Inaplicación de Prohibiciones en la Ley de Defensa de la Competencia: Excepciones y Regímenes Especiales

Derecho4,84 KB

Supuestos de Inaplicación de las Prohibiciones

Las prohibiciones contenidas en los artículos 1 y 2 de la LDC no revisten un carácter absoluto. Así, existen diversas hipótesis legalmente previstas en las que estas no son objeto de aplicación.

1. Conductas Exentas por Ley

En primer lugar, la prohibición no se aplica a aquellas conductas que, a pesar de contener elementos o producir efectos anticompetitivos, resulten autorizadas por una ley. No obstante, ello no impide que esas mismas conductas, incluso autorizadas por una ley, puedan ser objeto de enjuiciamiento y, en su caso, de sanción, a la luz del Derecho comunitario de la defensa de la competencia.

2. Conductas de Menor Importancia

En segundo lugar, las prohibiciones de la LDC no se aplicarán a aquellas conductas que, por su escasa trascendencia o importancia, «no sean capaces de afectar de manera significativa a la competencia». Se entenderán por «menor importancia» (y, por tanto, no habrá lugar a un enjuiciamiento antitrust) aquellos acuerdos entre empresas competidoras —los denominados «acuerdos horizontales»— cuya cuota de mercado conjunta no exceda del 10% de los mercados relevantes afectados. Sin embargo, existen ciertas conductas excluidas de la noción de menor importancia, cualquiera que sea la cuota de mercado de las empresas partícipes. En concreto, se trata de aquellos acuerdos o conductas entre empresas competidoras que tengan por objeto la fijación de precios de venta, la limitación de la producción o las ventas, el reparto de mercados. Asimismo, tratándose de empresas no competidoras, se excluyen aquellas conductas que tengan por objeto el establecimiento de un precio de reventa fijo o mínimo al que haya de ajustarse el comprador, la restricción de las denominadas «ventas activas» o «pasivas» a los usuarios finales por parte de los miembros de una red de distribución selectiva, o el establecimiento de cláusulas de no competencia cuya duración exceda de 5 años.

3. Conductas Prohibidas Autorizadas o Autorizables

La legislación española reconoce que, junto a las conductas colusorias perniciosas, existen otras que, aunque pudieran producir ciertos efectos o consecuencias restrictivas de la competencia, pueden, no obstante, ser toleradas y admitidas. Esto ocurre bien porque se entiende que producen otros efectos más beneficiosos sobre los consumidores, o bien porque así lo exijan razones de interés público. Tradicionalmente, las autorizaciones se basaban en la solicitud individual de los interesados a las autoridades de la competencia. Sin embargo, esta cuestión ha sufrido modificaciones muy relevantes con la LDC, con el objetivo de adecuarla a la situación existente en el Derecho comunitario.

En efecto, se ha transitado de un sistema de autorización individual y previa por parte de los órganos de defensa de la competencia a un sistema de autorización automática, sin necesidad de decisión previa, cuando los acuerdos, decisiones, recomendaciones y prácticas cumplan una serie de requisitos:

  • Que permitan a los usuarios o consumidores participar de forma equitativa de las ventajas de ese acuerdo.
  • Que no impongan a las empresas interesadas restricciones que no sean indispensables.
  • Que no consientan a las empresas partícipes la posibilidad de eliminar la competencia respecto de una parte sustancial de los productos o servicios contemplados.

Serán los propios interesados quienes deberán valorar si su acuerdo o práctica cumple los requisitos mencionados. En consecuencia, puede afirmarse que, en la actualidad, todos aquellos acuerdos y recomendaciones que se ajusten a lo establecido en los reglamentos comunitarios se considerarán autorizados y válidos. Existe la posibilidad de que la CNMC pueda declarar de oficio la «inaplicabilidad» de la prohibición de las conductas colusorias contenida en el artículo 1, o incluso respecto de la prohibición del abuso de dominio del artículo 2, a un acuerdo, decisión o práctica «cuando así lo requiera el interés público».

Descargar

PDF Word HTML