de decadencia. Surgieron los validos, nobles con gran poder e influencia sobre el rey. Los de Felipe III fueron el duque de Lerma y el duque de Uceda. Felipe IV confió en el conde‑duque de Olivares, quien impulsó la Unión de Armas, que pretendía que todos los territorios contribuyeran a las guerras. Su rechazo por Cataluña y Portugal provocó la crisis de 1640, con el Corpus de Sangre en Barcelona que derivó en una guerra civil y en la alianza catalana con Luis XIII de Francia. El conflicto terminó en 1652 con la recuperación de Cataluña por Felipe IV. En Portugal, el duque de Braganza fue proclamado Juan IV, comenzando la guerra que acabó en su independencia.

En política exterior, Felipe III firmó con los Países Bajos la Tregua de los Doce Años (1609‑1621). La Guerra de los Treinta Años (1618‑1648) enfrentó al emperador católico Habsburgo y a los príncipes protestantes, con apoyo de España al primero. Francia hostigó a España, mientras Inglaterra atacaba barcos y costas americanas. La Paz de Westfalia (1648) puso fin al conflicto con la derrota de los Habsburgo y el reconocimiento de la independencia de Holanda. La guerra con Francia continuó hasta la Paz de los Pirineos (1659), que supuso la pérdida de la hegemonía española en Europa, mientras Francia e Inglaterra aumentaban su poder.

A Felipe IV lo sucedió Carlos II, que subió al trono siendo niño y permaneció tres años bajo la regencia de su madre Mariana de Austria, que delegó en su valido, el padre Nithard. La consanguinidad de los Austrias provocó la minusvalía del rey. Sus últimos años estuvieron marcados por el problema sucesorio, ya que no tuvo descendencia. Los aspirantes al trono fueron el archiduque Carlos (hijo del emperador alemán) y Felipe, duque de Anjou (nieto de Luis XIV). En su testamento, Carlos II designó heredero a Felipe de Anjou, cuya proclamación en 1700 provocó la Guerra de Sucesión.

Sociedad, economía y cultura de los siglos XVI y XVII

El siglo XVI fue una etapa de crecimiento demográfico y económico. Se amplió la superficie cultivada y predominó la ganadería lanar de la Mesta. En las ciudades surgió una burguesía comercial y florecieron ferias como las de Medina del Campo. El comercio con América se organizó desde la Casa de Contratación de Sevilla. La mayoría de la población era campesina, aunque en las ciudades convivían burgueses y marginados. La nobleza y el clero, con grandes señoríos, gozaban de privilegios políticos y fiscales. El siglo terminó con crisis estructurales e inflación.

En la cultura, destacó la espiritualidad mística con Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. En literatura sobresalieron Garcilaso de la Vega y El Lazarillo de Tormes, origen de la novela picaresca. En arquitectura destacaron el monasterio de El Escorial, el palacio de Carlos V y el plateresco salmantino. En pintura brillaron El Greco y Sofonisba Anguissola.

El siglo XVII fue un periodo de crisis económica, demográfica y social durante los Austrias Menores. La producción agraria y la industria textil castellana decayeron, agravadas por la peste, las crisis de subsistencia y la expulsión de los moriscos (1609). El comercio se vio afectado por las guerras y la competencia de Inglaterra y Holanda. Los impuestos aumentaron, hubo bancarrotas y menos metales de América. La mayoría de la población seguía siendo rural; se extendió el bandolerismo en Cataluña y Andalucía, y en las ciudades aumentaron mendigos y pícaros. Hubo motines por los impuestos y el precio de los alimentos.

En la cultura se vivió el Siglo de Oro, con un gran esplendor artístico y literario. En teatro destacaron Lope de Vega, Tirso de Molina y Calderón de la Barca; en narrativa, Cervantes con El Quijote y la continuación de la novela picaresca con El Buscón de Quevedo. En poesía brillaron Quevedo y Góngora, y en pintura, Ribera, Murillo, Zurbarán y Velázquez.

La Guerra de Sucesión. La Paz de Utrecht. Los Pactos de Familia

La guerra estalló tras la muerte sin descendencia de Carlos II, que nombró sucesor a Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV, proclamado Felipe V (1701). Europa rechazó la hegemonía francesa y formó la Gran Alianza (Inglaterra, Holanda, Imperio Austriaco, Portugal y Saboya) que defendieron como rey de España al archiduque Carlos de Austria. El conflicto se extendió por Flandes, Italia y las costas españolas, donde estalló una guerra civil, ya que Aragón apoyó al bando austriaco. La victoria borbónica permitió a Felipe V suprimir los fueros de Aragón con los Decretos de Nueva Planta.

La Paz de Utrecht (1713) reconoció a Felipe V como rey, pero España perdió Flandes, Nápoles, Milán y Cerdeña (para Austria) y Sicilia (para Saboya). Inglaterra fue la gran beneficiada: obtuvo Gibraltar, Menorca y privilegios comerciales en América (tráfico de esclavos y navío de permiso). El tratado garantizó el equilibrio continental y el respeto a las fronteras.

España, centrada en defender sus intereses frente a Inglaterra, firmó con Francia los Pactos de Familia para recuperar Gibraltar, Menorca y territorios italianos. Fueron varios acuerdos dinásticos entre Borbones que condicionaron la política exterior española durante el siglo XVIII. Más tarde, en la Guerra de Independencia de EE. UU., España y Francia apoyaron a los colonos, y en la Paz de Versalles (1783) Inglaterra reconoció la independencia de las Trece colonias y España recuperó Florida y Menorca, aunque no Gibraltar.

La nueva monarquía borbónica: Decretos de Nueva Planta, modelos de Estado y alcance de las reformas

Con la llegada de los Borbones en el siglo XVIII, España adoptó un modelo de Estado centralizado y absolutista. Tras la Guerra de Sucesión (1701‑1713) y la victoria de Felipe V, se impusieron los Decretos de Nueva Planta (1707‑1716), que suprimieron las leyes e instituciones de la Corona de Aragón, unificando la administración bajo las leyes de Castilla (solo Navarra mantuvo sus fueros).

Se introdujeron instituciones inspiradas en Francia: división del territorio en provincias con capitanías generales, creación del cargo de intendente y de las Secretarías de Estado en sustitución de los antiguos Consejos. Además, se reforzó la autoridad real frente a la Iglesia (regalismo), culminando con la expulsión de los jesuitas por Carlos III. Otras reformas incluyeron la Ley Sálica (que prohibía reinar a las mujeres), la modernización del ejército y la marina, y la implantación del servicio militar obligatorio. El objetivo fue modernizar y fortalecer el Estado, aunque los resultados fueron limitados.

Las Reformas Borbónicas en los virreinatos americanos

Las Reformas Borbónicas del siglo XVIII buscaron modernizar y reforzar el control de España sobre América. Se crearon intendencias, se aumentaron los impuestos y se liberalizó el comercio, fomentando la economía y el ejército. También se impulsó la educación y se limitó el poder religioso con la expulsión de los jesuitas. Aunque mejoraron la administración, generaron descontento y prepararon el camino para la independencia.

Sociedad, economía y cultura del siglo XVIII

En el siglo XVIII hubo reformas económicas y crecimiento demográfico. En agricultura, ministros ilustrados como Campomanes, Olavide y Jovellanos impulsaron nuevas tierras, cultivos y la colonización de Sierra Morena, aunque la Ley Agraria de Jovellanos tuvo poco efecto. En industria, se fomentó el proteccionismo y las Reales Fábricas: el llamado Decreto de honradez de los oficios limitó a los gremios. El libre comercio y la mejora de comunicaciones favorecieron el desarrollo, sobre todo en Cataluña. El Catastro de Ensenada buscó una reforma fiscal frustrada por los privilegiados.

La Ilustración promovió la creación de academias, bibliotecas y sociedades económicas, y destacaron Feijoo, Samaniego, Moratín, Goya y Ventura Rodríguez. Con Carlos III se aplicó el despotismo ilustrado, reforzando el poder real y promoviendo reformas con ministros como Esquilache, cuyo motín marcó su gobierno. Pese a los avances, hubo resistencia de la nobleza y de la Iglesia. La sociedad seguía siendo jerárquica, con nobleza y clero privilegiados y pocos cambios en igualdad o movilidad social.

Isabel II: las regencias, guerras carlistas, grupos políticos y constituciones (1833‑1843)

El periodo de regencias se desarrolla entre 1833 y 1843, ya que Isabel II tenía sólo tres años cuando murió su padre Fernando VII. La regencia fue asumida por su madre, María Cristina (1833‑1840), quien tuvo que enfrentarse a la Primera Guerra Carlista (1833‑1840). El conflicto estalló por las pretensiones al trono de Carlos María Isidro, que no aceptó la anulación de la Ley Sálica. Además de dinástico, el conflicto fue ideológico: los carlistas defendían el Antiguo Régimen y el lema “Dios, Patria, Fueros y Rey”, frente al liberalismo.

Los principales focos del conflicto se situaron en País Vasco, Navarra, Aragón y Cataluña. El carlismo contó con el apoyo de terratenientes, campesinos y clero rural, mientras que el bando isabelino fue respaldado por la burguesía, el proletariado industrial y los intelectuales urbanos, especialmente en las capitales industriales vascas. Los líderes carlistas fueron Zumalacárregui en el Norte y Cabrera en Aragón y Cataluña. Aunque Carlos avanzó hasta Madrid, no logró tomar la ciudad. La guerra finalizó en 1839 con el Convenio de Vergara, firmado por Maroto y el general isabelino Espartero, que reconocía a Isabel II como reina, mantenía los fueros vascos y navarros e integraba a los oficiales carlistas en el ejército.

Durante la regencia se inició la transformación del Estado. El primer gobierno fue el de Cea Bermúdez, que decretó la amnistía para los liberales. Le siguió Martínez de la Rosa, liberal moderado, que impulsó el Estatuto Real de 1834, una carta otorgada que no reconocía la soberanía nacional y otorgaba amplios poderes al rey. Establecía Cortes bicamerales con una Cámara de Próceres designada por la Corona y una Cámara de Procuradores elegida mediante sufragio censitario muy restringido.

El descontento llevó al nombramiento del progresista Mendizábal, quien aprobó la desamortización de los bienes eclesiásticos, lo que provocó el rechazo de los sectores conservadores y la ruptura con el Vaticano. Tras su sustitución por Istúriz, más moderado, estalló el pronunciamiento de los Sargentos de La Granja, que obligó a restablecer la Constitución de 1812 y a formar un gobierno presidido por José María Calatrava, encargado de elaborar la Constitución de 1837. Esta reconocía la soberanía nacional pero mantenía amplias atribuciones al rey, como el derecho de veto y la disolución de las Cortes.

En 1840, María Cristina renunció a la regencia, iniciándose la regencia del general Espartero (1840‑1843). Gobernó de forma autoritaria, reprimió a los moderados y ordenó el bombardeo de Barcelona desde Montjuïc para sofocar protestas contra un tratado comercial con Inglaterra. La oposición culminó con un pronunciamiento liderado por Narváez, que puso fin a su regencia.

Isabel II: reinado efectivo. Grupos políticos y constituciones (1843‑1868)

El reinado efectivo de Isabel II se extendió de 1843 a 1868. Comenzó con la Década Moderada (1843‑1853), dirigida por Narváez, caracterizada por el centralismo y el control del orden público. Se creó un nuevo Código Penal, se fundó la Guardia Civil y se promulgó la Constitución de 1845, que establecía la soberanía compartida entre rey y Cortes, un Senado vitalicio nombrado por el monarca, sufragio censitario muy restringido, limitación de derechos y la confesionalidad católica del Estado. Se restablecieron las relaciones con la Iglesia mediante el Concordato de 1851, que aceptaba la desamortización ya realizada y comprometía al Estado a mantener el culto y el clero.

El cierre del sistema político llevó al pronunciamiento de Vicálvaro (1854), liderado por O'Donnell, cuyas propuestas se recogieron en el Manifiesto de Manzanares, redactado por Antonio Cánovas del Castillo. Se inició así el Bienio Progresista (1854‑1856), presidido por Espartero. Se elaboró la Constitución de 1856 (non nata), se aprobó la Ley de Desamortización General de Madoz (1855) y la Ley de Ferrocarriles, que estableció una red radial con centro en Madrid y atrajo capital extranjero.

El gobierno progresista fue debilitado por la oposición de la derecha y la izquierda. Surgió el Partido Demócrata, defensor del sufragio universal, y los conflictos sociales provocaron la dimisión de Espartero en 1858. Entre 1856 y 1868 se sucedieron gobiernos moderados de Narváez y de la Unión Liberal, fundada por O'Donnell. Se restableció la Constitución de 1845 y se frenó la desamortización. Desde 1860, una grave crisis económica y política aumentó el paro y el desprestigio de la monarquía. Destacó la represión de protestas como la Noche de San Daniel, en la que murieron estudiantes en Madrid.

Ante la imposibilidad de acceder al poder por vías legales, en 1866 se firmó el Pacto de Ostende para acabar con el reinado isabelino, con la participación de progresistas liderados por Prim, demócratas, republicanos y la Unión Liberal dirigida por Serrano tras la muerte de O'Donnell. El 18 de septiembre de 1868 estalló la Revolución Gloriosa en Cádiz con el pronunciamiento de Topete. Tras la derrota de las tropas isabelinas en el puente de Alcolea, Isabel II se exilió y comenzó el Sexenio Democrático.

El Sexenio Democrático (1868‑1874)

Se denomina Sexenio Democrático al periodo comprendido entre 1868 y 1874, desde el derrocamiento de Isabel II tras la Revolución Gloriosa hasta la restauración borbónica con Alfonso XII. Fue una etapa de gran inestabilidad política, marcada por la división de las fuerzas revolucionarias y por conflictos como el rebrote del carlismo, el cantonalismo, la guerra de Cuba y el desarrollo del movimiento obrero.

Las fases del Sexenio Democrático fueron las siguientes:

1. Gobierno provisional de Serrano (septiembre de 1868 – enero de 1871): La Revolución Gloriosa de septiembre de 1868 fue dirigida por Topete, Prim y el general Serrano, quien derrotó a las tropas leales a Isabel II en el puente de Alcolea, obligando a la reina a exiliarse. Tras la victoria revolucionaria se formó un Gobierno Provisional presidido por Serrano e integrado por militares como Prim y Topete y civiles como Sagasta y Ruiz Zorrilla. El principal objetivo del gobierno fue convocar elecciones por sufragio universal masculino, lo que permitió la formación de Cortes Constituyentes encargadas de redactar la Constitución de 1869. Esta fue la más democrática del siglo XIX español: reconocía amplios derechos y libertades (libertad de cultos, de expresión y de asociación), otorgaba un papel central a las Cortes y establecía una monarquía democrática. Serrano asumió la regencia mientras se buscaba un nuevo rey. Durante esta etapa el gobierno tuvo que enfrentarse al inicio de la guerra de Cuba (1868), al crecimiento del movimiento obrero y a la oposición de carlistas, republicanos y alfonsinos. Finalmente se eligió como rey a Amadeo de Saboya, hijo del rey italiano Víctor Manuel II, apoyado especialmente por el general Prim.

2. Reinado de Amadeo de Saboya (1871 – febrero de 1873): Amadeo I llegó a España poco después del asesinato de Prim, su principal apoyo político, lo que debilitó gravemente a la monarquía desde el inicio. Su reinado estuvo marcado por una continua inestabilidad política: en apenas dos años se sucedieron seis gobiernos distintos. El monarca se enfrentó a la hostilidad de la aristocracia, que lo rechazaba por ser extranjero, a la oposición de republicanos y alfonsinos, y al estallido de la Tercera Guerra Carlista. La falta de apoyos, la división política y la incapacidad para garantizar la estabilidad llevaron a Amadeo I a abdicar en enero de 1873.

3. Primera República (febrero de 1873 – enero de 1874): Tras la abdicación de Amadeo I se proclamó la Primera República, que tuvo una duración muy breve y estuvo caracterizada por la inestabilidad. En menos de un año se sucedieron cuatro presidentes: Figueras, Pi i Margall, Salmerón y Castelar. Uno de los principales problemas fue la división entre republicanos unitarios y federales. Pi i Margall impulsó un proyecto de Constitución federal, que establecía 17 estados, incluido Cuba, aunque nunca llegó a aprobarse. El periodo estuvo marcado por una fuerte conflictividad social, huelgas y ocupaciones de tierras, y por el movimiento cantonalista, que defendía la creación de cantones autónomos desde abajo. Destacó la resistencia del cantón de Cartagena.

La imagen de desorden llevó a un mayor protagonismo del ejército. Tras la destitución de Pi i Margall, Salmerón dimitió por negarse a firmar penas de muerte y Castelar gobernó de forma autoritaria para restablecer el orden. Finalmente, el golpe de Estado del general Pavía en enero de 1874 disolvió las Cortes y puso fin a la República.

4. Segundo gobierno provisional de Serrano. Hacia la Restauración (enero – diciembre de 1874): Tras el golpe de Pavía se estableció un nuevo gobierno presidido por Serrano, que actuó como etapa de transición entre el fracaso republicano y la Restauración borbónica. La inestabilidad del Sexenio favoreció el apoyo al proyecto político de Cánovas del Castillo, que defendía el regreso de los Borbones. Desde el exilio, Alfonso XII publicó el Manifiesto de Sandhurst, en el que se presentaba como garante del orden y del liberalismo moderado. Finalmente, el pronunciamiento del general Martínez Campos en 1874 puso fin al Sexenio Democrático y restauró la monarquía borbónica.

El sistema canovista: Constitución de 1876, turno de partidos y oposición al sistema

La Restauración borbónica supuso el regreso de los Borbones al trono español tras el fracaso del Sexenio Democrático. Isabel II abdicó en su hijo Alfonso en 1870, y el golpe de Estado del general Martínez Campos en Sagunto (diciembre de 1874) puso fin al gobierno de Serrano, iniciándose el reinado de Alfonso XII en enero de 1875. El principal artífice del nuevo sistema político fue Antonio Cánovas del Castillo, que impulsó el regreso del monarca y colaboró en la redacción del Manifiesto de Sandhurst.

Los primeros años de la Restauración se caracterizaron por la estabilidad: se puso fin a la Tercera Guerra Carlista en 1876 y se frenó el conflicto cubano con la Paz de Zanjón (1878), lo que valió al rey el sobrenombre de el Pacificador. El sistema político implantado fue el sistema canovista, basado en tres pilares: la Constitución de 1876, el bipartidismo y el caciquismo.

La Constitución de 1876, aprobada por Cortes Constituyentes elegidas por sufragio universal masculino, establecía la soberanía compartida entre el rey y las Cortes, reforzando el poder de la Corona frente a la Constitución de 1869. Las Cortes eran bicamerales, con un Congreso elegido por sufragio y un Senado formado por senadores de derecho propio, vitalicios nombrados por el rey y senadores elegidos por sufragio censitario. El rey concentraba amplias atribuciones: poseía el poder ejecutivo, nombraba a los ministros, era mando supremo del ejército, compartía el poder legislativo con las Cortes, tenía derecho de veto y podía convocar, suspender o disolver las Cortes. Aunque la Constitución reconocía derechos y libertades, en la práctica fueron limitados. Se restableció la confesionalidad católica del Estado.

El turno de partidos garantizaba la alternancia pacífica en el poder entre dos grandes partidos: el Partido Conservador, liderado por Cánovas del Castillo, y el Partido Liberal, dirigido por Práxedes Mateo Sagasta. El cambio de gobierno no dependía del resultado electoral, sino del acuerdo entre partidos y de la intervención de la Corona. El sistema se apoyaba en el caciquismo y el fraude electoral o pucherazo, mediante el encasillado y el control de los distritos por caciques locales. El turno se mantuvo durante el reinado de Alfonso XII y, tras su muerte, se aseguró mediante el Pacto de El Pardo (1885), que permitió la continuidad del sistema durante la regencia de María Cristina hasta 1902, cuando Alfonso XIII alcanzó la mayoría de edad.

La oposición al sistema estuvo representada por los carlistas, los republicanos, el movimiento obrero y los nacionalismos periféricos. Los carlistas, convertidos en partido político tras la derrota de 1876, tuvieron fuerza en País Vasco y Navarra. Los republicanos, divididos en varias corrientes, rechazaban la monarquía y defendían el anticlericalismo, con líderes como Pi i Margall, Salmerón y Castelar.

El movimiento obrero se organizó en torno al anarquismo y al socialismo. Los anarquistas, mayoritarios, se agruparon en la FTRE, liderada por Anselmo Lorenzo, y algunos recurrieron a la violencia, protagonizando atentados como la Bomba del Liceo y el asesinato de Cánovas del Castillo. El socialismo se articuló en el PSOE, fundado por Pablo Iglesias en 1879, y la UGT, creada en 1888.

Los nacionalismos se desarrollaron especialmente en Cataluña y el País Vasco, aunque también existieron manifestaciones más débiles en Galicia y Valencia. En Cataluña destacó inicialmente la Renaixença, un movimiento cultural, literario y apolítico basado en la recuperación de la lengua catalana. A finales del reinado de Alfonso XII evolucionó hacia un movimiento político que defendía el autogobierno y representaba los intereses de la burguesía catalana. El primer partido fue la Unión Catalanista, fundada por Enric Prat de la Riba, que elaboró el primer programa nacionalista catalán, las Bases de Manresa, donde se defendía el autogobierno de Cataluña dentro del Estado español. A comienzos del siglo XX se fundó la Lliga Regionalista, partido conservador liderado por Francesc Cambó.

En el País Vasco, la derrota en la Tercera Guerra Carlista y la abolición de los fueros en 1876 favorecieron el desarrollo del nacionalismo vasco. A finales del siglo XIX Sabino Arana fundó el PNV, que defendía la existencia de una raza vasca, el catolicismo, los fueros tradicionales y la independencia política como vía para preservar la identidad vasca frente a la modernidad y la inmigración. El nacionalismo vasco tuvo un importante apoyo social en la burguesía vizcaína, enriquecida por la industrialización. En Galicia y Valencia, el nacionalismo tuvo un menor desarrollo y quedó más limitado al ámbito cultural.

Las guerras de Cuba, el conflicto con Estados Unidos y la crisis de 1898

Tras la independencia de la mayor parte del imperio americano, España conservó Cuba, Puerto Rico y Filipinas. La política colonial se basó en mantener la soberanía sin atender las demandas de autonomía. En 1868 se inició la Guerra Larga de Cuba (1868‑1878), tras el Manifiesto de Céspedes, en el que los rebeldes reclamaban la abolición de la esclavitud. El conflicto finalizó con la Paz de Zanjón (1878), firmada por Martínez Campos, aunque las reformas fueron insuficientes.

El conflicto se reanudó en 1895, durante la regencia de María Cristina, con el grito de Baire, liderado por José Martí, que murió en combate. La insurrección continuó bajo Máximo Gómez y Antonio Maceo. El ejército español sufrió grandes pérdidas, especialmente por enfermedades como la fiebre amarilla. Ante la negativa de Martínez Campos a aplicar una represión extrema, fue sustituido por el general Valeriano Weyler, que implantó campos de concentración, agravando la situación y la condena internacional. La guerra se extendió a Filipinas en 1896, donde los independentistas liderados por José Rizal se sublevaron contra España, siendo este ejecutado. El conflicto cubano se internacionalizó con la intervención de los Estados Unidos.

La explosión del acorazado Maine en el puerto de La Habana sirvió de pretexto para la declaración de guerra a España en mayo de 1898. España fue derrotada rápidamente y en diciembre de 1898 se firmó la Paz de París, por la que España renunciaba a Cuba y cedía Puerto Rico y Filipinas a Estados Unidos. Posteriormente se vendieron los archipiélagos de las Carolinas, Marianas y Palaos. La crisis o Desastre del 98 supuso una profunda conmoción nacional y la toma de conciencia de la debilidad económica, política y militar del Estado español. Gran parte del ejército interpretó la derrota como una humillación nacional, lo que incrementó su protagonismo político en los años posteriores y favoreció el interés por el norte de África como nuevo espacio de expansión colonial.

En el plano cultural surgió la llamada Generación del 98, integrada por intelectuales y escritores como Unamuno, Azorín y Pío Baroja, que expresaron en sus obras un profundo pesimismo y desengaño ante la realidad española. En el ámbito político se desarrolló el regeneracionismo, corriente crítica con el sistema de la Restauración que defendía la necesidad de reformas profundas para modernizar el país. Uno de sus principales representantes fue Joaquín Costa, que propuso como objetivos prioritarios las reformas económicas para aumentar la producción y mejorar la situación del campesinado, y las reformas educativas destinadas a combatir el analfabetismo y el atraso cultural de la sociedad española.