Política Criminal: Concepto, Funciones y Relación con la Política General

1. Concepto de política criminal

La política criminal es el conjunto de medidas adoptadas por los poderes públicos para la prevención y la reacción frente al fenómeno criminal.

Objeto de estudio de la política criminal

El objeto de estudio de la política criminal es el fenómeno criminal y la legislación que lo contempla.

2. Función de la política criminal

La función de la política criminal es la disminución de las cifras de criminalidad hasta un nivel razonable. Dentro de un Estado democrático como el nuestro, su función es el estudio de los medios de prevención y reacción contra el delito, y su disminución hasta un nivel tolerable, utilizando los medios existentes a su alcance, consiguiendo que todos los ciudadanos convivan pacíficamente y que el uso y disfrute de sus derechos y libertades sea real y efectivo.

Haciendo eco de lo expresado en el texto de Borja Jiménez, la función primordial es la de luchar contra la criminalidad, no pudiendo erradicarla debido a la condición de Estado democrático, el cual debe garantizar el libre ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas de todos los individuos, incluidos los delincuentes. Ello puede observarse en nuestro propio ordenamiento jurídico, en el que el delincuente tiene derechos, los cuales no se pueden quebrantar y hay que respetar, tanto antes de cometer el delito como después.

3. ¿En qué se diferencia la política criminal de la política criminal?

Desde la política criminal no interesa solo la orientación político-criminal del legislador, sino su adecuación a los valores y al modelo político y social que defienda. Es decir, en la política criminal se hace referencia a la rama del saber, la disciplina, el sector del conocimiento que estudia los valores de forma amplia, y se refiere a la legislación penal que respeta el principio de intervención mínima del Código Penal, o la eficacia de las penas privativas de libertad para los delitos de plena envergadura, etc.

La política criminal se contempla como una forma de concepción del derecho penal complementaria a la visión que de él proporciona la dogmática penal o la criminología. Por tanto, desde la política criminal no interesa solo el examen de las orientaciones político-criminales seguidas por el legislador, sino también su adecuación a los valores y al concreto modelo social y político que se defienda.

4. Política criminal y política general

Entre ambas, además de estar estrechamente unidas, existen ingredientes motivacionales derivados de la historia, de la coyuntura del momento y todo ello aderezado con componentes ideológicos y políticos, incluso de naturaleza interesada. Es decir, la política criminal forma parte como aspecto y forma de la política general. Cada forma de gobierno contempla de modo distinto el tratamiento de la criminalidad, y la división puede realizarse desde el distinto aprecio que se da a la criminalidad en los Estados totalitarios y democráticos:

• En los Estados totalitarios, el delito es subversivo, como expresión de desobediencia a las directrices incontestables del poder. Por ello, como enfermedad contagiosa y la posibilidad de atentado a la unidad y estabilidad del Estado, no cabe otra política que el exterminio, sin tener presentes los derechos y garantías individuales, predominando la prevención general.
• En los Estados democráticos, el planteamiento es diametralmente opuesto, basado en el pluralismo político con opciones reales de alternancia en el poder. Así, se encuentran formalmente establecidos los derechos fundamentales y las libertades públicas, con la hipótesis nunca aceptada en el totalitarismo de que el delito nunca puede ser erradicado totalmente de la sociedad.

5. ¿Tiene la política criminal carácter científico?

Algunos autores la definen como arte, por considerarla una rama de la política general y manifestación del poder; otros como ciencia, por tratarse de una disciplina de observación de un conjunto de conocimientos y como ciencia independiente cuyo objeto es el funcionamiento de la norma penal para realizar propuestas de reforma al derecho penal. Otros adoptan posiciones diferentes:

1. Política que el Estado adopta para cumplir su función en materia criminal, con el objetivo de luchar contra el delito con medidas para prevenir y reprimir.
2. Conjunto de conocimientos en torno a esas medidas y acciones que el Estado adopta para afrontar la delincuencia.

Ambas posiciones atienden a conceptos diferentes pero a la misma meta.

Sí tiene carácter científico, puesto que: en primer lugar, posee un método de estudio científico-social; en segundo lugar, dispone de un objeto de estudio (combatir la criminalidad); posee principios rectores (dignidad humana, legalidad, coordinación interinstitucional, entre otros); y finalmente, sus resultados (decisiones para combatir el crimen) se sustentan en la realidad social, lo cual sí es comprobable.