Liquidación provisional tributaria: fases, plazos y derechos del contribuyente

El procedimiento de liquidación provisional es una herramienta fundamental en la gestión tributaria, permitiendo a la Administración cuantificar la obligación fiscal de los contribuyentes. A continuación, se detallan sus fases, plazos y particularidades.

1. Inicio del Procedimiento

El procedimiento se inicia, según lo establecido por la normativa, mediante una declaración del obligado tributario en la que manifieste la realización del hecho imponible. En esta declaración, el contribuyente debe comunicar los datos necesarios para que la Administración Tributaria (AT) pueda cuantificar la obligación tributaria mediante la práctica de una liquidación provisional. Esta liquidación será notificada al obligado tributario (OT) para que pueda efectuar el pago.

Es importante destacar que, si el procedimiento termina por caducidad, la Administración Tributaria podrá reiniciarlo dentro del plazo de prescripción.

2. Desarrollo del Procedimiento de Liquidación Provisional

Para practicar la liquidación provisional, la AT podrá utilizar:

• Los datos consignados por el OT en su declaración.
• Cualquier otro dato que obre en su poder.

Además, la AT podrá:

• Requerir al OT para que aclare los datos consignados en su declaración o presente justificantes de los mismos. El plazo para atender dicho requerimiento es de 10 días.
• Realizar actuaciones de comprobación de valor.

Una vez que la AT haya llevado a cabo las actuaciones de calificación y cuantificación oportunas, notificará la liquidación resultante.

2.1. Excepción en la Propuesta de Liquidación

Cuando la AT haya efectuado actuaciones de comprobación y los datos o valores tenidos en cuenta no se correspondan con los consignados por el OT en su declaración, deberá hacerse mención expresa de esta circunstancia en la propuesta de liquidación. Esta propuesta deberá notificarse al obligado tributario con una referencia sucinta a los hechos y fundamentos de derecho que la motiven, para que el OT pueda alegar lo que convenga a su derecho.

3. Plazo para la Práctica y Notificación de la Liquidación

En todo caso, la AT deberá practicar la liquidación y notificarla al obligado tributario en un plazo máximo de 6 meses. La liquidación que se dicte tendrá siempre carácter provisional.

La AT no podrá efectuar una nueva regulación con relación al objeto ya comprobado, salvo que en un procedimiento de comprobación o investigación posterior se descubran nuevos hechos o circunstancias que resulten distintas a las ya tenidas en cuenta.

4. Terminación del Procedimiento

El procedimiento de liquidación provisional puede terminar por las siguientes vías:

4.1. Por Liquidación Provisional de la Administración Tributaria

Los órganos de la Administración Tributaria, para liquidar, utilizan los datos consignados por el OT en su declaración. Pueden requerir al obligado tributario que aclare determinados datos o que aporte justificantes, y pueden realizar actuaciones de comprobación.

• Si la liquidación se practica en plazo, los 6 meses se cuentan desde el día siguiente al fin del plazo de presentación voluntaria.
• Si la declaración es extemporánea, el plazo se cuenta desde el día siguiente a su presentación.

4.2. Por Caducidad

El procedimiento caduca una vez transcurridos 6 meses sin haberse notificado la liquidación. El incumplimiento de los plazos implica la caducidad del procedimiento.

No obstante, la AT podrá iniciarlo de nuevo dentro del plazo de prescripción, disponiendo entonces de 6 meses desde el día siguiente a la notificación de la comunicación de la Administración Tributaria.

Es importante señalar que no se devengan intereses de demora indebidos desde que la Administración Tributaria dicta la liquidación hasta el final del plazo de pago voluntario. Si la declaración es extemporánea, se aplicarán los recargos correspondientes.

5. Derecho del Obligado Tributario a Subsanar o Aclarar

El obligado tributario tiene derecho a la subsanación, aclaración o justificación de cualquier discrepancia respecto al objeto del requerimiento por parte de la Administración Tributaria.