El Principio de Legalidad Tributaria en España: Fundamentos y Aplicación Constitucional

El Principio de Legalidad Tributaria en España

El principio de legalidad tributaria se configura como uno de los más importantes en el ordenamiento jurídico español. Según este principio, es necesaria una ley formal para el establecimiento de un tributo. Este principio está establecido en el artículo 31.3 de la Constitución Española (CE) y se refiere a prestaciones personales o patrimoniales de carácter público.

En el artículo 133.1 de la CE también aparece, haciendo mención a los tributos cuando dice que “La potestad originaria para establecer tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante Ley”. Es importante notar que el artículo 31.3 CE no habla específicamente de "tributos", sino de "prestaciones patrimoniales o personales de carácter público".

Definición de Prestación de Carácter Público

Una prestación es el objeto de una obligación, que puede ser:

• De carácter personal: desarrollar una actividad.
• De carácter patrimonial: de índole monetaria.

El carácter público de la prestación implica que existe coactividad; es de obligado cumplimiento para el sujeto pasivo, no es voluntaria.

Importancia y Fundamento

Este principio de legalidad tiene una importancia crucial en toda la actividad financiera, tanto en la vertiente de ingresos como en la de gastos, constituyendo un eje fundamental en la producción de normas tributarias.

El fundamento de este principio reside en la exigencia de autoimposición o consentimiento del impuesto. La comunidad debe aceptar que una obligación tributaria se establezca y que se creen tributos. Esta aceptación se materializa cuando el Parlamento, como representante de la sociedad y de los contribuyentes, aprueba la ley correspondiente.

El principio de legalidad garantiza:

• El interés colectivo y la democracia.
• El reparto de la carga tributaria mediante la imposición de los impuestos.
• La redistribución de la riqueza una vez recaudados los fondos, a través del gasto público.

Por un lado, se distribuye la carga tributaria a través de los principios de capacidad económica y progresividad. Por otro lado, una vez recaudado el tributo, el gasto público permite una redistribución de la riqueza. Este principio debe entenderse al servicio del interés colectivo y refuerza la seguridad jurídica, ya que permite a los ciudadanos conocer con antelación cuál va a ser el alcance de sus obligaciones tributarias.

Ámbito de Actuación

Respecto al ámbito de actuación, es fundamental determinar qué prestaciones se encuentran protegidas por este principio y qué elementos esenciales de dichas prestaciones están cubiertos por la reserva de ley.

Relaciones entre Ley y Reglamento: La Reserva de Ley

En la relación entre ley y reglamento en materia tributaria, distinguimos dos tipos de reserva de ley:

• Reserva de ley absoluta: Exige que toda la materia tributaria sea regulada exclusivamente por ley.
• Reserva de ley relativa: Permite que la ley establezca únicamente los criterios básicos o las pautas esenciales, dejando el desarrollo posterior a un reglamento.

En el ámbito tributario español rige la reserva de ley relativa. Esto significa que todo aquello que no constituya la creación del tributo o la definición de sus elementos esenciales puede ser regulado mediante reglamento.

Aplicación a Diferentes Niveles de Gobierno

La exigencia del principio de reserva de ley se aplica tanto al Estado como a las Comunidades Autónomas (CCAA).

Resulta particular el caso de los Entes Locales (EELL), ya que no poseen capacidad legislativa propia (no pueden aprobar leyes). Sin embargo, la Constitución Española (CE) reconoce la potestad de establecer tributos propios tanto al Estado y las CCAA como a los Entes Locales, si bien estos últimos deben hacerlo dentro del marco establecido por las leyes estatales y autonómicas (conforme a los artículos 133.2, 137, 140, 141 y 142 CE y la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).