Marco Legal de Protección Jurídica y Responsabilidad Penal del Menor
Ley de Protección Jurídica del Menor
La Ley de Protección Jurídica del Menor se fundamenta en los siguientes principios esenciales:
- Interés superior del menor: Prevalece sobre cualquier otro interés legítimo.
- Carácter educativo: Todas las medidas adoptadas deben tener una finalidad formativa.
- Entorno familiar: Se prioriza la permanencia del menor en su entorno familiar.
- Sujetos de derecho: Los menores son reconocidos como sujetos activos de derecho y protección.
- Grupos vulnerables: Se refuerza la protección de menores con discapacidad, extranjeros no acompañados y víctimas de trata, entre otros.
La ley promueve activamente la participación de los menores, garantizando su derecho a ser oídos y escuchados.
Derechos y libertades fundamentales
Entre los contenidos más relevantes se incluyen:
- Derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen.
- Libertades de asociación, manifestación y expresión.
- Medidas para facilitar el ejercicio de los derechos.
- Actuaciones de protección y obligaciones de los ciudadanos, autoridades y atención inmediata.
Modalidades de acogimiento familiar
El acogimiento familiar se estructura en tres modalidades principales:
- Acogimiento familiar simple: De carácter transitorio hasta que se adopte una medida de protección más estable, como la reinserción en la propia familia o en otra.
- Acogimiento familiar permanente: Aplicable cuando la edad y las circunstancias del menor y la familia así lo aconsejen. Los acogedores asumen la función de tutela.
- Acogimiento familiar preadoptivo: Periodo de preparación para la adopción que no podrá exceder de un año.
Sobre la adopción
La adopción produce la extinción de los vínculos jurídicos entre el menor adoptado y su familia anterior. Asimismo, la adopción abierta ofrece la posibilidad de que el menor mantenga algún tipo de contacto con miembros de su familia biológica.
Responsabilidad Penal del Menor
: La mayoría de edad penal en los dieciocho años. La Ley introduce el principio de la responsabilidad solidaria de los padres, tutores, acogedores o guardadores con el menor responsable de los hechos. Esta ley establece el límite de los catorce años de edad para exigir responsabilidad sancionadora a los menores de edad. Establece diferencia de catorce a dieciséis años y de diecisiete a dieciocho años, presentan un tratamiento diferenciado. Menores de catorce años con una adecuada respuesta desde los ámbitos familiar y asistencial.