La Personalidad Jurídica de las Administraciones Públicas y Tipología de Entes Públicos

1. La Personalidad Jurídica de las Administraciones Públicas

La personalidad jurídica de cada Administración se reconoce en el artículo 3.4 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo (así como en la actual legislación básica administrativa), al disponer que cada una de las Administraciones Públicas actúa para el cumplimiento de sus fines con personalidad jurídica única.

La opción descentralizadora seguida por la Constitución Española al abrir paso al Estado de las Autonomías ha provocado que, más que de «Administración» en singular, debamos hablar de Administraciones Públicas. Esto implica la existencia de una pluralidad de entidades administrativas dotadas cada una de ellas de personalidad jurídica propia y, por tanto, constituidas como sujetos de derechos y deberes.

La ley reguladora del procedimiento establece en su artículo 2 qué se entiende por Administraciones Públicas:

• La Administración General del Estado.
• Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
• Las entidades que integran la Administración Local.
• Los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas que cuentan con personalidad jurídica propia.

Características de la Personalidad Jurídica Administrativa

1. Personalidad jurídica única: Cada Administración actúa como un centro único de imputación jurídica, independientemente de la multiplicidad de sus órganos internos.
2. Origen constitucional: Es una personalidad jurídica que emana directamente del texto constitucional (especialmente en los artículos 152, 153 y 154 para las Comunidades Autónomas).
3. Posición jurídica superior y principio de competencia: Se trata de personas jurídicas superiores en cuanto no dependen jerárquicamente de ninguna otra, ni siquiera entre sí, puesto que sus relaciones mutuas se rigen por el principio de competencia y no por el de jerarquía.
4. Servicio a los fines de la comunidad política: La Administración se encuentra al servicio del Estado o de la Comunidad Autónoma respectiva como comunidad política y, de este modo, sus órganos superiores constituyen a su vez parte del poder ejecutivo.

La Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas no agotan la totalidad de la organización administrativa: son sus ejes fundamentales, pero a su vez se diversifican en una pluralidad de entes dotados de personalidad jurídica propia distinta de la que ostentan aquellas administraciones matrices.

2. Tipología de los Entes Públicos

La principal distinción doctrinal y legal se establece entre entes territoriales y entes no territoriales:

1. Ámbito personal y espacial de su poder: El poder de los entes territoriales se extiende sobre toda la población asentada en un territorio delimitado; en cambio, el poder de los no territoriales alcanza únicamente a determinados sujetos vinculados a sus fines específicos.
2. Fines e intereses que persiguen: Los entes territoriales están destinados a la satisfacción de la universalidad de los intereses públicos generales de su comunidad; los entes no territoriales actúan condicionados y limitados por el principio de especialidad de sus cometidos.
3. Potestades públicas atribuidas: Los entes territoriales ostentan poderes públicos superiores y potestades exorbitantes originarias (como la potestad reglamentaria, la tributaria o la expropiatoria), facultades de las que carecen o tienen muy limitadas los entes no territoriales.
4. Capacidad de creación institucional: Los entes territoriales pueden, con el fin de gestionar determinados servicios, crear entes no territoriales, filiales o instrumentales; por el contrario, los no territoriales se limitan a la gestión instrumental del servicio encomendado.

Son entes territoriales exclusivamente:

• El Estado.
• Las Comunidades Autónomas.
• Las Entidades Locales (municipios, provincias e islas).

Subclasificación de los Entes No Territoriales

Dentro de los entes no territoriales se diferencian dos grandes categorías:

• Entes corporativos: Agrupaciones de personas de base asociativa a las que el ordenamiento encomienda fines de interés público (como los colegios profesionales o las cámaras oficiales).
• Entes institucionales: Patrimonios o masas de bienes afectados a un fin específico de gestión pública bajo una personificación instrumental (organismos autónomos, agencias y entidades públicas empresariales).