Parejas de Hecho y Derecho de Familia en España: Concubinato, Alimentos entre Parientes y Marco Legal

Su mujer, hijos, o que materialmente "viven" en sus centros de educación, guarderías y almacenes de criaturas, que ya nada conocen de cariño de sus padres, que cansados de la jornada laboral los recogen con desgana al final del día. La vida familiar así no existe, se pierde toda comunicación; la voz única que se escucha con cierta atención es la de la televisión, y los rígidos horarios laborales todo lo condicionan. Hay otras razones más, también de índole económica: son los bajos salarios, la inseguridad laboral, son las viviendas minúsculas en "ciudades dormitorio", la delincuencia y la gran desconfianza generacional, que van día a día minando la fe de pasar tiempos.

Las uniones de hecho

No podemos establecer un "numerus clausus" de problemas o cuestiones de posible planteamiento en aquellas familias no unidas por el vínculo del matrimonio. En principio conviene decir que el Código Civil ignoró, al igual que su predecesor francés, todas las relaciones que habían sido creadas a espaldas del derecho, y se llegó al extremo de prohibir la investigación de la paternidad de los llamados hijos ilegítimos o naturales. Paradójicamente, y como veremos, el concubinato fue tratado muy diferentemente en nuestro derecho histórico.

Esta ignorancia legislativa por parte del legislador, fundada en el Código francés que no recogía el concubinato, fue debida al mismo Napoleón, que endureció el derecho de familia y especialmente la posición de la mujer casada. Por otra parte, sabemos bien cómo nuestra historia regulaba las llamadas "barraganías", tal como aparecen en el Fuero Juzgo y en las mismas Partidas. Hay que tener en cuenta que estas uniones no estuvieron previstas hasta hace muy poco; simplemente eran hechos "ajurídicos", pero no antijurídicos, pues carecían de normativa legal, sin embargo, producían una serie de efectos personales, económicos y de filiación de indudable trascendencia económica.

El propio Código Civil, tras las sustanciales reformas de 1981, considera en varias ocasiones otra situación social y no jurídica como es la convivencia de hecho.

La Constitución, sin llegar a referirse a estas uniones expresamente, nos da los principios que nos aconsejan respetarlas: art. 9.2 (libertad e igualdad del individuo), art. 10.1 (dignidad de la persona) y, especialmente, el art. 14, que proclama la igualdad ante la ley de todos los españoles.

El Tribunal de Casación de Italia, ya desde la vieja sentencia de 1977, vino a reconocer la "famiglia di fatto" conforme al art. 2 de su Constitución.

Nuestra jurisprudencia

Ya desde hace años, nuestra jurisprudencia rompe con los estrictos moldes del legislador y, en varias sentencias, se pronuncia sobre las uniones de hecho. Así, debemos estar ante uniones estables de la pareja y por tiempo indefinido, aunque pueda romperse el vínculo o contrato por voluntad unilateral. Es decir, y en principio:

• Convivencia "more uxorio" estable y duradera;
• Heterosexualidad;
• Relación sexual monógama;
• Ausencia de toda formalidad;
• Cumplimiento voluntario por la pareja de las normas sociales del matrimonio.

Marco legislativo actual

El actual extremo del proceso han sido las leyes de 1 y 8 de julio de 2005, sobre el derecho a contraer matrimonio y modificación del Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio.

En el ámbito autonómico, Cataluña fue la primera en legislar sobre parejas no casadas. Aragón aprobó la Ley 6/1999, de 26 de marzo, relativa a parejas estables no casadas. En su preámbulo se recuerda que, desde que en 1982 el Consejo de Europa promovió el primer y único congreso sobre parejas no casadas, varios de los países de la Unión, de una forma u otra, han ido adaptando sus respectivas legislaciones a este fenómeno convivencial.

La ley tiene un total de 18 artículos, 2 adicionales y 1 disposición final. Ya ha entrado en vigor y funciona el Registro administrativo que recibe la inscripción de toda pareja no casada (art. 2 de la Ley) y que ha tenido un plazo, desde su creación, de 6 meses desde la publicación de la ley.

El período mínimo de unión deberá ser de 2 años o su constitución mediante escritura pública que regulará la convivencia si es preciso. Los gastos comunes se pagarán en proporción a sus respectivos ingresos.

No es momento de comentar toda la ley, que por otra parte no merece un juicio crítico positivo, pues hay cuestiones muy delicadas que no están bien tratadas ni muy bien resueltas. Valga como ejemplo el tema de la fiducia sucesoria (art. 17) y la modificación que se hizo en su día en orden a las posibilidades de adopción incluso por parejas homosexuales.

5. Derecho de familia: su contenido y caracteres

Como bien dice Lacruz, "el derecho frente al hecho de la familia es un 'posterius', pues el legislador no crea a la familia, solo se limita a tenerla en cuenta al disciplinar otras facetas de la vida humana". Por otro lado, añade Picazo: "inicialmente la familia es un grupo y una institución que merecen solo el calificativo de 'social', pero cuando el ordenamiento jurídico se ocupa de ella y la organiza y reglamenta legalmente, la transforma en una institución jurídica".

Así, siguiendo a O'Callaghan, la definimos como conjunto de normas jurídicas, integrantes del derecho civil, que regulan la familia en todos sus aspectos de derecho privado.

La doctrina extranjera, especialmente la italiana (Cicu, Ruggiero) y gran parte de la española (Castán, Lacruz, Puig Brutau), coinciden sustancialmente en señalar como caracteres del derecho de familia los siguientes:

1. Su contenido ético. Es decir, sus normas básicas proceden más de la ética que del campo del derecho positivo, debido a que la familia es, sin duda, la institución natural que el derecho se limita a aceptar y regular. Así se comprende que existan preceptos sin sanción o con sanción atenuada, pues casi dependen más de la conciencia de los sujetos interesados que de otra cosa.
2. Prevalencia de las relaciones personales y del interés supraindividual. En el derecho de familia se regula fundamentalmente: estados, derechos y deberes personales, pasando posteriormente a regular relaciones económicas, como los alimentos, el régimen económico matrimonial, la patria potestad (PP), el régimen tutelar, etc. Pero todas estas relaciones tienen un papel secundario, pues no son reguladas por sí mismas, sino como consecuencia de aquellas relaciones personales. Wolf, citado por Lacruz, insiste en el sentido personal que tienen las relaciones familiares contraídas en la pareja hombre y mujer, pero siempre subordinadas a intereses supraindividuales: los de la familia.
3. Su carácter de función. Cuando se concede un derecho, no es para la satisfacción de un interés individual de justa protección, es decir, un derecho subjetivo, sino para cumplir un deber; a este derecho se le da el nombre de función. En derecho de familia, es muy frecuente el carácter de función de sus derechos (los padres sobre sus hijos, cónyuges entre sí...).
4. Limitada autonomía de la voluntad. Sabemos bien que el principio de autonomía de la voluntad es básico e insustituible pilar del derecho civil. Pero en derecho de familia sufre una especial limitación, pues sus normas, por lo general, son imperativas e inderogables. El acuerdo de la pareja crea la unión, el status matrimonial, pero se deberá aceptarlo tal como esté previsto por la ley, sin que la autonomía de la voluntad de los contrayentes lo pueda modificar en ningún caso. En consecuencia, ni se podrán variar sus efectos personales, ni la función en el ejercicio de la PP o los deberes de la afiliación. Únicamente se mantendrá una relativa autonomía en lo referente a ordenar las relaciones económicas, pero en cualquier caso, estas también estarán condicionadas muchas veces con las relaciones personales.

En resumen, y por lo general, los derechos de familia son indisponibles y casi siempre intransmisibles, irrenunciables e imprescriptibles.

2. La obligación de alimentos entre parientes. Concepto, naturaleza y caracteres

Es indudable que el primer bien que la persona posee, en un orden tanto físico como jurídico y social, es su vida misma. De ahí se deriva nuestro indudable interés por conservarla, lo que proyecta como primera necesidad el alcanzar los medios bastantes para subsistir.

Por esta razón, ningún ordenamiento jurídico puede permanecer indiferente ante una cuestión tan fundamental, y así las leyes dictarán preceptos que tiendan a asegurar los bienes vitales para la persona. Es de esta forma como nace la necesidad de un instituto jurídico que abarque de modo general el conjunto de situaciones que se pueden y se van a plantear. Bajo la rúbrica "De los alimentos entre parientes", el Título VI del Libro I, arts. 142 a 153 CC, van a discutir esta necesidad convertida en institución, y que indudablemente la norma y la doctrina han recogido.

Dice el art. 142 CC que "se entiende por alimentos: (a) todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica. Los alimentos comprenden también la educación e instrucción del alimentista mientras sea menor de edad, y aun después cuando no haya terminado su formación por causa que no le sea imputable. Entre los alimentos se incluirán los gastos de embarazo y parto en cuanto no estén cubiertos de otro modo".

Este artículo ha sido redactado conforme a la Ley 11/1981, de 13 de mayo. En su redacción originaria, el primer párrafo condicionaba los alimentos a la "posición social de la familia", no contemplando la duda alimenticia sobrepasada la menor edad.

En cualquier caso, el criterio dominante parte de la idea de que los alimentos son una obligación exigible, lo cual sucede a partir de una determinada edad, y no cuando se ha adquirido la capacitación y la lucha por la vida, pues es un asunto personal que cada uno ha de resolver.

Ahora bien: cuando estas prestaciones vitales no son posibles de satisfacer individualmente (menores o impedidos) o en lo que suponga lo referido en el art. 142, estos alimentos se ponen a cargo de los miembros de la familia, obligación que irá disminuyendo a medida que el grado de parentesco se aleja.

Tengamos muy presente que la obligación jurídica de alimentos es significativamente una obligación familiar. El Estado organiza medios de atención a los necesitados, lo que hoy ya cumple la función que tradicionalmente se ha venido en llamar "beneficencia". Sin embargo, a partir de la Constitución, cuando el Estado se ocupa de los ciudadanos en total necesidad, no hay beneficencia sino que cumple rigurosas obligaciones. No en vano nuestro Estado se define como "Estado social", y así queda claro en los arts. 41, 49 y 50 de la Constitución, que según García Cantero establecen vínculos analógicos entre la deuda alimenticia y la seguridad social.

"Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo..." (art. 41 CE).

Gitrama, en cambio, no opina igual, pues cree que el Estado, hoy por hoy, no puede ni debe, con la seguridad social, reemplazar la deuda alimenticia, ya que el sistema español de seguridad social no protege a la totalidad de la población ni cubre todos los riesgos posibles, ni sus prestaciones son siempre suficientes. Picazo considera que, si el presupuesto real de la obligación legal de alimentos radica en la total necesidad, es posible entender que esta institución solo funciona en derecho civil cuando las instituciones sociales del Estado no cumplen. Por eso, cada vez vamos más hacia la obligación de alimentos como institución subsidiaria, de menor importancia o posiblemente asumida en otras obligaciones (PP, ayuda en la madre...).

Naturaleza y caracteres

Nos indica Lacruz que la doctrina discute si la obligación de alimentos se trata o no de una obligación ordinaria, es decir, de las que alude el art. 1088 del Código, y añade el citado autor: "la respuesta dependerá de los límites que atribuyamos al concepto de obligación: si la deuda representa la relación aislada, es decir, que se agota con el cumplimiento, el simple derecho a los alimentos no puede merecer la calificación de derecho de crédito en el sentido ordinario". Y así opina Beltrán de Heredia, pues este derecho (los alimentos) no es de naturaleza patrimonial, aunque tenga su contenido. La obligación de alimentos, en su sentido amplio, no consiste solo en "dar de comer", sino en mantener al alimentista en igual posición social en la que se desenvolvía, así como también en lo concerniente a educación y vestido.

En lo referente a los caracteres, estos dan a nuestro instituto la fisonomía propia:

• 1º. Impuestos por ley. Se trata, desde luego, de la obligación creada, impuesta y regulada por la ley. Las demás deudas alimenticias, voluntarias e incluso legales, tienen sus normas propias. Al lado de la obligación de alimentos impuesta a los cónyuges y parientes en línea recta por el art. 143, el Código Civil establece la obligación de mutua ayuda y mutuo socorro entre cónyuges (arts. 67 y 68 CC) y la de los padres de "tener en su compañía, alimentar y educar" a sus hijos (art. 154.1 CC), obligación que les compete en cuanto titulares de la PP. Obviamente, se ha discutido por la doctrina si se trata en estos casos de obligaciones distintas a la de alimentos legales del 142 CC, o bien de la cualificación de estos. En este caso habría que considerar los arts. 68 y 154.1 CC incluidos en la letra del art. 143 CC. Otro criterio sería intentar defender que estamos ante institutos distintos, postura en la que se sitúa la opinión dominante al optar por la distinción entre la obligación de mantenimiento a nuestro cónyuge e hijos menores y la más estricta de alimentos. El deber de los padres de alimentar a sus hijos no es un deber recíproco sino exclusivo de ellos y, además, no está, esto es importante, condicionado al extremo de la carencia o necesidad vital. Un niño de corta edad, aun teniendo bienes propios, es decir, siendo "rico por su casa", tendrá siempre necesidades de ciertos cuidados personales. En cambio, la obligación de alimentos propiamente dicha surge solo cuando, cumplida la más amplia obligación de alimentación del menor (educación, instrucción...), el hijo se encuentra necesitado y ya independientemente de la edad de este. Si bien aquí es muy valorable la culpabilidad: si el hijo mayor es lo que entendemos socialmente como "vago total", de mala conducta, etc., entonces los padres no tienen obligación de alimentarlo, como tampoco lo deberán hacer si dicho hijo puede ejercer un oficio o trabajo.
• 2º. Reciprocidad. Los sujetos activos y pasivos son los mismos. En particular, serán uno u otro según la fortuna de cada uno: alimentante y las necesidades del otro, alimentista (art. 143 CC). Están obligados recíprocamente a darse alimentos (ver art.).
• 3º. Relatividad. Es decir, en cuanto todo depende de las posibilidades económicas del alimentante y de las necesidades reales del alimentista. Asimismo, y en consecuencia, es variable y condicional, en cuanto la deuda bien se reducirá o bien aumentará según cualquier posibilidad y necesidad expresada, y se extinguirá si desaparece una u otra. Fernández Gil considera que la modificación de la deuda de alimentos puede ser problemática cuando la cuantía se haya fijado por sentencia firme.
• 4º. Gratuidad. Estamos ante la obligación que supone la liberalidad impuesta por ley. Quien recibe los alimentos no debe ni debe ninguna contraprestación al alimentante.
• 5º. Personalismo e indisponibilidad. La obligación se impone a un concreto alimentante y a favor de un concreto alimentista. En consecuencia, aunque como obligación es indisponible, sí se puede disponer de las cantidades objeto de los alimentos (art. 151 CC): el derecho a alimentos no es compensable, no es renunciable ni transmisible a un tercero.