Marco Normativo y Prescripción de Prestaciones por Enfermedades Profesionales en España
Legislación Española sobre Enfermedades Profesionales
El **Decreto de 10 de Enero de 1947** define la enfermedad profesional como aquella producida como consecuencia del trabajo y con evolución lenta y progresiva, que ocasione al trabajador una incapacidad para el ejercicio normal de su profesión o la muerte. Este decreto fijó en su Anexo un cuadro de enfermedades profesionales.
El concepto de enfermedad profesional se diferencia del accidente de trabajo porque este último es causado de forma súbita y repentina por un agente externo. Asimismo, se distingue de la enfermedad común, ya que la profesional trae su causa del trabajo por cuenta ajena, siendo la común un riesgo genérico de toda la población.
Recomendaciones de la Comisión de la UE Relativas a Enfermedades Profesionales
Los Convenios de la OIT recomendaban la confección por parte de los Estados de una lista de enfermedades profesionales. La finalidad de ambas recomendaciones es que los Estados miembros adopten sus legislaciones sobre enfermedades profesionales siguiendo los siguientes criterios:
Criterios de Clasificación
- Criterio Mixto: Supone la combinación de dos sistemas:
- Sistema de lista: A través del cual se presume que la enfermedad listada es profesional.
- Sistema probatorio: Si la enfermedad no está tipificada, corresponde al trabajador probar su carácter profesional. Si esto se prueba en diversas ocasiones, pasa a incluirse en la lista.
- Criterio de Unicidad: Implica la existencia de listados de enfermedades profesionales específicos para actividades laborales concretas (ej. listas para agricultura, pesca, construcción, etc.).
- Criterio de Lista Flexible: Si no existe un cuadro de enfermedades profesionales, se debe regular la obligación médica de declarar a favor de todas las enfermedades que tengan su origen en el trabajo.
- Criterio de Generalidad: Busca la supresión de las condiciones que limitan la calificación de una enfermedad como profesional en determinadas legislaciones.
La Comisión de la CEE ha establecido cuatro listas de enfermedades profesionales:
Listados Europeos
- Lista europea
- Lista indicativa
- Lista de excepciones
- Reseña de información médica
Prescripción y Caducidad de las Prestaciones
Prescripción
Según el artículo 53 del TRLGSS, el derecho al reconocimiento de las prestaciones prescribirá a los cinco años, contados desde el día siguiente al que tenga lugar el hecho causante de la prestación. Esto es sin perjuicio de las excepciones que se determinen en la ley y de que los efectos del reconocimiento se produzcan a partir de los tres meses anteriores a la fecha en que se presente la solicitud correspondiente.
Las excepciones a este plazo son la jubilación y la muerte y supervivencia.
Interrupción de la Prescripción
El número 2 del art. 53 del TRLGSS indica que la prescripción se interrumpirá por las causas ordinarias del art. 1973 del Código Civil, que son:
- El ejercicio de la acción ante los tribunales.
- La reclamación extrajudicial del acreedor.
- Cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor.
- La reclamación ante la Administración de la Seguridad Social o el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Caducidad
Una vez reconocido el derecho a la prestación, el derecho a percibirla caduca al año, según el art. 54 del TRLGSS. Se debe distinguir entre:
- Prestación a tanto alzado (indemnización): Caducará al año a contar desde el día siguiente a haber sido notificada en forma al interesado la concesión.
- Prestaciones periódicas (pensiones o subsidios): Caducan al año de su respectivo vencimiento, respecto al percibo de cada mensualidad.
Reintegro de las Prestaciones Indebidas
El art. 55 del TRLGSS establece las siguientes obligaciones:
- Los trabajadores y demás personas que hayan percibido indebidamente prestaciones de la Seguridad Social vendrán obligados a reintegrar su importe.
- Quienes por acción u omisión hayan contribuido a hacer posible la percepción indebida de una prestación responderán subsidiariamente con los perceptores.
- La obligación de reintegro del importe de las prestaciones indebidamente percibidas prescribirá a los cuatro años, contados a partir de la fecha de su cobro.
- Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de la responsabilidad administrativa o penal que legalmente corresponda.