Principio de juridicidad y competencia de los órganos públicos: fundamentos, características y límites

Principio de juridicidad y competencia de los órganos públicos

Art. 7: El principio de juridicidad, consagrado en el artículo 6 y siguientes de la Constitución, regula y declara la competencia y sus atributos.

→ Previa investidura regular: El artículo 2 establece que: 1) El Estado crea órganos y organismos públicos. La competencia es inherente exclusivamente al Poder, por cuanto se encuentra fijada por la Administración y el legislador, quienes ejercen inherentemente las funciones económicas. 2) El Estado no solo crea órganos, sino que provee de funciones que pueden validar el desempeño de las funciones de estos órganos, estableciendo normas y restricciones.

→ Dentro de su competencia: Conjunto de potestades públicas que la Constitución o la ley a confiado en forma previa y expresa a un órgano público para el cumplimiento de los fines propios del organismo al que pertenece.

Digloc:

• PP: Es el poder de deber donde la autoridad está facultada para imponer y exigir el cumplimiento de este acto conforme al principio de juridicidad, y solo la Constitución o la ley puede otorgarla.
• Previa y expresa: La competencia debe ser previa al ejercicio; no puede abrir actuaciones que crea pertinentes. Esta no se puede interpretar; debe ser expresa por:
  • a) Razón histórica: La Constitución de 1833 existía cierta anarquía en el ambiente.
  • b) Razón jurídica: El Estado es un conjunto de personas jurídicas y debe establecer lo que puede y no hacer.
  • c) Razón política: Para una mayor eficacia en el control.

Estructura de la PP

Se ve:

• a) A quién: Cuál es el órgano al cual se le confiere la PP, que regla general, le otorga al órgano su propio jurídico del organismo.
• b) Cómo: Nos referimos a la forma en que ejercen la PP. Esto se conforma al debido proceso en forma racional, en forma proporcionada, y respetando los derechos de la persona.
• c) Cuándo: El legislador debe establecer en qué momento el órgano va a ejercer la PP.
• d) Por qué: Hechos que motivan la actuación del órgano público.
• e) Para qué: Apunta al fin del bien común, pero varía dependiendo del órgano.
• f) Qué: Se refiere a la actuación que faculta al OP. Existe un margen de libertad encontrándose aquellas posibilidades de acción al OP.

Ámbitos en que ejerce la PP

1. Ámbito material: Esfera de intereses que el constituyente o legislador apuesta bajo la cuidad del OP, debiendo valorar los intereses que correspondan.
2. Ámbito temporal: Órganos del Estado deben ejercer PP en el lapso de tiempo determinado por regla general, salvo que sea indefinida.
3. Ámbito espacial: Territorio dentro del cual el OP puede ejercer su potestad; hay órganos que abarcan toda la nación y otros solo región o comuna.

Características de la PP

1. Irrenunciable: Se puede perder y también debe ser ejercida; esto es en virtud del principio de servicialidad.
2. Intransferibles: No pueden ser traspasadas desde un OP al particular u otro OP, sin que opere algunos de los mecanismos que la ley establece.
3. Imprescriptibles: Se puede seguir ejerciendo mientras la ley no le ponga fin.

Límites de la competencia o PP

1) Límites internos: Se refiere a todo lo relativo al ámbito del: a) ejercicio de la PP, debiendo cir alguno de los 3 ámbitos de esta; b) la estructura relacionada, la cual puede autorizar, pero no sancionar; c) el para qué, en cuanto al carácter genérico y específico, predicando una diversidad de fines, pero siempre en orden al bien común.

2) Límites externos:

• a) Reserva legal: El órgano administrativo no puede marcar en materias propias de la ley o de jurisdicción.
• Reserva jurisdiccional: Tampoco puede marcar en materias propias de jurisdicción. SII art. 76 Constitución respecto de los derechos arts. 5, 1 y 4 y 19 nº 26.
• d) Razonabilidad: No puede tener excesiva la potestad discrecional, pues usada de forma injusta.

→ Cualquier actuación de la administración que no se ampare en la potestad regladamente, sea el hecho y no el derecho, pero puede llegar a tener consecuencias jurídicas. También existen consideraciones de fondo que sí son límite para la competencia como el art. 5 respecto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, el art. 1 servicialidad y bien común, y el art. 19. Estas competencias o sean: 1) Reglada, tanto la atribución como la forma en que debe ejercer la competencia, cuando viene regulada por la norma que atribuye la competencia; 2) Discrecional: márgenes de libertad para el órgano que tiene la atribución de la competencia, dado que existe una norma teniendo como límite los fines, como excede en la administración, cuando el encomendado a la PP la regulación de una ley pero no dice cómo. Su control es difícil porque no hay parámetros fijos.

→ En la forma que prescriba la ley: Acto administrativo, la administración se compone de diversos actos que tienen por objeto la dictación de un acto terminal. Procedimiento en la forma que prescribe la ley, compete a todos los órganos del poder ejecutivo y de la administración, está regulado en la Ley 19.880 que es la Ley de Bases Generales del Procedimiento Administrativo. Junto con esta existen muchas otras que regulan materias específicas.

a) Bases normativas de este registro

1. 1º En el art. 7, también en el art. 19 n° 3 inc. 5, esta precisa no aplica a la administración cuando no ejerce jurisdicción, pero la comisión de redacción del Constitución establecía que sería aplicable a los órganos de la administración. Por otra parte, existe una reserva legal del procedimiento administrativo según el art. 63 nº 18: sin mediar ley que fije las bases de los procedimientos que rigen los actos de la administración pública.
2. Aplicación del art. 1 nº 3: Existe un debido proceso administrativo y la exigencia de este son:
   • Existencia del proceso previo legal;
   • Proceso con garantías de racionalidad y justicia, que debe decir que resolución fundada, procedimiento con duración razonable, debe valorar el principio de bilateralidad de la audiencia, debe garantizar un fácil acceso al procedimiento.

b) Formas de incumplimiento de esta exigencia: Esto es tramitado conforme a la ley. Otra forma son trabas excesivas para acceder al procedimiento.

Efectos del principio de juridicidad

1. Cumplimiento: Sigue la regla general de:
   • a) Imperatividad: Es obligatorio tanto para el órgano que lo dicta como para las personas a quienes les afecta;
   • b) Exigibilidad: Existe la obligación de la administración de hacerlo cumplir, no confundir con A, pero B implica que pueda ser exigido en su cumplimiento a la administración;
   • c) Estabilidad: Se establece y la administración no lo puede modificar salvo en circunstancias legales. La estabilidad se vincula con derechos adquiridos y con las expectativas legítimas;
   • d) Incumplimiento: Acarrea la A) Nulidad de derecho público: Sanción que establece la Constitución para aquellos actos dictados en contravención a ella. Esta consiste en la invalidez de dicho acto. Características:

• Operante ipso iure (en pleno derecho): tal forma que el acto no nace al derecho sino como hecho, es decir, no es exigible, requiere de una constitución;
• Insanable: El acto no puede ser convalidado por un acto posterior, ya que si es solo que decir que juicialmente sí existe el hecho y por tanto no puede sanearse;
• Imprescriptible: Ni con el tiempo el hecho se puede transformar en un acto administrativo;
• Puede alegarse como acción como excepción, y puede ser declarada de oficio.

B) Responsabilidad: Puede ser civil, penal, administrativa y política-constitucional. Las dos primeras son transversales a todos los órganos de la administración. La política se aplica a los casos del art. 52 y al resto clases se aplica únicamente la responsabilidad administrativa que dependerá del funcionario. La responsabilidad penal se encuentra en las infracciones del Código Penal. La responsabilidad civil (optativa) se refiere a la respuesta que dada a la víctima del daño que puede ser directo (daño emergente) o lucro cesante o daño moral; esto también se considera al Estado y ello debe normarse en el Código Civil, pues estas reglas se relacionan con las reglas de daño público, no solo en lo que el CC no sirve para ningún criterio. La interpretación de la norma debe acercarse conforme a la Constitución; por otra parte, el Estado puede actuar como particular o como persona (ej. cuando actúa como empresario). El CC no es aplicable a la responsabilidad patrimonial del Estado y las reglas no resultan aplicables, estas son: 1) la responsabilidad es subjetiva: en cuanto al daño no basta con constatar su existencia, también hay que probar que en ese caso el daño lo hizo con dolo o culpa; y como el Estado es una entidad abstracta que ejerce poder no tiene subjetividad, por lo que no puede haber una responsabilidad patrimonial civil, sino orgánica y no personal.

I PIR 4. Vega Zúñiga/Dir. Reg. del SII de 8va Reg. CAps. Conce 2006: delegación de facultades jurisdiccionales no se puede. Art. 76 (facultad de conocer causas civiles y criminales, es tribunales establecidos por ley) y 19 n° 3 (nadie juzgado por comisión especial).

II DComp 1. Gob. Provincial de Cautín/Cárdenas Torres, Eleodoro CSup 2009: (recurso de protección) para exigir restitución administrativa se requiere que el bien sea fiscal y que el ocupante no exhiba título.

III FPL 1. Empresa pesquera Concar S.A./Servicio Nacional de Pesca XII Región. CSup 1994: empresa alega que incautar es ilegal por no señalar dónde comparecer, qué infracción viola y dónde infracciona. SERNAP no indica por qué es de aplicación determinado tribunal, infracción es a ley general de pesca y no exige consignar disposiciones específicas y omisión de lugar no basta toda vez que al ratificar la denuncia el SERNAP señala en forma precisa.