Laicidad en España: Libertad Religiosa, Acuerdos con el Estado y Financiación de las Confesiones

Sistemas de relación entre el Estado y las confesiones religiosas

Laicismo: la libertad religiosa cuenta con un reconocimiento pleno y garantizado. Los poderes públicos no se identifican con ninguna confesión y la religión se mueve en el ámbito de lo privado. Lo que el Estado busca es garantizar la aplicación del principio de igualdad en el ámbito religioso, impidiendo que el Estado favorezca a ninguna confesión. No se admite la presencia de la enseñanza religiosa en la escuela pública ni símbolos religiosos en las dependencias de la administración pública. Se prohíbe a los ministros religiosos la actividad política y se impide a las confesiones religiosas poseer emisoras de radio o televisión.

Aconfesionalismo cooperacionista: el Estado no adopta ninguna religión como oficial. Reconoce la libertad religiosa en el plano individual y colectivo y considera los valores religiosos como valores positivos para el bien común de la sociedad, lo que se compromete a facilitar el ejercicio de la libertad religiosa de sus ciudadanos.

Relación entre la Iglesia y el Estado: la forma protestante

Presupuestos históricos: Martín Lutero, de nacionalidad alemana, en 1517 publicó sus 95 tesis, acontecimiento que marcó profundamente la historia religiosa del mundo occidental. En un principio la reforma tuvo una intencionalidad estrictamente religiosa: pretendía la renovación de la Iglesia y purificarla de las ganancias y sumas sin ser. Sin embargo, el movimiento fue desviándose y adquiriendo dimensiones insospechadas. Desde el lado de la reforma se planteó de forma radical y contra la Iglesia. Sus consecuencias tuvieron efectos políticos imprevistos, claramente dependientes de la nueva concepción de la Iglesia propuesta por el protestantismo. En lo religioso, propugnó una Iglesia que se apoyaba en las Sagradas Escrituras, prescindiendo del magisterio eclesiástico y de la tradición. Se conservaron únicamente el bautismo y la eucaristía, y se afirmó que la salvación se consigue únicamente por la fe. Al ganar el sacramento del orden, se sagra a su vez el sacerdocio universal, y la jerarquía eclesiástica se rechaza. El Estado y la Iglesia no eran la Iglesia.

Desarrollo

Way en a parte de los príncipes alemanes acogieron la forma con entusiasmo, puesto que los posibilitaba intervenir en los asuntos de la Iglesia y enriquecerse con sus bienes. Tampoco dudaron en oponerse al emperador Carlos V al considerar la reforma un movimiento herético. Desde el punto de vista doctrinal y arquitectónico, se transformó la tradicional dualismo cristiano. En efecto, al asumir los asuntos eclesiásticos, pasó a los principios temporales que actuaban de modo dobisposlaico, limitando a los ministros evangélicos a mantener la fe y la piedad de los fieles.

Jurisdiccionalismo liberal: Tras la caída de Napoleón y la vuelta de los Parlamentos restauradores que dieron en Europa a raíz del Congreso de Viena, el sistema liberal lacaboimponiendo un nuevo modelo del Estado. El Estado liberal es el Estado de las libertades individuales. La dimensión colectiva de muchos de estos derechos no era suficientemente valorada en el liberalismo. El factor religioso quedó relegado a la conciencia de los ciudadanos, y las confesiones quedaron sometidas al orden común de la asociación. En los estados que adoptaron el modelo jurisdiccionalista, la confesionalidad no era infrecuente, y tendió a eliminar cualquier signo de tipo religioso en el ámbito de la administración pública: supresión del crucifijo en lugares oficiales e introducción del matrimonio civil obligatorio. Se pasó del confesionalismo religioso a un nuevo confesionalismo de tipo laico, que fue nombrado jurisdiccionalismo liberal y propició la aparición de un derecho especial tendente a controlar yrcar las manifestaciones colectivas o institucionales de las distintas confesiones y especialmente de la Iglesia católica.

Los límites en el ordenamiento español: el orden público

Según la Constitución, los límites en sus manifestaciones del derecho a la libertad religiosa vienen en la ley (art. 16.1). Orden público: conjunto de principios de orden moral, político, económico y social que inspiran un determinado ordenamiento jurídico y que se consideran vitales e irrenunciables para el mantenimiento de una justa y pacífica convivencia democrática en una adecuada sociedad. La ley, prescribe, y en su artículo 3 establece que los límites están constituidos por la protección de los derechos de otros, el ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales, la salvaguardia de la seguridad, de la salud y de la moralidad pública. La Constitución habla únicamente del orden público. La ley parece desarrollar el contenido concreto a orden público al enumerar otros aspectos: en lugar como el artículo 10.2 de la Constitución, rige norma interpretación de cuantos derechos fundamentales ratifica España; en segundo lugar, habiendo desarrollado lo que la Constitución fija, debemos tener visto sólo el «orden público».

Los derechos de los demás: El Tribunal Constitucional ha declarado que los derechos fundamentales son componentes esenciales del orden público.

La seguridad pública: El Convenio Europeo cita como uno de los límites entre el derecho de libertad religiosa y el orden público. Por otra parte, la ley de acuerdos con las confesiones católicas habla únicamente de orden público y del respeto a los derechos de los demás.

La moral pública: «Moral pública» no puede identificarse con alguna moral sino como cuanto estable ha declarado el Tribunal Constitucional con «el elemento ético común de la vida social», es decir, moral cívica.

La salud pública: Si se considera la salud como un aspecto de la integridad física y moral contemplada en el art. 15, sí podría constituir un límite del derecho de libertad religiosa. Cuando entra en conflicto con la vida-salud con la libertad religiosa, la jurisprudencia española ha mostrado partidaria en primer orden a la vida.

Objeción de conciencia fiscal

Concepto: Supone presentar sus partidas previstas en los presupuestos del Estado, gastos destinados a la práctica del aborto en la sanidad pública y a los gastos militares. El objetivo de la declaración del Estado porcentaje calculado destinaría al gasto correspondiente. Dicha cantidad se daría a una organización que se destina a actividades contrarias, comunicándolo a la Asia 100 da.

Derecho español: En España ningún norma ha recogido y el Tribunal no la ha aceptado. Los argumentos que suele esgrimir son: no hay derecho fundamental reconocido en la Constitución, solo cabría que hubiese sido expresamente reconocida ley; su reconocimiento vaciaría de contenido la competencia de los cortes generales para establecer los presupuestos generales del Estado.

Derecho comparado: Generalizado en EE. UU. e Italia. En EE. UU. se presentó un proyecto de ley (1977) apoyado por 3 senadores y 47 miembros de la Cámara de Representantes que proveía la creación de un fondo para el reembolso de los pagos procedentes de los objetores. Podían acogerse los objetores de conciencia al servicio militar. El Tribunal de Estrasburgo sostiene que la normativa tributaria tiene carácter neutro y no constriñe (limita o discrimina) directamente la libertad religiosa. No es exacto: una cosa es lo que no limita la libertad religiosa y otra que no afecta la conciencia.

Objeción de conciencia a oficiar matrimonios entre personas del mismo sexo: En España la Ley 13/2005 del 1 de julio reforma el Código Civil en materia de matrimonio, permitiendo contraer lo a personas del mismo sexo. Algunos jueces encargados del Registro Civil plantaron ante el Tribunal Constitucional la cuestión de inconstitucionalidad de la ley. Conviene tener en cuenta que el Tribunal Constitucional dictó mediante la sentencia 198/2012 del 6 de noviembre que el matrimonio de personas del mismo sexo no es inconstitucional y que el legislador ordinario tiene capacidad para aceptarlo o regularlo o no. En España la ley no incluyó ninguna cláusula que permitiera acogerse a la objeción de conciencia a los funcionarios que tuvieran que intervenir en la tramitación de este tipo de matrimonios; el Congreso suprimió tal enmienda.

Lugares de culto en los acuerdos con las confesiones

El acuerdo de cooperación con las confesiones minoritarias dicta en su correspondiente artículo 2 los lugares de culto ofrecen un concepto legal. Así, en el caso de los lugares de culto católico, los acuerdos firmados con la Iglesia católica no les obliga a identificar sus manifiestos notoriedad ni su condición con las de las confesiones católicas. En el caso de mezquitas o sinagogas se añade también la forma religiosa como otro elemento de identificación. En otros casos, tendríamos en primer lugar la presencia de un local de carácter religioso que además desarrolla la actividad propia de la escuela confesional o del seminario o centro de formación de ministros religiosos. La actividad principal identificante, y que sin duda sirve de base a los demás, es el culto y oración. Por último, en los acuerdos con la FCI y la CIE se declara que los lugares de culto podrán ser objeto de anotación en el Registro, lo cual tiene su importancia de cara a la seguridad jurídica, pues en muchas ocasiones las comunidades religiosas de nueva implantación utilizan como lugares de culto simples apartamentos o viviendas.

Los ministros de culto en el acuerdo de cooperación: El acuerdo se vence en la necesidad de precisar quién tiene tal condición en el ámbito de las tres federaciones confesionales firmantes. Se sigue utilizando por el artículo 3 del acuerdo para identificar a los ministros de culto: la dedicación al ministerio cultual-litúrgico y formación religiosa y la estabilidad en dicho oficio. Ambos extremos aseguran acreditarse a la respectiva Iglesia o comunidad con la vista puesta en el órgano competente de su federación. En el caso de los rabinos: se exige expresamente la correspondiente titulación oficial mediante la misión al propio ordenamiento judío. La acreditación es otorgada por la FCI. En el caso de los imanes: son los dirigentes islámicos que dirigen la oración, mientras en el concepto de dirigentes religiosos islámicos entrarían los cargos organizativos de cada comunidad.

Acuerdos con la Santa Sede sobre enseñanza y asuntos culturales (1979)

La enseñanza religiosa católica es de oferta obligatoria en los centros educativos, en condiciones de equiparación a las disciplinas fundamentales. En virtud del derecho a la libertad religiosa, esta asignatura es optativa. Su elección no debe suponer discriminación alguna para quienes no la elijan. A la jerarquía eclesiástica corresponde señalar los contenidos así como proponer los libros de texto y material didáctico. Los profesores son propuestos por el ordinario diocesano y se les designa (nombra) por la autoridad académica. La situación académica de los profesores de religión católica que no pertenezcan a los cuerpos docentes se concierta entre la administración central y la Conferencia Episcopal Española.

Los acuerdos con las confesiones minoritarias (1992) contemplan la enseñanza religiosa en el respectivo artículo 10 de los 3 acuerdos. El sistema establecido era el de libre acceso. Es decir, la ley compromete a facilitar el acceso de los profesores designados por las confesiones para impartir su docencia religiosa. El nombramiento de profesores, el contenido del currículo y los libros de texto corresponden a las iglesias o comunidades con la conformidad de la respectiva federación. El gasto generado corre a cargo de la confesión.

Los convenios de 1996 con evangélicos e islámicos: En 1996 se firmaron dos convenios sobre designación y régimen económico de los profesores de enseñanza religiosa evangélica e islámica. Dada la limitada presencia social de estas confesiones, la administración educativa, las federaciones y las iglesias se comprometen a conseguir que cada profesor pueda atender el mayor número posible de alumnos del mismo ámbito territorial. Para optimizar las condiciones de impartición de dicha enseñanza, la administración se compromete a agrupar a los alumnos del mismo nivel educativo que en un mismo centro soliciten la enseñanza religiosa evangélica o islámica. En el caso de que el grupo formado fuera inferior a 10, se prevé la agrupación de los alumnos de diferentes niveles de la misma etapa educativa. Esta ayuda para sufragar los gastos del profesorado cuando el número de alumnos que solicitan estas enseñanzas sea o supere 10.

Financiación indirecta de la Iglesia católica y de las demás confesiones

Los mecanismos de financiación indirecta suelen tener naturaleza fiscal y tributaria. El Estado otorga un trato fiscal favorable a las entidades religiosas y a las actividades que desarrollan mediante supuestos de no sujeción o exención de determinados impuestos y tributos. La ventaja que supone permite a las confesiones disponer de bienes para el cumplimiento de sus fines y actividades. La Ley 1992 sobre asuntos económicos y el Acuerdo de Cooperación y el Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos con la Santa Sede y con la FCI y la CIE regulan prácticamente los mismos supuestos.

Principio general: las entidades religiosas de las confesiones con acuerdo gozan de los mismos beneficios que las entidades benéficas y sin ánimo de lucro. La ley del régimen fiscal de las entidades sin ánimo de lucro e incentivos al mecenazgo establece que la Iglesia católica y las confesiones con acuerdo de cooperación y sus fundaciones religiosas podrán acogerse al régimen fiscal.

Supuestos de no sujeción: la ley general tributaria explica que mediante la determinación de supuestos de no sujeción se concreta mejor la cancelación del exoneración imponible. Suele establecerse para evitar dudas. Estos supuestos se contienen en el art. 3 de la Ley de Acuerdo de Cooperación y son: - Las colectas públicas y recogidas de limosnas (suponen un aumento de renta y tendrían que tributar por el impuesto de sociedades) - La publicación o entrega gratuita de publicaciones, boletines o instrucciones de carácter religioso que no tributan y están libres del impuesto de actividades económicas (IAE). - La enseñanza en seminarios o centros de formación de ministros de culto (que impartan exclusivamente materias eclesiásticas) al no tener carácter empresarial no tributan ni están libres de IAE.

Exenciones tributarias: los supuestos contemplan un rango de requisitos para considerarlos como exención imponible; el legislador los exime de la obligación de tributar.

Impuesto de sociedades: - Hasta el año 1978 la Iglesia no estaba sujeta al impuesto. - La nueva ley sobre el impuesto de 1995 permite lo que respecta a las entidades religiosas con acuerdo.

Transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados: Se trata de las transmisiones onerosas de patrimonio inter vivos, operaciones societarias y documentos públicos. La Ley Régimen Fiscal de las Entidades sin fin de lucro y de incentivos al mecenazgo exime del impuesto a la Iglesia católica y a las Confesiones con Acuerdo de cooperación y a sus entidades.

Impuesto de sucesiones y donaciones: La Iglesia católica y las Confesiones con Acuerdo están exentas de este impuesto en los términos previstos en los respectivos Acuerdos.

Exenciones tributarias de carácter local:

• Impuesto de Bienes Inmuebles: Grava los bienes inmuebles rústicos y urbanos. Los Acuerdos exoneran del impuesto a determinados inmuebles que allí se especifican.
• Impuesto de Actividades Económicas: Grava cualquier actividad empresarial, profesional o artística, salvo que: 1º persigan fines de carácter general; 2º no generen competencia desleal; y 3º sus destinatarios sean colectividades genéricas.

Deducciones por donativos: Los Acuerdos se remiten a la normativa concreta: IRPF, ISS, y Ley Régimen Fiscal de las Entidades sin fin de lucro y de incentivos al mecenazgo. La Ley de Fundaciones del 94 preveía para las personas físicas la deducción en su IRPF del 20% de la cantidad donada a la Iglesia católica y a las Confesiones con Acuerdo de cooperación. La nueva Ley de Régimen fiscal eleva esta cantidad al 25% siempre que no supere el 10% de la base imponible. También las personas jurídicas pueden deducir del ISS el 35%, siempre que no supere el 10% de la base imponible.