Organizaciones Internacionales y Naciones Unidas: Conceptos, Competencias, Estructura y Funciones

Organizaciones internacionales

Concepto y clases

Las organizaciones internacionales pueden definirse como asociaciones voluntarias de Estados, establecidas por acuerdo internacional, dotadas de órganos permanentes propios e independientes, encargadas de gestionar intereses colectivos por medio de la cooperación y capaces de expresar una voluntad jurídica diferente de la de sus Estados miembros.

Se caracterizan por tener una composición fundamentalmente estatal, aunque la práctica nos ofrece casos de organizaciones internacionales compuestas o en las que participan sujetos no estatales.

Las organizaciones internacionales tienen una base jurídica convencional, ya que son creadas a través de un tratado internacional celebrado entre Estados, lo que se conoce como tratado constitutivo de la organización. En lo general, una organización internacional es creada a través de un tratado multilateral negociado en el seno de una conferencia internacional. Hay casos en los que la organización no fue creada por un acuerdo político. También es posible que una organización internacional sea creada por decisiones internas de dos Estados miembros.

Las organizaciones internacionales tienen una estructura orgánica permanente e independiente. Deben estar dotadas de una estructura institucional conformada por diversos órganos permanentes e independientes que aseguren su continuidad.

Por último, las organizaciones internacionales tienen autonomía jurídica, que se traduce en que tienen personalidad internacional diferente de la de sus miembros, y que resulta necesaria para el cumplimiento de sus funciones. Por consiguiente, los actos de la organización internacional son atribuibles a ésta y no a sus Estados miembros que la integran.

Se pueden dividir las organizaciones según tres criterios:

1. Fines

Pueden ser de fines generales o de fin específico. Las primeras abarcan todos los campos materiales que se consideren oportunos, sin limitarse a un sector concreto de cooperación; pueden ser mundiales, como la ONU, o regionales, como el Consejo de Europa. Las organizaciones internacionales de fines específicos son las que desarrollan su actividad dentro de ámbitos definidos. Pueden ser de cooperación preferentemente militar o de seguridad, de cooperación preferentemente económica, de cooperación cultural y humanitaria, o de cooperación técnica y científica.

2. Composición

En cuanto a la composición, se pueden diferenciar las organizaciones de ámbito universal y las organizaciones de carácter regional. Las primeras son organizaciones abiertas a la participación de todos los Estados de la comunidad internacional (ONU). En cuanto a las regionales, están abiertas a la participación de un número limitado de Estados en función de criterios geográficos, económicos o políticos.

3. Según las competencias de las organizaciones

Se distinguen las organizaciones de cooperación, que son aquellas en las que sus miembros no han cedido sus competencias soberanas y cuyo objetivo primordial es instituir una cooperación entre sus miembros y coordinar sus actividades con miras a la consecución de unos objetivos comunes, y las de integración, en las que hay transferencia de competencias soberanas en ciertas materias a favor de una autoridad u órgano supranacional.

Competencias y funciones

El tratado constitutivo de una organización internacional no sólo crea a ésta, sino que la dota de órganos que tendrán competencias para cumplir sus fines. Por competencias debemos entender los poderes jurídicos que se le atribuyen a la organización para la realización de las funciones previstas en el tratado constitutivo, de lo que se deduce que las organizaciones poseen competencias funcionales y limitadas a aquellas que les asigna el tratado constitutivo.

El tratado constitutivo puede conceder competencias a una organización no sólo de forma expresa, sino también implícita. Las expresas son las que figuran en el tratado constitutivo de la organización y también pueden figurar en un acto jurídico posterior resultante del proceso de revisión o reforma del tratado constitutivo. Las competencias implícitas son necesarias para el cumplimiento de los fines de la organización.

La teoría de las competencias implícitas está aceptada por la doctrina y la jurisprudencia internacional, habiendo sido confirmada por la CIJ en el asunto de la reparación de daños sufridos al servicio de las Naciones Unidas. Como las organizaciones tienen competencias internacionales, esto les permite realizar los propósitos y ejercer las funciones para las que fueron creadas en diferentes sectores de actividad, como mantener la paz y seguridad internacional. El ejercicio de estas funciones determina que las organizaciones sirvan de cauce para la cooperación entre los Estados.

Membresía y estructura

La participación como miembro de una organización se articula a través de dos modalidades a las que se atribuye diferente régimen jurídico: la primera es la participación plena, y la segunda es la participación restringida.

Participación plena

La participación plena en una organización es la que corresponde a los miembros de pleno derecho y ordinarios, a los que se aplica un conjunto de derechos y obligaciones según las reglas de organización, derivados de su condición de miembro. Los requisitos o condiciones exigidas para la prestación en una organización dependen de cada organización en concreto y obedecen a factores diferentes; obviamente, también varían de una organización a otra, y los derechos y obligaciones igualmente varían. Por lo general, son:

1. El derecho a participar en los órganos de la organización.
2. El derecho a participar en la adopción de decisiones en el seno de dichos órganos.

Hay que señalar que dentro de la participación plena se prevé la pérdida de la condición de miembro de la organización por:

1. La retirada de la organización.
2. La no participación en alguna de las actividades de la organización.
3. La exclusión de la organización.

La retirada de una organización constituye una manifestación del principio de libertad que inspira la participación en una organización, toda vez que esta participación es de carácter voluntario, no pudiéndose exigir a un Estado miembro que permanezca en la organización en contra de su voluntad. La retirada constituye un derecho inherente a la condición de miembro que equivale a la denuncia unilateral del tratado constitutivo de la organización, por lo que su ejercicio se encuentra sometido a las reglas del derecho de los tratados.

El segundo supuesto es el de la no participación en alguna de las actividades de la organización. Puede ocurrir que un Estado miembro, antes de acudir al recurso extremo de retirarse, opte por no participar en alguna de las actividades de la misma, manteniendo intactos los restantes derechos y obligaciones derivadas de su condición de miembro de la misma.

El tercer supuesto es el de la exclusión. Implica que la pérdida de la condición de miembro puede ser impuesta en contra de la voluntad del Estado. Esta exclusión puede tener un carácter temporal, en cuyo caso nos encontraremos ante un supuesto de suspensión, o bien puede ser definitiva, lo que implica la exclusión del Estado miembro de la organización. En ambos casos estaremos ante una sanción contra un Estado por la violación de ciertas obligaciones y principios esenciales de la organización.

Participación restringida

La participación restringida tiene como carácter común no reconocer la plenitud de derechos y deberes derivados de la condición de miembro pleno de la organización, y permitir en diversos grados intervenir en las actividades de la organización. Dentro de este tipo de participación cabe diferenciar entre el estatuto de miembro observador y el estatuto de miembro asociado.

El estatuto de miembro asociado tiene como finalidad determinar los sujetos que no pueden o no desean ser parte del tratado constitutivo de la organización, pero pueden participar en sus actividades. Los derechos y obligaciones derivados de este estatuto pueden resumirse en los siguientes:

1. Un miembro asociado puede participar, a veces, en la reunión de alguno de los órganos de la organización, generalmente los órganos de carácter plenario, con voz pero sin voto.
2. El miembro asociado puede intervenir en alguna actividad de la organización, como las reuniones de grupos de expertos, y puede recibir información de la organización.

El estatuto de observador es concedido en algunas organizaciones a los representantes de ciertos Estados, organizaciones y movimientos de liberación nacional, al objeto de que puedan participar en las reuniones y en los trabajos de los órganos de la organización. El alcance de los derechos y obligaciones derivados del estatuto de miembro observador varía de una organización a otra; con carácter general, estos derechos y obligaciones se limitan en:

1. Participar en algunas reuniones de ciertos órganos de la organización sin voz y sin voto, aunque a veces pueden emitir una declaración.
2. El miembro observador puede recibir documentación de la organización.

Hay que indicar que el estatuto puede constituir el paso previo para la adhesión plena de un Estado a una organización. El estatuto de observador también se utiliza para permitir que una organización participe en las actividades de otra organización; por ejemplo, la Comunidad Europea tiene reconocida la condición de miembro observador de varias organizaciones, y la condición de miembro observador también puede ser utilizada para oficializar la existencia de un movimiento nacional.

Estructura

Los Estados, al crear una organización internacional, la van a dotar de órganos propios, permanentes e independientes, destinados a ejercer unas determinadas funciones. La práctica nos muestra que no existe una estructura institucional común a todas las organizaciones, sino que cada organización posee una estructura orgánica propia según sean sus competencias y sus fines. En general, es posible diferenciar dentro de esta estructura institucional las siguientes categorías de órganos:

1. Órganos deliberantes: Estos órganos presentan cuatro características. En primer lugar, son órganos de naturaleza plenaria y de composición intergubernamental; en ellos están representados o integrados todos los representantes de los Estados miembros de la organización. En segundo lugar, son los encargados de definir las líneas generales de la política de la organización, de aprobar su presupuesto y gestión financiera, y de decidir, normalmente junto con otros órganos, la admisión, suspensión y exclusión de los miembros de la organización. Su funcionamiento se inspira en el principio de igualdad de todos los miembros, y en cuanto a su denominación, esta varía en cada organización. El órgano deliberativo de la ONU es la Asamblea General.
2. Órganos ejecutivos: Su composición es restringida y responde a diferentes criterios, como la distribución geográfica. Los órganos ejecutivos son los encargados de tomar las decisiones normativas u operacionales de la organización, y la denominación de los órganos ejecutivos es diversa. En la ONU es el Consejo de Seguridad.
3. Órganos administrativos: Están integrados por los funcionarios de la organización de que se trate y dirigidos por un secretario general. Los órganos administrativos son los encargados de ejecutar las decisiones y administrar la organización.
4. Órganos de control: Se encuentran presentes en todas las organizaciones, o sólo en las importantes. Estos pueden ejercer un control de tipo jurídico, como es el caso de los tribunales de justicia y los tribunales administrativos de ciertas organizaciones. También pueden ejercer un control de tipo político, que se da en las organizaciones que tienen asamblea parlamentaria o parlamento, y un control de tipo financiero.
5. Órganos consultivos: No están presentes en todas las organizaciones, sino sólo en algunas. En las organizaciones donde los hay se prevé que estos órganos representen los intereses sociales y económicos de los Estados miembros de la organización.

Todos estos órganos a los que acabamos de referirnos se inscriben dentro de la categoría de órganos principales de la organización. Junto a ellos encontramos una segunda categoría de órganos, que se denominan órganos subsidiarios. Estos órganos están formados por expertos independientes y su función y cometido es preparar el trabajo de los órganos principales. Los órganos subsidiarios pueden estar establecidos en el propio tratado constitutivo de la organización, o bien pueden ser creados para fines específicos por los órganos principales.

La formación de la voluntad institucional

La organización va a ser capaz de formar una voluntad jurídica diferente e independiente de la de sus Estados miembros, que se expresará a través de la adopción por parte de sus órganos de una serie de actos jurídicos que reciben diferentes denominaciones: recomendaciones, resoluciones, etc. La formación de esta voluntad institucional puede darse a través de tres procedimientos:

1. La unanimidad: Exige el consentimiento de todos los Estados interesados para la adopción de una decisión. Tiene ciertas ventajas, pero también presenta importantes inconvenientes. El principal inconveniente es que cada Estado goza del derecho de veto dentro de la organización, lo que puede dificultar la adopción de la decisión. Para evitar esto último se puede recurrir a dos procedimientos: el método de la disidencia y el método de la abstención. El método de la disidencia supone que la decisión adoptada sólo es aplicable a los Estados miembros que votasen a favor de la misma. El método de la abstención o no participación es un método desarrollado en el marco del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con respecto a sus cinco miembros permanentes. Este método implica que la abstención o la no participación de uno de ellos en la adopción de la decisión no equivale a un derecho de veto.
2. La mayoría: Es el proceso de adopción de decisiones que se utiliza en la generalidad de las adopciones de las organizaciones internacionales. La mayoría puede ser simple o cualificada. La simple es cuando se requiere la mitad más uno de los votos emitidos para la adopción del acto, y la mayoría cualificada es cuando se requieren los 2/3 partes de los votos, o una mayoría en la que intervengan Estados representativos de todos los grupos existentes en la organización. Aunque también tiene inconvenientes, sobre todo en las organizaciones que cuentan con un amplio número de miembros, y es que en las organizaciones las decisiones adoptadas pueden convertirse en decisiones formales, difíciles de aplicar a los Estados en situaciones de minoría. Para corregir este inconveniente, algunas organizaciones introdujeron algunos correctivos, tales como el voto de votos en consonancia con la importancia que tienen en la organización, de acuerdo con determinados criterios como pueden ser el poder político, su contribución financiera a la organización, su población o su extensión territorial. El derecho de veto consiste en la necesidad de que determinadas decisiones adoptadas por mayoría incluyan los votos afirmativos de un cierto número de Estados, los cuales, mediante su voto negativo, pueden impedir la adopción de la decisión.
3. El consenso: Consiste en que la adopción de la decisión se acepta sin necesidad de proceder a la votación. En este sentido, el consenso constituye un método basado en el diálogo y no en el compromiso de los diferentes grupos de Estados de la organización.

Agentes internacionales

Constituyen los medios humanos a través de los cuales las organizaciones desarrollan sus actividades administrativas y operacionales. Estos agentes tienen reconocida una serie de derechos y obligaciones. En cuanto a los derechos reconocidos, los agentes internacionales tienen derecho a recibir las retribuciones correspondientes a su categoría, a recibir remuneraciones especiales, y también a la jubilación y pensión de jubilación según los años de servicios prestados.

Las obligaciones son: los agentes están obligados a cumplir con la debida diligencia las funciones encomendadas. En segundo lugar, deben obrar en interés exclusivo de la organización, sin admitir ningún tipo de instrucción por parte de ningún gobierno, y también deberán abstenerse de ejercer actividades lucrativas o profesionales, salvo autorización expresa de la organización.

Por último, hay que indicar que los agentes internacionales disfrutan de una serie de privilegios e inmunidades para el ejercicio de sus funciones. Entre éstos cabe destacar la inmunidad que tienen contra todo proceso judicial respecto a los actos ejecutados con carácter oficial, y también estos agentes están exentos de impuestos sobre sus sueldos y de los complementos pagados por la organización.

Organización de las Naciones Unidas

Carta de las Naciones Unidas

El tratado creador de la ONU se adoptó el 25 de junio de 1945 y entró en vigor el 24 de octubre del mismo año. La creación de esta organización internacional es una idea que estuvo vigente en las potencias aliadas durante la II Guerra Mundial, especialmente a partir de la Declaración de Moscú de 1943, en la que los principales líderes aliados empezaron a perfilar la idea de la necesidad de crear una nueva organización internacional en sustitución de la Sociedad de Naciones.

Las bases concretas de la nueva organización se van a establecer en la Conferencia de Dumbarton Oaks, entre el 21 de agosto y el 28 de septiembre de 1944. El único punto en el que no se pusieron de acuerdo los representantes fue el modo de adopción de decisiones en el Consejo de Seguridad de la organización. La decisión fue adoptada posteriormente en la Conferencia de Yalta, entre el 3 y el 11 de febrero de 1945, donde se reunieron Stalin, Churchill y Roosevelt. Allí se decidió el derecho de veto de los cinco miembros permanentes. Finalmente, en la Conferencia de San Francisco (25 de abril al 26 de junio de 1945) quedó definida la estructura definitiva de las Naciones Unidas.

Naturaleza jurídica de la Carta

Al poco tiempo de la entrada en vigor de la Carta se planteó la cuestión de si la Carta era un tratado o si era una constitución internacional. La doctrina considera que la Carta de la ONU constituye un tratado, pero con rango constitucional. Las peculiaridades de este tratado pueden deducirse a través de determinadas disposiciones de la propia Carta, en concreto los artículos 2.5, 103, 108 y 109. En estos preceptos se pone de manifiesto su naturaleza constitucional, que tiene la Carta y que nos permite afirmar que no se trata de un tratado cualquiera.

El artículo 2.5 establece que la ONU hará que todos sus Miembros actúen de acuerdo con los principios previstos en la Carta, en la medida en que ello sea necesario para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Este precepto recoge una idea que choca directamente con principios básicos del derecho de los tratados, y en concreto con el principio que establece que los tratados internacionales no afectan a terceros Estados.

El artículo 103 es un precepto que reconoce expresamente la superioridad jerárquica de las disposiciones de la Carta respecto a los demás tratados, concluyendo que, en caso de conflicto entre las obligaciones contraídas por los Estados miembros en virtud de la Carta y las obligaciones contraídas en virtud de otros tratados internacionales, primarán siempre las disposiciones de la Carta. Esta idea de superioridad jerárquica quedó confirmada en el artículo 30 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados.

El artículo 108 se refiere a la reforma de la Carta, y el 109 al procedimiento de revisión de la misma. El primero (108) se refiere o contempla el caso de reformas puntuales de la Carta de la ONU. El procedimiento de reforma previsto consta de dos etapas. La primera es la etapa de adopción, que requiere el voto favorable de los 2/3 de los miembros de la Asamblea General. La segunda fase es la de entrada en vigor, que requiere la ratificación también de estos 2/3 de los miembros de la Asamblea General, con la diferencia de que deben estar incluidos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. A lo largo de la vida de la organización se llevarán a cabo algunas reformas siguiendo este procedimiento. La más destacada es la de ampliación del número de miembros del Consejo de Seguridad: originalmente eran 11, y tras la reforma se pasó a 15.

El artículo 109 recoge el procedimiento de reformas importantes o de mayor alcance que las anteriores. Para la reforma es necesario que se convoque una Conferencia General de revisión de la Carta. La convocatoria de esta reunión, así como el día, lugar y asunto, tendrá que acordarse con voto favorable también de los 2/3 de los miembros de la Asamblea General incluidos los 9 miembros del Consejo de Seguridad, sin especificar que deban ser los permanentes. La segunda etapa es la de entrada en vigor de las reformas aprobadas en la Conferencia. Esta etapa incluye una regla parecida a la del caso del artículo 108: se exige una ratificación de 2/3 de los miembros de la Asamblea General, incluidos los 5 miembros permanentes del Consejo.

Funciones de las Naciones Unidas

Es necesario hacer una lectura del artículo 1 (propósitos) y del artículo 2 (principios). En cuanto a los propósitos, destaca el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, que constituye el objetivo prioritario y central de la organización y tiene dos modos de acción: por un lado, la acción colectiva de la organización sobre situaciones de crisis internacionales en caso de amenazas para la paz, quebrantamiento de la paz o actos de agresión; y, en segundo lugar, el otro modo de actuación que se propone es lograr por medios pacíficos el arreglo de las controversias internacionales. Junto a este objetivo principal de la organización están también otros, como el fomento de las relaciones de amistad entre los Estados.

Para la consecución de estos propósitos la ONU actúa de acuerdo con los principios del artículo 2 de la Carta, desarrollados y actualizados por la Resolución 2625 de la AGNU, que son: principio de igualdad soberana; principio que recoge la obligación de solución de las controversias internacionales por medios pacíficos; principio de prohibición de amenaza o uso de la fuerza; principio de no intervención de la organización en los asuntos de jurisdicción interna de los Estados. A estos principios la resolución de la AGNU añade: principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados, principio de libre determinación de los pueblos, y principio de cooperación pacífica entre los Estados.

Es la interrelación entre los propósitos y los principios de la Carta la que nos va a permitir deducir las funciones que le corresponde desempeñar a la ONU. Se puede decir que las funciones son cuatro:

1. Mantenimiento de la paz y seguridad internacionales: A lo largo de la Carta se recogen disposiciones normativas e institucionales con las que las Naciones Unidas pueden desempeñar esta función. Entre las disposiciones normativas cabe referirse al artículo 2.4 de la Carta, que establece la prohibición de la amenaza o uso de la fuerza. En cuanto a las disposiciones institucionales, cabe referirse al Capítulo VI de la Carta, que establece un mecanismo de seguridad colectiva que permite a la organización intervenir en nombre del interés colectivo en casos o supuestos de amenaza para la paz, quebrantamiento o actos de agresión. Asimismo, dentro de estas disposiciones institucionales cabe recurrir al Capítulo VIII de la Carta, que prevé la acción de acuerdos o mecanismos regionales en el ámbito del mantenimiento de la paz y seguridad internacionales.
2. La solución pacífica de las controversias internacionales: Está regulada en el Capítulo VI de la Carta. Se establece que la ONU puede intervenir en aquellas controversias que sean susceptibles de poner en peligro la paz y la seguridad internacionales. Por tanto, la ONU no tiene competencias para intervenir en cualquier controversia, sino únicamente en aquellas que tengan la suficiente gravedad como para comprometer la paz y la seguridad internacionales. De acuerdo con la Carta, los órganos que intervienen en la solución de las controversias son los siguientes: el Consejo de Seguridad, la Asamblea General, el Secretario General y los organismos o acuerdos regionales.
3. Cooperación para el desarrollo: Se deduce del artículo 1.3 y 55 de la Carta. Se concreta en la realización de la cooperación internacional en la solución de los problemas internacionales de carácter económico, social, etc. En el marco de esta función de cooperación, la ONU despliega una serie de acciones. Entre estas acciones podemos mencionar las siguientes: canalizar la ayuda directa a los países en desarrollo, brindar asistencia técnica mediante actividades operacionales de la propia organización con programas como el PNUD, y asistencia técnica que brinda a los países en desarrollo en la regulación del comercio internacional en el marco concreto de la Organización Mundial del Comercio.
4. Promoción y protección de los derechos humanos: Esta materia está recogida en el artículo 1 de la Carta. En el marco de esta función, la organización desplegó una intensa práctica que la llevó a crear organismos específicos para la protección de estos derechos. En concreto, algunos como la Comisión de Derechos Humanos (1946), que actualmente es el Consejo de Derechos Humanos (2006). Asimismo, las NU elaboraron un número elevado de instrumentos en esta materia, tanto generales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, como específicos (Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio). Esta práctica de la organización en materia de protección y promoción de los derechos humanos dio lugar a la creación de todo un sistema de control y prevención en materia de derechos humanos a través de mecanismos convencionales y mecanismos extraconvencionales (destaca la labor del Consejo de Derechos Humanos). Este sistema de protección se completa con un programa de asesoramiento y asistencia técnica dirigido por el Alto Comisionado de Derechos Humanos.

Miembros de las Naciones Unidas

Pérdida y suspensión de la condición de miembro

Naciones Unidas es una organización internacional que tiene carácter interestatal. En la Carta se abre la posibilidad a la participación de todos los miembros de la sociedad internacional. En la actualidad, Naciones Unidas está integrada por 193 Estados, que representan a la gran mayoría de países del mundo, con excepciones como Taiwán. El último país en incorporarse fue Sudán del Sur, en julio de 2011, en ejercicio de su derecho a la libre determinación.

La Carta de las Naciones Unidas hace una distinción entre los miembros originarios y los admitidos (artículos 3 y 4). Los miembros originarios son los que participaron en la Conferencia de San Francisco (51 Estados), y los miembros admitidos son los que no tienen la condición de originarios y se incorporaron posteriormente.

En cuanto a las condiciones para ser miembro, tenemos por un lado las condiciones sustantivas del artículo 4, que son: que el candidato a ser miembro sea un Estado; que el Estado candidato sea amante de la paz (condición que hoy en día ha perdido toda vigencia); que el Estado candidato acepte las obligaciones previstas en la Carta; y otra condición que se exige es la de estar capacitado para cumplir dichas obligaciones, y que el Estado, estando capacitado para cumplir con sus obligaciones, se haya dispuesto a hacerlo. Estas son las condiciones que hay que tener en cuenta para votar a favor o en contra de un nuevo miembro de la ONU.

Las condiciones de procedimiento están previstas en el artículo 4.2 de la Carta y son: que el Estado que quiera ingresar deberá dirigir una solicitud de admisión al Secretario General de la organización; y que la decisión en cuanto a la admisión o no corresponde a la AGNU, previa recomendación del CSNU. Para que la AG pueda decidir en este punto, la decisión deberá adoptarse por una mayoría de 2/3 de los miembros presentes y votantes en la AGNU.

Una vez admitido un Estado como miembro de Naciones Unidas, este pasará a gozar de todos los privilegios y derechos inherentes a la condición de miembro y deberá cumplir con las obligaciones de la Carta.

Pérdida y suspensión de la condición de miembro

La pérdida de la condición de miembro está prevista en el artículo 6 de la Carta, y la suspensión en el artículo 5. La pérdida establece la posibilidad de que un miembro sea expulsado de la organización en el caso de que haya incumplido y violado los principios contenidos en la Carta. La expulsión de este miembro es decidida por la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad. Hasta la fecha, ningún miembro ha sido expulsado.

En lo que se refiere a la suspensión de la condición de miembro, el artículo 5 prevé la posibilidad de que algún miembro sea privado del ejercicio de los derechos y privilegios inherentes a la condición de miembro en el caso de que fuese objeto de una acción preventiva o coercitiva por parte del Consejo de Seguridad. Esta suspensión de la condición de miembro tiene el carácter de sanción, y la decisión la va a tomar la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad. Cabe la posibilidad de que el Consejo lo restituya al Estado miembro de sus derechos y privilegios que le han sido suspendidos. La práctica también nos indica que hasta la fecha ningún Estado miembro ha sido suspendido.

Estructura orgánica

El artículo 7 de la Carta establece como órganos principales de la ONU: la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y la Secretaría. Los órganos principales autónomos son sólo la AG, el CS y la CIJ. El Consejo Económico y Social está subordinado a la AG. El Consejo de Administración Fiduciaria está subordinado a la AG y al CS, y la Secretaría a la AG y a los otros tres consejos.

La calidad de órgano plenario corresponde sólo a la AG. La participación de los Estados en los restantes órganos tiene carácter restringido. Todos los órganos, a excepción de la CIJ y la Secretaría, son órganos intergubernamentales. Junto a estos órganos principales, la Carta prevé la posibilidad de creación de órganos subsidiarios. La práctica de la ONU nos revela la existencia de un número elevado de órganos subsidiarios creados al amparo de estas disposiciones.

Órganos principales

a) Asamblea General

La AG es el único órgano principal intergubernamental que tiene carácter plenario, ya que todos los Estados partes de la ONU forman parte de ella según el artículo 9.1. La AG tiene dos tipos de competencias:

1. Competencia general: A tenor del artículo 10 de la Carta, faculta a la AG para discutir cualesquiera asuntos o cuestiones dentro de los límites de la Carta o que se refieran a los poderes o funciones de cualquiera de los órganos creados por ella, así como hacer recomendaciones sobre tales asuntos o cuestiones a los Estados miembros, al CS o a ambos a la vez. Esta facultad de hacer recomendaciones tiene como límite, según el artículo 12 de la Carta, el caso de que el CS esté ejerciendo sus funciones respecto a una controversia, en cuyo caso la AG deberá abstenerse de hacer recomendaciones a no ser que lo pida el CS.

Dentro de las competencias específicas asignadas a la AG destacan: las relativas al mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, a la solución pacífica de las controversias internacionales, al fomento de la cooperación internacional, al impulso del estudio, desarrollo progresivo y codificación del derecho internacional, y competencia en materia presupuestaria.

En el ámbito del mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, la AG dispone de algunas competencias, aunque, como ya se indicó, en situaciones concretas no puede adoptar ninguna recomendación si el CS está ejerciendo sus funciones. Es el CS, a tenor del artículo 24.1 de la Carta, el que tiene la responsabilidad primordial en este ámbito. En consecuencia, la AG podrá hacer recomendaciones en relación con el desarme y la regulación de armamentos (art. 11.1), y también puede discutir toda cuestión relativa al mantenimiento de la paz y seguridad internacionales que presente a su consideración cualquier Estado miembro o no miembro o el CS, y hacer recomendaciones en este sentido (11.2). En tercer lugar, puede llamar la atención del CS sobre algunas situaciones susceptibles de poner en peligro la paz y seguridad internacionales (11.3 Carta).

En relación con la solución pacífica de las controversias, la AG ejerce sus funciones ampliamente, recomendando recurrir a determinados medios de solución, creando órganos subsidiarios con funciones de buenos oficios, encuesta, mediación o conciliación, indicando términos de arreglo e incluso señalando medidas provisionales. El ejercicio de esta competencia está sometido a las limitaciones del artículo 12, es decir, subordinada al CS.

La AG fomenta también la cooperación internacional en aspectos políticos, económicos, derechos humanos, etc. (art. 13.1 Carta). Otra de las competencias de la AG según el artículo 13 de la Carta es el impulso de la difusión, estudio, desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación, no sólo a través de las grandes convenciones codificadoras, sino también a través de la influencia que las resoluciones de la AG tienen en la conformación y evolución del derecho internacional, así como a través del programa de asistencia de las NU para la enseñanza, el estudio, la difusión y una comprensión más amplia del derecho internacional, establecido por resolución de la AG de 20 de diciembre de 1965.

Finalmente, corresponde a la AG la competencia presupuestaria, pues según el artículo 17 de la Carta es ella quien aprueba el presupuesto de la organización, determinando la proporción en que cada miembro debe contribuir a sufragar los gastos. Asimismo, la AG tiene competencias en orden a la admisión y expulsión de miembros, elección de miembros para integrar otros órganos, nombramiento del Secretario General, elección de los jueces de la CIJ, etc.

b) Consejo de Seguridad

Es otro de los órganos principales de la ONU, de carácter intergubernamental y de participación restringida. Respecto a su composición, está integrado por 15 miembros, y existen dos categorías: a) 5 permanentes (EE. UU., China, Francia, Reino Unido, Rusia); b) 10 miembros no permanentes, elegidos de este modo: 5 de África y Asia, 1 de Europa Oriental, 2 de Latinoamérica y 2 de Europa Occidental.

Sus competencias son el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales (art. 24 de la Carta), y las decisiones que toma en este sentido tienen carácter obligatorio. Así, el CS tiene competencias concurrentes con la AG en materia de solución de controversias. Tiene otras competencias relativas a la admisión, expulsión y suspensión de la calidad de miembro, elección de los jueces de la CIJ, ejecución de sus fallos, facultad de pedir dictámenes, etc.

Una cuestión importante es la adopción de decisiones. El artículo 27 distingue dos grupos de cuestiones: 1) las decisiones sobre cuestiones de procedimiento, que se toman por el voto de 9 miembros; 2) las decisiones sobre cuestiones de fondo, que requieren el voto de 9 miembros, incluyendo el voto afirmativo de los 5 miembros permanentes. Esto implica que si uno de los miembros permanentes vota en contra, no hay decisión sobre la cuestión. Esto es lo que se llama derecho de veto. Su uso por parte de los miembros permanentes ha bloqueado en multitud de ocasiones la acción coercitiva del CS. Contra el uso y abuso del veto se han buscado algunos remedios, tales como: 1) considerar que la ausencia de un miembro permanente no supone el ejercicio de veto; 2) considerar que la abstención de votar de un miembro permanente no implica vetar la decisión; 3) cuando los miembros permanentes del CS sean partes en una controversia se abstendrán de votar; 4) acudir al método del consenso, de forma que debatida la cuestión en el seno del CS, el presidente del CS, en su calidad de tal y no como representante de un Estado miembro, resume el debate y saca las conclusiones, manifestando que éstas expresan la voluntad del CS en su conjunto, salvo objeción por parte de algún miembro. Si no se presenta objeción, la decisión se toma sin acudir a la votación.

También hay que indicar respecto a las reuniones del CS que la Carta prevé las de carácter periódico, pero prevé también que su funcionamiento sea continuado cuando así lo requiera la situación internacional.

c) Secretaría

La Secretaría es otro de los órganos principales de las NU. Tiene carácter no gubernamental, ya que no representa a ningún Estado y no puede recibir instrucciones ni debe rendir cuentas a ningún gobierno de un Estado miembro o a cualquier otra autoridad ajena a la ONU. En consecuencia, las funciones del Secretario General son de naturaleza exclusivamente internacional.

La Secretaría está compuesta por el Secretario General y por el personal administrativo necesario. El Secretario General es nombrado por la AG a recomendación del CS, y el plazo de su mandato es de 5 años renovables.

Las competencias del Secretario General son variadas y de distinta importancia, existiendo dos categorías: 1) Las técnico-administrativas, que pueden ser: técnico-económicas (preparar el proyecto de presupuesto de la organización, el control de los gastos e ingresos); técnico-organizativas (organizar el trabajo burocrático de los distintos órganos de las NU, la contratación del personal, etc.); competencias administrativas propiamente dichas (actuar como secretario en todas las sesiones de la AG, del CS, del Consejo Económico y Social, del Consejo de Administración Fiduciaria, y desempeñar las demás funciones que le encarguen dichos órganos); técnico-jurídicas (ser depositario de los tratados, registrarlos y publicarlos); técnico-asesoras (preparación de estudios e informes, suministrar documentos); técnico-coordinadoras entre los diversos órganos de las NU. 2) Dentro de las competencias políticas y diplomáticas: competencias político-administrativas (informe anual que el Secretario General debe presentar a la AG); competencias político-representativas (formular reclamaciones en nombre de la organización ante tribunales nacionales e internacionales); competencias político-diplomáticas (llamar la atención del CS hacia cualquier asunto que en su opinión pueda poner en peligro el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, actuar como mediador, etc.); competencias político-ejecutivas (organizar los contingentes armados al servicio de las NU).

d) Tribunal Internacional de Justicia

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 y 92 de la Carta de las NU, la CIJ es el órgano principal de las NU, que tiene su sede en el Palacio de la Paz en La Haya.

La CIJ tiene una doble misión: resolver conforme al derecho internacional las controversias de orden jurídico que le sean sometidas por los Estados, y dar opiniones consultivas sobre cualquier cuestión jurídica que le planteen los órganos u organizaciones autorizadas.

En cuanto a su composición, el tribunal está integrado por 15 miembros que deben reunir las siguientes condiciones: ser de distinta nacionalidad, gozar de alta consideración moral, reunir las condiciones requeridas para el ejercicio de las más altas funciones judiciales en sus países, o ser juristas de reconocida competencia en derecho internacional (art. 2 del Estatuto de la CIJ); representar las grandes civilizaciones y los principales sistemas jurídicos del mundo; no ejercer función política o administrativa, ni ocupación de carácter profesional.

Los jueces de la CIJ son elegidos conjuntamente por la AG y el CS por un periodo de 9 años, pudiendo ser reelegidos.

Dentro de la organización de la CIJ cabe destacar la figura del juez ad hoc, regulada por el artículo 31 del Estatuto, que establece que, cuando en un asunto una de las partes cuente entre los miembros permanentes del tribunal con un magistrado de su nacionalidad, la otra parte tendrá derecho a designar una persona de su elección para que tome asiento en calidad de magistrado. Esta facultad se extiende asimismo al supuesto en que ninguna de las partes cuente con juez de su nacionalidad. Las partes no están obligadas a designar como jueces ad hoc a nacionales suyos, sino que pueden nombrar a nacionales de un tercer Estado.

Aunque la CIJ ejerce sus funciones en sesión plenaria, tanto el Estatuto como el Reglamento del Tribunal prevén la posibilidad de que este órgano judicial constituya salas cuyas decisiones poseen los mismos efectos jurídicos que si emanaran del pleno del Tribunal. Asimismo, cabe destacar que dentro de la organización del Tribunal funciona una Secretaría.

En cuanto a la competencia de la CIJ, es de dos tipos:

1. Competencia contenciosa respecto a cualquier litigio que las partes le sometan. El Tribunal sólo puede conocer de un litigio si los Estados implicados aceptan su competencia de una de las tres maneras siguientes: a) en virtud de un acuerdo denominado compromiso, concluido entre ellos con el objetivo concreto de someter el litigio al tribunal (es el procedimiento normal); b) en virtud de una cláusula jurisdiccional prevista en un tratado, es decir, cuando las partes son parte en un tratado que contiene disposiciones estableciendo el sometimiento al tribunal de las controversias relativas a la interpretación o aplicación de dicho tratado; c) en virtud de declaraciones realizadas por los Estados, reconociendo como obligatoria ipso facto y sin convenio especial la jurisdicción de la CIJ. En este caso, los Estados pueden aceptar la jurisdicción obligatoria de forma incondicional, a condición de reciprocidad o por un tiempo determinado (art. 36 del Estatuto). Asimismo, en estas declaraciones a veces se contienen reservas que excluyen determinadas categorías de controversias.

El procedimiento aplicado por la CIJ en los asuntos contenciosos se contiene en el Estatuto de la CIJ y en su Reglamento, adoptado el 14 de abril de 1978. Dicho procedimiento comporta una fase escrita y una fase oral, que concluye con una sentencia definitiva e inapelable (art. 60 del Estatuto) y de carácter obligatorio para las partes en el litigio (art. 59 del Estatuto). Si una de las partes no acepta la ejecución de la sentencia, la otra parte, en virtud de lo dispuesto en el artículo 94.2 de la Carta, puede recurrir al CS, el cual, si lo cree necesario, podrá hacer recomendaciones o dictar medidas con objeto de que se lleve a efecto la ejecución del fallo. Hasta la actualidad, la CIJ ha tenido muchas controversias, entre las que cabe destacar las relativas a las fronteras terrestres y las delimitaciones marítimas, la soberanía territorial, etc.

2. Competencia consultiva, consistente en la emisión de dictámenes sobre cualquier cuestión jurídica que le sea sometida por órganos u organizaciones autorizadas. Están autorizados para pedir estas opiniones consultivas, a tenor del artículo 96 de la Carta, la AG y el CS. Y con autorización de la AG, también pueden solicitarlas el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria, la Comisión Interina de la Asamblea, el Comité sobre Peticiones de Revisión de las Sentencias del Tribunal Administrativo, así como también los organismos especializados de las Naciones Unidas. Aunque de un innegable valor jurídico, los dictámenes no son obligatorios. Desde 1946 hasta la actualidad, la CIJ ha emitido una veintena de opiniones relativas a la admisión de Estados en la ONU, la reparación de daños sufridos al servicio de las NU, etc.

e) Consejo Económico y Social

Es un órgano principal, de participación restringida, de carácter intergubernamental, integrado por los representantes de los gobiernos de los Estados miembros y subordinado a la AG y al CS. En cuanto a su composición, está integrado por 54 miembros, elegidos por la AG por 3 años según criterios geográficos, con posibilidad de reelección. Asimismo, en los trabajos del ECOSOC puede participar, sin derecho a voto, los Estados no miembros del Consejo particularmente interesados (art. 69 de la Carta) y representantes de organismos especializados (art. 70).

Organismos especializados

Los organismos especializados están vinculados a la ONU por medio de un acuerdo de la Asamblea General en el cual se regulan las condiciones de relación de cooperación entre ambas organizaciones. Aquí podemos citar:

1. Organización Internacional del Trabajo (OIT), sede en Ginebra.
2. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), sede en Roma.
3. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), sede en París.
4. Organización Mundial de la Salud (OMS), sede en Ginebra.
5. Fondo Monetario Internacional (FMI), sede en Washington.
6. Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), sede en Montreal.
7. Organización Marítima Internacional (OMI), sede en Londres.
8. Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), sede en Ginebra.
9. Unión Postal Universal (UPU), sede en Berna.
10. Organización Meteorológica Mundial (OMM), sede en Ginebra.
11. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), sede en Ginebra.
12. Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), sede en Roma.
13. Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), sede en Viena.
14. Organización Mundial del Turismo (OMT), sede en Madrid.