El juicio ordinario

Tales criterios se denominan fueros. Se distingue entre fueros legales y convencionales.

I) FUEROS LEGALES: son aquellos por los que se imponen el lugar en el que se tiene que resolver la controversia.

II) FUEROS CONVENCIONALES: Son aquellos en los que la Ley permite que quienes estén implicados en la controversia elijan ellugar donde litigar.

Si las partes pactan en el contrato dónde quieren dirimir sus controversias nos encontramos ante un fuero convencional expreso.

Conforme a lo previsto en los artículos 68 a 70 de la LEC, las normas de reparto son aprobadas cada año por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia. Quien las establecerá para sí, para las Audiencias Provinciales y para los partidos judiciales que estén en su territorio.

6. La competencia funcional

El proceso civil se desarrolla a lo largo de diferentes fases e instancias. Así, desde que se presenta la demanda hasta que se dicta sentencia habremos cubierto una fase (llamada declarativa). Pero esa sentencia hay que ejecutarla, para que se cumpla lo que en ella se dice, lo cual corresponde con otra fase (llamada de ejecución). Y esa misma sentencia es susceptible de ser recurrida, dando lugar a distintas instancias (segunda instancia o casación).

Las normas de competencia funcional (arts. 6i y 62 de la LEC) son las encargadas de establecer qué Tribunal es el competente para conocer de cada una de esas fases e instancias.

Las normas de competencia establecen que:

El órgano jurisdiccional que tiene competencia para conocer de un asunto, lo tiene también para resolver sobre sus incidencias, llevar a efecto las Providencias y Autos que dicte, y para ejecutar la sentencia que recaiga. También tiene competencia para conocer de los recursos contra Diligencias y Decretos del Secretario y contra Providencias y Autos no definitivos que dicte.

El órgano jurisdiccional superior tiene competencia para conocer del recurso de apelación contra los Autos definitivos y sentencias que dicte el órgano inferior.

Las Audiencias Provinciales solo conocen de asuntos en segunda instancia

El Tribunal Supremo (o los TSJ) tienen competencia para conocer del recurso de casación y por infracción de ley.

Todo Tribunal está obligado a rechazar de oficio cualquier escrito que le llegue si carece de competencia funcional. No serán admitidos a trámite los recursos dirigidos a un Tribunal que carezca de competencia funcional para conocer del mismo.

7. La declinatoria.:

Si el demandado (obsérvese que no se dice el demandante) considera que el Tribunal ante el que se presentó la demanda carece de jurisdicción o de competencia (objetiva o territorial) deberá presentar un escrito manifestándolo. Ese escrito recibe el nombre de declinatoria (arts 63-65 LEC). Po ejemplo: Juan, que es demandado por Pedro en relación con unas tierras que se encuentran en Tuineje (Fuerteventura), observa que: a) en el contrato firmado por ambos se decía que cualquier controversia que surgiera se resolvería mediante arbitraje; y b) que la demanda fue interpuesta donde tiene su domicilio, esto es, en Arucas. Juan deberá presentar una declinatoria para denunciar la falta de jurisdicción (porque la cuestión ha de ser sometida a arbitraje) y de competencia (terrritorial, pues la demanda se debíó interponer en Pto. Del Rosario -lugar donde está la finca-).

El procedimiento por el que se debe tramitar la declinatoria se contempla en el art. 65 de la LEC.

Lección 5. MÉTODOS LEGALES PARA SU OBTENCIÓN

. Procesos ordinarios

En la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil, se contemplan varios procesos/ métodos para la válida obtención del pronunciamiento judicial resolviendo el conflicto. Con carácter general, el art. 248 del citado texto normativo dispone que toda contienda judicial entre partes que no tenga señalada por la ley otra tramitación, será ventilada y decidida en el proceso declarativo que corresponda. En el apartado 2, se expresa que los procesos declarativos son dos: el juicio ordinario y el juicio verbal.

El término declarativo se refiere al proceso dirigido a obtener la declaración del Derecho aplicable al caso objeto del proceso, por el que puede alcanzar una sentencia de cualquiera de los contenidos expresados en el art. 5 de la LEC. La mención a que es un proceso "ordinario" hay que entenderla como proceso común o general. Al igual que ocurre con el proceso verbal, que también es ordinario, entendido como sinónimo de común o general. La expresión ordinario como nomenclatura que emplea la Ley, hay que entenderla como nombre que se le dio al procedimiento, igual que se le podía haber llamado de cualquier otra forma.

B) PRUEBA Y PRESUNCIONES

Lección 6. ACTIVIDAD PROBATORIA GENERAL

1. La prueba civil: Concepto

La prueba es aquella actividad procesal que llevan a cabo las partes, tendente a convencer al juez sobre la legalidad de las pretensiones formuladas...

El núcleo esencial de todo proceso lo constituye el momento de la prueba. En ese momento es cuando las partes deben desplegar toda aquella actividad que les permita convencer al juzgador sobre lo ajustado a derecho de las pretensiones del demandante o del demandado, aplicando la norma pertinente y resolviendo la contienda civil. No se trata tanto de tener razón, como de convencer al Juez de que se tiene.

Con la práctica de la prueba en el proceso civil no se persigue la obtención de la verdad material: lo que el tribunal obtiene con la prueba practicada es su propia convicción sobre la certeza de los hechos controvertidos, que incluso podría no coincidir con lo sucedido en la realidad histórica.

1. Objeto de la prueba en el proceso civil

Al preguntarnos por el objeto de la prueba (arts. 281-283 de la LEC) tenemos que contestar a la pregunta de qué es aquello sobre lo cual se debe practicar prueba. En la demanda se contiene multitud de datos, pero son los hechos contenidos en la demanda yen la contestación el objeto de prueba. Pero no solo hay que probar los hechos, también habrá que probar aquellas otras alegaciones que se hayan formulado y que guarden relación con esos hechos, como por ejemplo, cuando se invoca una norma de derecho extranjero (o consuetudinario).

En una demanda (o contestación) se pueden formular las siguientes alegaciones:

a) Alegaciones de hechos:

Son los más importantes dentro de los escritos de las partes, ya que con ellos se intenta trasladar al Juez el relato de lo que ha ocurrido entre las partes y que ha

dado lugar al proceso. De entre todos los hechos que se pueden niega, vamos a distinguir los siguientes para saber si deben ser probados o no:

Hechos admitidos o no controvertidos: Son aquellos sobre los que las partes han manifestado expresamente que no hay discusión y que han ocurrido como se dice. Están exentos de prueba, y el Tribunal deberá aceptarlos.

Hechos Notorios: son aquellos que son públicamente conocidos, incluso por el juez. El hecho notorio está exento de prueba, porque su divulgación generalizada permite que sea fijado en la Sentencia, deviniendo irrelevante cuál sea la fuente de información.

Hechos controvertidos: Son aquellos hechos sobre los cuales las partes no están conforme y muestran su disconformidad. Estos hechos deben ser sometidos a prueba ya que constituyen la base del conflicto jurídico que se plantea.

b) Alegaciones de Derecho:

En la demanda, además de alegar hechos, las partes invocan normas jurídicas con las que tratan de indicar al Juez que la ley está de su parte. Y así, citan preceptos del Código civil, de la Ley de Propiedad Horizontal, etc. En cuyos preceptos se contendría, a juicio de quien la invoca, la razón jurídica que respalda su postura.

En nuestro ordenamiento jurídico rige el principio inri novit curia, según el cual, el Juez tiene que conocer el derecho y aplicarlo. Simplificando, el Juez está obligado a conocer el derecho que se publica en el Diario Oficial de la Comunidad Europea (DOCE), en el Boletín Oficial del Estado (BOE) yen el Boletín Oficial de la Comunidad (BOC..) en que ejerza su funciones jurisdiccionales. Ahora bien, hay normas jurídicas que obligan a las partes, pero que el Juez no está obligado a conocer y que, por tanto, habrán de ser objeto de prueba. Así:

Derecho Extranjero: el derecho extranjero deberá ser probado en lo que respecta a su contenido y vigencia, pudiendo valerse el tribunal de cuantos medios de averiguación estime necesarios para su aplicación (art. 281.2 LEC).

Costumbre: si una parte pretende la aplicación de una costumbre ha de alegarla y probarla, salvo que demandante y demandado estén conformes con su existencia y contenido, y siempre que sus normas no afecten al orden público (art. 281.2 LEC).

1. Clases de prueba.

Las pruebas pueden ser analizadas desde el punto de vista de sus clases y sus grados, lo que nos permite valorar cada prueba y considerar cuál es más eficaz que otras.

Así, por lo que respecta a las clases de pruebas, podemos distinguir:

Prueba directa y prueba indirecta. La prueba es directa cuando el conocimiento o relación que existe entre el objeto de la prueba y el destinatario de la misma — el juez- es directo y sin intermediarios. En nuestro ordenamiento sólo hay un medio de prueba directo, que es el reconocimiento judicial. Es indirecta la prueba cuando la relación del juez con el objeto de la prueba se hace a través de un medio, generalmente una cosa o una persona (documento, testigo, perito, cinta de video...). Los demás medios de prueba previstos en el art. 299.1 y 2 LEC — esto es, salvo el reconocimiento judicial- son medios de prueba indirectos.

Prueba preconstituida. La preconstituida es una prueba configurada con anterioridad al proceso, y que se crea en previsión de su hipotética necesidad en un futuro proceso. Por ejemplo, el requerimiento previo de pago al deudor-demandado; o el acta fotográfica que levanta un notario previo al juicio.

Prueba real y prueba personal. Constituyen prueba real aquellas que, como la documental o pericial, consisten en poner a disposición del Tribunal determinado material para que este lo analice y valore. Por el contrario, son prueba personal el reconocimiento judicial, el interrogatorio de parte y de testigos, ya que la esencia de esta prueba consiste en contestar las preguntas que se le formulen. La prueba pericial comparte carácterísticas de ambos tipos, ya que el perito debe emitir un informe por escrito (documento) y también comparecerá a la sesíón del juicio para contestar a las preguntas que se le formulen (personal)

1. Los Medios de Prueba.

La prueba puede llevarse a cabo a través de diferentes instrumentos, es lo que se conoce como medios de prueba.

Los medios de prueba que admite nuestro proceso civil son ilimitados, ya que la LEC (arts. 299-30o LEC) solo realiza una enumeración a modo descriptivo, pero que no constituye en ningún caso numeras clausus.

Son medios de prueba válidos en nuestro proceso civil: Interrogatorio de las partes. Documentos públicos. Documentos privados. Dictamen de peritos. Interrogatorio de testigos. Medios de reproducción de la palabra, el sonido y la imagen. Instrumentos donde se archiven palabras, datos, cifras, y operaciones matemáticas. Cualquier otro medio no expresamente previsto y que pudiera servir para obtener certeza sobre hechos relevantes.

5. La carga de la prueba.

En el proceso civil, corresponde a las partes la alegación de los hechos que consideren que apoyan sus pretensiones, así como la aportación de los datos y medios de prueba necesarios a tal efecto.

Las partes tienen la carga de la prueba, y las normas sobre la carga de la prueba se contienen en el art. 217 LEC. Recordemos que las cargas procesales son aquellas conductas que si el afectado lleva a cabo obtiene un beneficio, y por el contrario, si no la cumplimenta obtiene un perjuicio.

La carga de la prueba entra en funcionamiento cuando el Tribunal tiene que dictar sentencia. Si en ese momento, el tribunal considerase dudosos unos hechos relevantes para la decisión, desestimará las pretensiones del actor, o las del demandado, según a quien correspondiera probar los hechos que permanezcan inciertos y fundamenten las pretensiones. De alguna forma, se castiga a quien debíó probar alguna de sus alegaciones y no lo ha hecho.

Con la carga de la prueba se da respuesta al problema del "hecho incierto": la finalidad de las normas contenidas en el citado precepto es evitar que el juez, al finalizar el proceso, se ampare en la falta de prueba de un hecho para negarse a resolver (situación prohibida por la ley, art. 11.3 LOPJ -non liquet-).

Las normas recogidas en el art. 217 LEC contienen principios de atribución de la carga probatoria utilizables por el juzgador en el supuesto de que exista un hecho que no haya quedado acreditado. En otras palabras, cuando un hecho no resulte probado, el Juez deberá determinar, aplicando los principios de este artículo 217, a quien debe perjudicar esa falta de prueba.

Las reglas de atribución de la carga de la prueba son:

Corresponde al actor (y al demandado-reconviniente) la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda y de la reconvención. Ejemplo: Si el demandante afirma en su demanda que el demandado le debe 5.000€ deberá probar este hecho. Si el demandante presenta un

documento firmado por el demandado donde así se recoge, el hecho habrá quedado probado. Ahora bien, si el demandante sólo aporta el testimonio de un amigo que afirma que vio cómo el demandado tomaba el dinero que el actor le ofrecía, es evidente que el juez puede tener dudas de que esa deuda efectivamente exista. Si tiene dudas, tendrá que dar por no probado lo que dice el actor.

Corresponde al demandado (o al actor-reconvenido) la carga de probar los hechos que, conforme a las normas que les sean aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos en que funde sus pretensiones. Ejemplo: Si el demandante afirma en su demanda que el demandado le debe 5.000e y aporta un documento; y el demandado alega que ya lo pagó, pero no aporta ningún recibo, sino la declaración de un amigo que afirma que vio cómo el demandado le devolvía el dinero al actor, es evidente que el juez no se creerá la versión del demandado.

En procesos sobre competencia desleal y publicidad ilícita correspon­derá al demandado la carga de la prueba de la exactitud y veracidad de las indicaciones y manifestaciones realizadas y de los datos materiales que la pu­blicidad exprese. Ejemplo: Si el fabricante de Actimel afirma que su producto es mejor que el de la competencia, o que tiene determinadas propiedades, si fuere demandado por competencia desleal o publicidad ilícita, no será el demandante quien deba probar que el producto no es mejor, o que no tiene determinadas propiedades. Será el demandado quien deba demostrar que sí lo es.

En los procesos en que la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias por razón del sexo, corresponderá al demandado probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y de su proporcionalidad.

Para la aplicación de los anteriores criterios de atribución de la carga de la prueba, el Tribunal deberá tener presente la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a cada una de las partes del litigio; de tal manera que, en circunstancias debidamente motivadas y razonadas, el Tribunal podrá invertir la carga de la prueba si entiende que al sujeto obligado le resultaba más difícil obtener la prueba necesaria, mientras que al beneficiado, aunque no fuera carga procesal suya, le sería más fácil encontrar la prueba en contra y no lo hace.

1. Procedimiento de la prueba.

Las fases generales de la prueba son las siguientes:

Proposición: acto de parte indicando los medios de prueba de los que intenta valerse (art. 284 LEC). A la vista de la proposición probatoria de las partes, cuando el tribunal considere que las pruebas propuestas por las partes pudieran resultar insuficientes para el esclarecimiento de los hechos controvertidos lo pondrá de manifiesto a las partes, pudiendo incluso señalar la prueba o pruebas cuya práctica considere conveniente.

- Admisión: Resolución del tribunal determinando cuáles, de los medios de prueba propuestos por las partes, considera pertinentes y deben ser practicados (artS. 285-288 LEC).

- Práctica: La práctica de la prueba se rige por los principios de unidad, contradicción y publicidad (arts. 289 y 292 LEC):

Todas las pruebas se practicarán en unidad de acto. Excepcionalmente, el Tribunal podrá acordar que determinadas pruebas se celebren fuera del acto de juicio o vista; en estos casos, el Letrado de la A. J. Señalará, con al menos cinco días de antelación, el día y la hora en que hayan de practicarse los actos de prueba que no sea posible llevar a cabo en el juicio o vista. Si, excepcionalmente, la prueba no se practicare en la sede del Tribunal, se determinará y notificará el lugar de que se trate. Estas pruebas se practicarán en todo caso antes del juicio o vista.

Las partes tienen que ser citadas para la práctica de las pruebas, al objeto de poder contradecir lo que practique la otra parte, teniendo ellas y sus abogados la intervención autorizada por la ley.

Así mismo, la regla general es que el acto del juicio se celebre en audiencia pública, teniendo por tanto vigencia el principio de publicidad durante la práctica de la prueba. Sólo por circunstancias justificadas podrá acordarse la celebración a puerta cerrada, en los supuestos legalmente previstos (art. 120 CE).

1. Apreciación de la prueba

La valoración o apreciación de la prueba es la actividad judicial que se desarrolla en la Sentencia y que consiste en una conclusión afirmativa o negativa sobre la existencia de los hechos alegados en el proceso. El instrumento que utiliza el juez para realizar esta valoración es la "máxima de la experiencia".

Las máximas de la experiencia es el resultado de aquellas vivencias y

situaciones que se dan a lo largo de la experiencia personal de cada sujeto. El Juez, corno cualquier otra persona, tiene sus propias máximas de la experiencia, que le hacen saber cuándo un testigo está mintiendo, si un documento aparenta ser verdadero o falso, o cuándo las lágrimas de una de las partes son sinceras o son de cocodrilo. Esta aplicación de las máximas de la experiencia es a lo que la LEC se refiere cuando emplea expresiones como que la prueba se valorará según la sana crítica o valoración en conjunto.

A la hora de aplicar las máximas de su experiencia, el Juez no está completamente libre para aplicarlas de la manera que considere, sino que puede estar sometido a ciertos criterios de valoración.

Así, se viene distinguiendo entre:

Valoración libre: Es el criterio más extendido en nuestro ordenamiento jurídico, y consiste en dejar amplio margen al Juez o Tribunal para que valore en mayor o menor medida cada una de las pruebas que se han practicado. Así, será cada Tribunal el que decida, en cada caso, porqué le da más valor a un testigo que a otro; o porqué se cree más lo que dice un documento que lo que dice un perito. Conviene aclarar que ningún medio de prueba tiene un valor superior o preeminente respecto a los demás, y que el juez en la Sentencia razonará y motivará la valoración probatoria que realiza, teniendo en cuenta todos los medios de prueba practicados y, en su caso, aplicando las normas de la carga de la prueba.

Valoración tasada: En estos supuestos es la ley la que le dice al Tribunal cómo debe valorar determinada prueba, sin que aquél pueda aplicar las máximas de su experiencia. Así, se consideran pruebas tasadas los documentos públicos, o la declaración de la parte cuando lo manifestado le perjudica.

8.- Anticipación de la prueba.

La prueba anticipada (arta. 293-295 LEC) se produce cuando se practica cualquier medio de prueba en un momento anterior al acto del juicio o vista, por existir temor de pérdida del instrumento probatorio que imposibilite su posterior aportación al proceso.

Cuando se solicite la práctica de prueba anticipada, el solicitante expondrá los motivos de su petición. Practicada la prueba, la documentación del acto queda bajo custodia del Secretario para su posterior uníón a las actuaciones. Esta prueba se podrá practicar antes de comenzar el proceso (es decir, antes incluso de que se haya presentado la demanda), o durante la sustanciación del proceso (antes de la

celebración del juicio). Se solicitará ante el órgano jurisdiccional que se el )1 'si den competente para el futuro proceso. En la solicitud se indicará a quien pretende demandar. Una vez practicada la prueba, habrá de presentarse la demanda en el plazo máximo de 2 meses.

Hay que señalar que la prueba que se practicó anticipadamente podrá realizarse de nuevo si, en el momento de proposición de la prueba, fuera posible llevarla a cabo y alguna de las partes así lo solicitara. En tal caso, el tribunal admitirá que se practique la prueba de que se trate y valorará según las reglas de la sana crítica tanto la realizada anticipadamente como la efectuada con posterioridad.

9.- Aseguramiento de la prueba

Antes de la iniciación de cualquier proceso, el que pretenda incoarlo o cualquiera de los litigantes durante el curso del mismo, podrá pedir del tribunal la adopción de medidas de aseguramiento útiles para evitar que, por conductas humanas o acontecimientos naturales, que puedan destruir o alterar objetos materiales o estados de cosas, resulte imposible en su momento practicar una prueba relevante o incluso carezca de sentido proponerla (arts. 297-298 LEC).

Con el aseguramiento de prueba se garantiza el mantenimiento del instrumento probatorio, para que esté en perfecta disponibilidad en el momento en que se deba practicar la prueba.

A diferencia de lo que sucedía en la prueba anticipada, en este caso no se practica el medio de prueba, sólo se garantiza el estado de un objeto o situación para poder practicar la prueba en el momento procesal correspondiente.

El aseguramiento de prueba se utiliza exclusivamente con medios de prueba de carácter real, y entre las medidas que pueden acordarse están las peticiones de conservación de cosas o situaciones dirigidas al órgano jurisdiccional, el mandato de hacer o no hacer, o la actividad tendente a dejar constancia fehaciente del estado en que se encuentra una cosa o una situación.

Lección 7. MEDIOS DE PRUEBA Y PRESUNCIONES

t. Interrogatorio de partes (arts. 301-316 LEC)

1,a prueba de interrogatorio de partes es la declaración que realizan las partes, mi !II ¡time' te, ante el Tribunal, con eficacia probatoria. Esta prueba consiste en

4. Prueba pericial

El perito es una persona, física o jurídica, ajena al proceso que es llamado por las partes o el Juez para aportar su conocimiento científico, artístico, técnico o práctico sobre lo que está siendo objeto del juicio.

El objeto de la prueba pericial es que el perito, que tiene que ser una persona que posea unos conocimientos distintos a los comunes, emita un dictamen en el que interprete y valore hechos controvertidos del proceso.

Los conocimientos que aporta el perito son especiales, sobre una disciplina en la que el perito es experto. Se trata de conocimientos no comunes, que serían los que se presumen de una persona con cultura general.EJEMPLO: Juan se gana la vida con un camión de transporte que lleva incorporada una grúa. El pasado ii de Junio al descargar un viaje de arena el camión volcó parcialmente al hundirse el firme y ocasiónó daños en la vivienda de LUISA que lo ha demandado. En ese juicio, el abogado de Juan ha requerido los servicios de "Bróker INGENIEROS, SL" para que emita un dictamen acerca de las causas del accidente, y tratar de demostrar que el responsable es el propietario de la calle por no prever los pesos máximos autorizados.

El Tribunal, a la hora de dictar sentencia, complementará sus conocimientos comunes con los conocimientos especializados que le aporta el perito, y así podrá formar su convicción.

Para poder ser perito se precisa cumplir los siguientes requisitos y carácterísticas contemplados en el artículo 34o de la LEC.

El perito tiene derecho a ser compensado económicamente por emitir su dictamen de conformidad con los honorarios o aranceles que rijan su profesión, arte u oficio. Y si no estuvieran establecidos, los que el Tribunal considere adecuados (art. 342.3 LEC, referido a los peritos nombrados por designación judicial).

El perito, además de cumplir los requisitos señalados, tiene obligación de emitir su dictamen en el plazo que le sea fijado por el Tribunal.

El procedimiento de la prueba pericial se regula en los artículos 341-347 de la LEC.

El tribunal valorará los dictáMenes periciales según las reglas de la sana crítica (art. 348 LEC).

En la práctica forense, resulta que los Tribunales no suelen dar tanta credibilidad a los peritos de parte como a los peritos judiciales —lo que no quiere