Inmunidad del Estado y subjetividad internacional: Guía completa de Derecho Internacional Público

La inmunidad del Estado

El principio de la soberanía territorial y de la independencia protege los intereses del Estado territorial de legislar, juzgar y decidir las relaciones que se desarrollan en el ámbito de su competencia. Para armonizar estos intereses contrapuestos se ha desarrollado en el orden jurídico internacional la regla general o principio conocido con el nombre de inmunidad del Estado o inmunidad soberana, en virtud del cual los Estados no están sometidos a los tribunales u órganos administrativos de otro Estado.

La inmunidad es un derecho que tiene alguien frente a otro que no puede ejercer su poder. Presenta dos modalidades:

• Inmunidad de jurisdicción: en virtud de la cual un Estado extranjero no puede ser demandado ni sometido a juicio ante los tribunales de otros Estados.
• Inmunidad de ejecución: en virtud de la cual un Estado extranjero y sus bienes no pueden ser objeto de medidas de ejecución, o de aplicación de las decisiones judiciales y administrativas, por los órganos del Estado territorial.

La inmunidad del Estado no es absoluta, dado que puede ser objeto de renuncia y tiene límites según la naturaleza del asunto. La inmunidad existe únicamente respecto a la jurisdicción de los órganos judiciales y administrativos del Estado territorial.

2. El fundamento de la inmunidad del Estado

Elementos esenciales del principio de la inmunidad: la plenitud de la soberanía de los Estados, por un lado, y la limitación que la propia soberanía representa la soberanía de los demás. El principio se basa en la igualdad soberana de los Estados y se expresa en la máxima par in parem non habet imperium.

La inmunidad de jurisdicción puede considerarse como una consecuencia del principio de la soberanía que tiene el Estado que la invoca. Es un derecho que posee cualquier Estado y una limitación que los demás Estados tienen en su facultad para dictar las normas que determinan la jurisdicción de sus tribunales o las competencias de sus órganos administrativos.

El Tribunal Constitucional español concibe la inmunidad soberana como una limitación establecida por el Derecho internacional a la amplia libertad que poseen los Estados para ejercer su potestad jurisdiccional. Debe tenerse presente que la inmunidad del Estado no radica ni en la renuncia voluntaria del Estado territorial, ni en la regla de cortesía internacional, ni tampoco en ninguna extraterritorialidad, sino que dicho fundamento se encuentra en la regla general de Derecho internacional público de carácter consuetudinario.

3. El alcance de la inmunidad de jurisdicción

a) Doctrina de la inmunidad absoluta

La concepción amplia de la inmunidad del Estado, según la cual los Estados extranjeros no pueden ser demandados ni sometidos a la jurisdicción de los tribunales de un determinado país, incluso si se trata de asuntos civiles o mercantiles. Los tribunales ingleses y americanos han ido matizando la doctrina de la inmunidad absoluta, admitiendo numerosas excepciones.

b) Doctrina de la inmunidad restringida

La razón de reconocer la inmunidad a los actos públicos de los Estados se encuentra en la protección del interés de los nacionales que realizan operaciones comerciales o de naturaleza privada con Estados u organismos estatales extranjeros. Los comerciantes podían encontrarse con la imposibilidad de presentar reclamaciones y solicitar justicia ante sus propios tribunales si los Estados extranjeros pudieran ampararse en el principio de inmunidad en litigios de naturaleza puramente comercial o privada.

c) La distinción entre actos iure imperii y actos iure gestionis

La doctrina de la inmunidad restringida se ha desarrollado partiendo de la consideración de que las actividades del Estado pueden dividirse en un esquema dualista. En unos casos se distingue entre actividades públicas y actividades privadas del Estado; en otros, las actividades se califican como comerciales y no comerciales. La distinción más generalizada consiste en considerar que gozan de inmunidad los actos realizados por el Estado en el ejercicio de su soberanía, llamados acta iure imperii, y no pueden ampararse en la inmunidad los actos propios de las actividades de gestión o administración, llamados acta iure gestionis.

El problema más difícil que se plantea en la aplicación de la doctrina de la inmunidad restringida radica en que no existe un criterio válido universalmente para determinar si cierto acto o actividad de un Estado es un acto iure imperii o un acto iure gestionis.

d) Referencia a la práctica española

Uno de los problemas que plantea la valoración de la práctica estatal relativa a la inmunidad es que un Estado puede en ocasiones desempeñar un papel activo cuando, a través de sus tribunales, concede o niega la inmunidad a otros Estados. Cuando el Estado español ha sido demandado ante tribunales extranjeros, ha pretendido ampararse, haciendo uso de una estrategia procesal lógica, en la concepción absoluta de la inmunidad de jurisdicción, mientras que se han inspirado en la concepción restringida cuando ciudadanos españoles han presentado reclamaciones contra Estados extranjeros. En el plano legislativo, España tampoco ha elaborado una ley específica sobre la inmunidad de los Estados extranjeros.

En la medida en que la inmunidad de jurisdicción impide que los tribunales puedan conocer de las demandas presentadas contra un Estado extranjero, se ha planteado la cuestión de si los particulares pueden presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional basado en el derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos. El Tribunal Constitucional ha tenido que pronunciarse reiteradamente en varios recursos de amparo de ciudadanos españoles que han visto cómo sus reclamaciones ante los tribunales españoles no podían prosperar por la alegación de la inmunidad de jurisdicción o de ejecución del Estado demandado. La doctrina ha destacado, con carácter general, que lo más importante es que se dejó a salvo un principio tan arraigado como el de la inmunidad de jurisdicción del Estado.

4. Órganos a los que se extiende la inmunidad

La inmunidad del Estado se extiende al Gobierno y a todos los órganos superiores de la administración estatal. Las inmunidades y privilegios de que gozan se rigen por las normas internas específicas, distintas de las que regulan la inmunidad del Estado en cuanto tal. La cuestión de la inmunidad de las entidades subestatales puede resolverse si se plantea desde la perspectiva de la naturaleza de los actos.

El intervencionismo del Estado en la vida económica ha propiciado la creación de entes, unos vinculados a la estructura del Estado y otros bajo la forma de empresas públicas, cuyas actividades, sustancialmente mercantiles, plantean el problema de hasta qué punto deben reconocérseles la inmunidad de jurisdicción.

5. Excepciones a la inmunidad de jurisdicción

Las dificultades que plantea la distinción entre actos iure imperii y actos iure gestionis han aconsejado abandonar la vía del recurso a un criterio de carácter general para centrarse en la solución particularista consistente en la determinación de en qué casos concretos debía concederse o negarse la inmunidad a un Estado extranjero. El enfoque opuesto consiste en afirmar el principio de la inmunidad de los Estados extranjeros como regla general y señalar las excepciones en las que dicha inmunidad no debería ser admitida. La Convención europea recoge las siguientes excepciones al principio general de la inmunidad del Estado:

• a) La sumisión voluntaria del Estado a la jurisdicción de los tribunales de otro. Un Estado que presente una demanda o intervenga en un procedimiento ante un tribunal mediante cualquier acto procesal, que no sea la impugnación de la jurisdicción, se entiende que se somete a la jurisdicción de dicho tribunal.
• b) La renuncia como medio formal de someterse a la jurisdicción de otro Estado.
• c) Las actividades de naturaleza comercial o mercantil realizadas por el Estado o por sus organismos.
• d) Los asuntos de naturaleza civil, laboral o referentes a inmuebles situados en el Estado del foro. Generalmente también se consideran excepciones a la inmunidad:
  • Obligaciones contractuales que deban ejecutarse en el territorio del Estado del foro.
  • Contratos de trabajo con personas físicas, siempre que el trabajo deba realizarse en el territorio del Estado del foro.
  • Participaciones sociales con personas privadas en sociedades y personas jurídicas con sede en el país del foro.
  • Patentes, marcas y derechos análogos registrados en el país del foro.
  • Derechos reales sobre inmuebles situados en el territorio del Estado del foro.
  • Derechos de carácter sucesorio y donaciones.
  • Reclamaciones por daños materiales y personales derivados de hechos ocurridos en el territorio del Estado del foro.
  • Compromisos de someterse a arbitraje en asuntos civiles o mercantiles.

6. La inmunidad de ejecución

La inmunidad del Estado se extiende a las medidas de ejecución sobre los bienes de los Estados extranjeros que se encuentran en el territorio de otro Estado. La práctica internacional distingue la inmunidad de jurisdicción, en el sentido de potestad de juzgar de los tribunales, de la inmunidad de ejecución, como ejercicio del poder de coerción del Estado. La inmunidad de ejecución no está reconocida en términos absolutos. En consecuencia, es evidente que los bienes de las representaciones diplomáticas, las oficinas consulares, los buques de guerra, etc., están excluidos de cualquier tipo de medida de ejecución.

La jurisdicción española respecto a la ejecución de sentencias españolas sobre bienes de Estados extranjeros refleja que la inmunidad de ejecución se asienta en una doble distinción:

• Son absolutamente inmunes a la ejecución los bienes de las misiones diplomáticas y consulares.
• Son inmunes a la ejecución los demás bienes de los Estados extranjeros que estén destinados a actividades iure imperii, pero no los destinados a actividades iure gestionis. Son inembargables tanto por el carácter físico e indivisible del saldo de una cuenta corriente, como por la imposibilidad de investigar las operaciones de los fondos y destinos de los mismos.

La personalidad internacional de otros sujetos

1. La subjetividad internacional de las organizaciones internacionales

Las organizaciones internacionales son sujetos internacionales que obedecen a la lógica de cooperación, motivada por el hecho de que los verdaderos problemas sociales pueden solucionarse difícilmente a escala estatal. Los Estados son los que las crean y deciden su desaparición. También son asociaciones voluntarias de Estados establecidas por acuerdo internacional, dotadas de órganos permanentes encargados de gestionar los intereses colectivos y capaces de expresar una voluntad jurídicamente distinta de la de sus miembros. De este modo pueden elaborar y manifestar una voluntad autónoma en los ámbitos en los que goza de competencias. Su personalidad va a estar afectada por el principio de la especialidad: se limita al logro de los objetivos y funciones que les fueron confiados, tal y como aparece enunciado en su tratado constitutivo.

2. Los pueblos

a) Derecho de los pueblos coloniales: El principio de autodeterminación supone para un pueblo colonial su derecho a ser consultado, a expresar libremente su opinión sobre cómo desea conformar su condición política y económica, y el derecho a convertirse en un Estado soberano e independiente. El contenido de la Declaración sobre la concesión de independencia a los países y a los pueblos coloniales establece lo siguiente:

• La sujeción de los pueblos a la subyugación, dominación y explotación extranjeras constituye una denegación de los derechos humanos fundamentales.
• Todos los pueblos tienen derecho de libre determinación; en virtud de este derecho, determinan libremente su condición política y su desarrollo económico, social y cultural.
• La falta de preparación en el orden político, económico, social o educativo no debería servir nunca de pretexto para retrasar la independencia.
• A fin de que los pueblos dependientes puedan ejercer pacífica y libremente su derecho a la independencia completa, debería cesar toda acción armada o toda medida represiva de cualquier índole dirigida contra ellos.
• En los territorios en fideicomiso y no autónomos y en los demás que no han logrado aún su independencia deberían tomarse inmediatamente medidas para traspasar todos los poderes a los pueblos de dichos territorios.
• Todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas.
• Todos los Estados deberían observar fiel y estrictamente las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de la presente Declaración sobre la base de la igualdad.

La Asamblea General precisó el concepto de pueblo colonial, considerando tal aquel que no ha alcanzado aún la plenitud del gobierno propio, pero se encuentra en progreso hacia su objetivo, y habita en un territorio que está separado geográficamente del país que lo administra y es distinto de éste en sus aspectos étnicos o culturales. La propia Declaración de principios contenida en la Resolución 2625 precisa que el territorio de una colonia u otro territorio autónomo tiene, en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, una condición jurídica distinta y separada de la del territorio del Estado que lo administra.

El derecho de autodeterminación es un verdadero derecho subjetivo del que son titulares los pueblos, y puede ser actuado a través de la resistencia armada frente a la opresión. Aunque en general resulta esencial en el ejercicio de este derecho la libre expresión de la voluntad del pueblo, existen situaciones coloniales en las que puede no resultar necesaria o procedente la consulta a la población del territorio por diversas circunstancias.

b) El derecho en su aplicación a situaciones no coloniales: Se presenta como un principio de valor universal que alcanza a los pueblos de cualquier Estado. El derecho internacional no avala bajo la invocación de tal principio un derecho de secesión, y en este sentido declara contrario a la Carta de las Naciones Unidas todo intento dirigido a quebrantar la unidad nacional y la integridad territorial de un país.

El principio de libre determinación opera en distintos planos, generando para los pueblos derechos de diverso signo. Los pueblos coloniales tienen derecho a solicitar y recibir apoyo, en su acción de resistencia, de terceros Estados y de organizaciones internacionales. En el terreno de los derechos humanos, se reconoce que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público, lo que se traduce en el derecho a participar en elecciones libres y periódicas. El consenso de los Estados ha propiciado la exaltación del derecho de los pueblos a la soberanía permanente sobre sus riquezas y recursos naturales.

3. El individuo y su controvertida subjetividad internacional

a) La cuestión de la subjetividad internacional del individuo en el terreno doctrinal: La doctrina iusinternacionalista discute si las personas privadas son o no sujetos del Derecho internacional. Para ser considerado sujeto del orden jurídico internacional se requiere la aptitud para hacer valer derechos ante instancias internacionales o para ser responsable en el plano internacional en caso de violación de la obligación. El individuo no puede ser reconocido como sujeto del Derecho internacional general. El Derecho internacional ha sufrido, a partir de principios del presente siglo, un proceso de humanización y de socialización progresivo, añadiendo a sus funciones la de velar por los intereses de los individuos y de los pueblos.

b) La protección de los derechos del individuo y la capacidad de este para acceder a las instancias internacionales:

• La existencia de normas jurídicas internacionales aplicables a los individuos: Los Estados han ido estableciendo diversas normas dirigidas a la protección de intereses individuales o de grupos. Podemos identificar entre dichas normas aquellas que protegen al individuo en su vida, en su trabajo, en su libertad, en su salud y moralidad. Este desarrollo normativo se ve coronado por un conjunto de normas cuyo objeto es la protección internacional de los derechos humanos.
• La capacidad de actuar del individuo ante órganos internacionales: Ante un ilícito internacional de un Estado en perjuicio de un individuo que no ostenta su nacionalidad, el perjudicado no puede entablar la acción o presentar la petición ante órganos internacionales contra su Estado. En la práctica internacional se registran casos diversos de concesión a los particulares de la posibilidad de acceder, en defensa de sus derechos, a órganos internacionales, algunos de carácter judicial y otros sin tal carácter. En la actualidad cabe aludir a la posibilidad que tienen las personas físicas y jurídicas de dirigirse al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas a través de varias vías procesales, entre las cuales hay que destacar el recurso dirigido a obtener la anulación de las acciones y otros actos de eficacia individual que les afecten directamente, y el recurso dirigido a exigir la responsabilidad extracontractual de las Comunidades Europeas. Los particulares tienen verdadero acceso directo al Tribunal Internacional de Justicia por cualquiera de las dos vías, contenciosa y consultiva. Dentro de las realizaciones actuales, debe aludirse a diversos mecanismos a través de la intervención de distintos órganos de las Naciones Unidas, como son la UNESCO y la OIT.

c) La vertiente pasiva de la subjetividad: la capacidad del individuo para verse atribuida responsabilidad en el plano internacional: No existe obstáculo para considerar al individuo como sujeto de una conducta que constituya en sí misma un acto internacional ilícito. Nada se opone a la posibilidad de una incriminación internacional del individuo por la comisión de ciertos actos delictivos que son contrarios a ciertas exigencias básicas de la convivencia internacional. El Derecho internacional suele limitarse a establecer en estos casos, por vía de tratado internacional, los tipos penales aparejados a tales transgresiones, asignando en los Estados la tarea de su punición. Solo en supuestos excepcionales el individuo puede verse exigida la responsabilidad internacional directa por actos que, por su gravedad, atentan contra ciertos intereses básicos de la comunidad internacional.