Potestad Legislativa del Gobierno: Decretos-Leyes y Delegación en la Constitución Española
La Potestad Normativa del Gobierno: Decretos-Leyes y Decretos Legislativos
El Gobierno ejerce la potestad reglamentaria, que incluye la facultad de dictar normas con rango de ley a través de los Decretos-Leyes y los Decretos Legislativos.
A. Los Decretos-Leyes
Fundamento Constitucional: Artículo 86 de la CE
El Decreto-Ley es una disposición legislativa provisional dictada por el Gobierno en caso de extraordinaria y urgente necesidad. Su regulación se encuentra en el artículo 86 de la Constitución Española (CE).
“1. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general.
2. Los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación. El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación, para lo cual el Reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario.
3. Durante el plazo establecido en el apartado anterior, las Cortes podrán tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia”.
B. Los Decretos Legislativos
Definición y Fundamento: Artículo 85 de la CE
El Decreto Legislativo es la disposición del Gobierno que contiene legislación delegada.
“Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de Decretos Legislativos” (Artículo 85 CE).
Se requiere una previsión anticipada del Parlamento, previniendo y aceptando la conversión en ley de lo que a priori podría ser un Reglamento.
Tipos de Leyes de Delegación
La delegación legislativa se instrumenta mediante dos tipos de leyes:
Leyes de Bases: El Parlamento delega en el Gobierno la facultad de desarrollar con fuerza de ley los principios contenidos en dicha ley de bases, dando origen a un Texto Articulado.
Leyes de Autorización (o Refundición): Autorizan al Gobierno para refundir el contenido de otras leyes preexistentes en una única norma, dando lugar a un Texto Refundido.
Requisitos de la Delegación Legislativa
La delegación debe cumplir con las siguientes exigencias formales y materiales:
La delegación del Parlamento debe hacerse por Ley de Bases (cuando su objeto sea la formación de textos articulados) o por una Ley de Autorización (cuando se trate de refundir varios textos en uno solo). Además, deberá otorgarse a favor del Gobierno, sin posibilidad de subdelegación a autoridades distintas.
La delegación puede comprender cualquier materia que las Cortes determinen, salvo las que le competan a las Leyes Orgánicas. No puede incluir la facultad de modificar la propia Ley de Bases, ni dictar normas con carácter retroactivo.
La delegación debe realizarse de forma expresa y con fijación de plazo para su ejercicio, sin que pueda entenderse concedida de modo implícito o indeterminado.
La delegación debe hacerse de forma precisa para delimitar su objeto y alcance.
Su aprobación debe hacerse a través de las reglas del procedimiento establecidas para el resto de reglamentos gubernativos.
Efectos y Control de los Decretos Legislativos
Efectos Jurídicos
Tienen valor de norma con rango de ley. En lo que se extralimiten respecto a la delegación, serán declarados nulos.
Agotamiento: Una vez conferida la delegación o autorización, no cabe volver sobre las mismas (la delegación se agota con su ejercicio).
Control Adicional: El Artículo 82.6 CE establece: “Sin perjuicio de la competencia propia de los Tribunales, las leyes de delegación podrán establecer en cada caso fórmulas adicionales de control”.
Mecanismos de Impugnación
Se reconoce la posibilidad de impugnar mediante recurso contencioso-administrativo los Textos Articulados y los Textos Refundidos cuando excedan los límites de la delegación.
Los Decretos Legislativos pueden ser impugnados ante el Tribunal Constitucional como si se tratara de una ley, con el informe preceptivo del Consejo de Estado.