Inalienabilidad e Imprescriptibilidad del dominio público: principios y consecuencias legales

Principio de inalienabilidad del dominio público

Principio de Inalienabilidad: Esta característica resulta de su afectación al dominio público y esta inalienabilidad dura mientras dure la afectación. Es decir, que la inalienabilidad y la afectación son conceptos interdependientes.

La inalienabilidad es una nota característica del dominio público, pero no es exclusiva, ya que pueden haber bienes del dominio privado que sean inalienables. Mediante la inalienabilidad se trata de proteger los bienes dominiales, especialmente para generaciones futuras. Debido a esta, la venta de un bien del dominio público resulta un acto inexistente. El Estado, para disponer de su bien, debe primero desafectarlo; en consecuencia, los bienes de dominio público están fuera del comercio. Tampoco pueden afectarse por otro tipo de actos o contratos del derecho civil, pero sí por actos del derecho público.

La inalienabilidad no surge de un texto único de la ley, sino del juego armónico de varios artículos del código civil que se refieren al objeto de los actos jurídicos: deben ser cosas que estén en el comercio. Si la cosa está fuera del comercio, el derecho de propiedad se extingue de manera absoluta.

Consecuencias del principio de inalienabilidad

1. No pueden ser objetos de actos que impliquen transferencia de dominio.
2. Inembargabilidad. Los bienes del dominio público no se pueden embargar. Si bien el embargo no presupone desapoderamiento ni enajenación, sí es una medida de seguridad que busca que el titular pueda disponer de la cosa.
3. No pueden hipotecarse ni ser objeto de servidumbre. Tampoco se pueden establecer usufructos ni derechos reales perpetuos o temporarios.

Principio de imprescriptibilidad

Principio de imprescriptibilidad: Es la defensa de la integridad del patrimonio público frente a las usurpaciones de particulares que, con el transcurso del tiempo, tratan de conseguir el dominio de los mismos. Este principio busca conservar la integridad del patrimonio siempre y cuando estos bienes estén afectados al uso público. De lo contrario, pasan a formar parte de los bienes privados del Estado, los cuales pueden ser objeto de prescripción.

También la aplicación de este principio se realiza de manera coordinada con varios artículos del código civil. Los bienes de dominio público se encuentran exentos de imposición, ya que es el Estado el que debe cobrar y pagar.