Principios del Derecho Administrativo chileno: competencia, jerarquía y probidad
Resumen
El documento repasa los principios que rigen la Administración del Estado en Chile, como la competencia, la unidad administrativa, la jerarquía, la supervigilancia, la eficiencia, la probidad y la transparencia, la responsabilidad y la subsidiariedad. Explica cómo se resuelven las contiendas de competencia entre órganos administrativos, tribunales y el Congreso, y qué mecanismos de revisión y recursos tiene el administrado. Es un apunte útil para revisar la base constitucional y legal de la administración pública chilena.
Puntos clave
- La contienda entre un órgano administrativo y tribunales inferiores la resuelve el Tribunal Constitucional según el artículo 93 n.º 12 de la CPR, y la contienda entre tribunales superiores y la administración la resuelve el Senado según el artículo 53.
- Si un órgano administrativo invade la competencia de otro, la solución corresponde al superior jerárquico común, conforme al artículo 39 de la LOC 18.575.
- El principio de unidad del Estado se encuentra en el artículo 3 de la CPR; la centralización se rige por la jerarquía y la descentralización por la supervigilancia.
- El poder de revisión del superior jerárquico permite revocar, invalidar, modificar o sustituir actos de los órganos inferiores, de oficio o a petición de parte.
- El recurso jerárquico permite al administrado impugnar un acto administrativo ante el superior de quien lo emitió.
- El principio de probidad, previsto en el artículo 8 de la CPR, exige conducta funcionaria intachable y preeminencia del interés general; la Ley 20.285 regula la transparencia.
Principios del Derecho Administrativo Chileno
1. Principio de Competencia
La competencia se manifiesta en:
- Incompetencia:
a. Contienda con el Poder Judicial
Es importante distinguir la jerarquía. Cuando la contienda es entre un órgano administrativo y tribunales inferiores, resuelve el Tribunal Constitucional (TC) de acuerdo al artículo 93 de la Constitución Política de la República (CPR), número 12. Las atribuciones del TC son resolver las contiendas de competencia que se susciten entre las autoridades políticas o administrativas y los tribunales de justicia que no correspondan al Senado. Cuando se produce la contienda entre tribunales superiores y un órgano de administración, resuelve el Senado, según el artículo 53.
b. Contienda con el Congreso Nacional
La contienda entre un órgano administrativo y el Congreso Nacional la resuelve el TC.
- Cuando el órgano administrativo invade la competencia de otro:
Según el artículo 39 de la Ley Orgánica Constitucional (LOC) 18575, Ley de Bases, si se ha invadido la competencia de un órgano administrativo de la misma persona jurídica o de otra persona jurídica administrativa, la solución la resolverá el superior jerárquico del cual dependan o con el cual se relacionen.
2. Principio de Unidad Administrativa
El principio de unidad del Estado se encuentra en el artículo 3 de la CPR. La administración del Estado debe ser lo más descentralizada posible, funcional y territorialmente.
Descentralización y Administración Centralizada
Se utiliza el principio de la jerarquía en la centralización y el de supervigilancia en la descentralización.
3. Principio de Jerarquía
Vincula a los órganos administrativos en una relación de superior a inferior con el fin de realizar los cometidos que se le han encomendado, siendo el superior el Presidente. El poder de obediencia recibe el nombre de obediencia reflexiva.
Poder de Revisión
Ejercido por el superior jerárquico sobre actos ya emitidos por los órganos inferiores, pudiendo revocarlos, invalidarlos, modificarlos o sustituirlos de oficio o a petición de parte.
Recurso Jerárquico
Medio de impugnación que tiene el administrado en contra de un acto administrativo que se interpone ante el superior jerárquico de quien emitió el acto, pidiendo cualquiera de las decisiones de reemplazo o modificación.
4. Principio de Supervigilancia
Cuando el Estado decide crear personas jurídicas diferentes de la suya para realizar tareas específicas, es la relación jurídica que se ejerce respecto de entidades descentralizadas.
5. Principios de Eficiencia y Eficacia
La eficiencia tiene que ver con el cumplimiento de metas, administración de recursos, proporción y evaluación de planes, lo cual era competente de la administración del Estado y cuyo ejercicio corresponde al Ejecutivo, no a la Contraloría.
6. Principio de Probidad y Transparencia
El artículo 8 de la CPR establece que las funciones públicas obligan a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones. El principio de probidad consiste en observar una conducta funcionaria intachable y desempeño honesto y leal de la función con preeminencia del interés general sobre el particular. La declaración de intereses y la declaración de patrimonio son obligatorias para todas las autoridades indicadas en el artículo 57, Presidente, Ministros, Subsecretarios, etc.
La Ley 20285 regula el principio de transparencia, que consiste en respetar y cautelar la publicidad de los actos de la administración.
7. Principio de Responsabilidad
Deber de dar cuenta, en una indemnización.
8. Principio de Subsidiariedad y Solidaridad
La subsidiariedad está contenida en el artículo 1, inciso 3 de la CPR, donde el Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos.
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PDF Word HTMLPreguntas frecuentes
¿Qué es el recurso jerárquico en el Derecho Administrativo chileno?
Es un medio de impugnación que tiene el administrado contra un acto administrativo, interpuesto ante el superior jerárquico de quien emitió el acto, pidiendo su modificación o reemplazo.
¿Quién resuelve una contienda de competencia entre un órgano administrativo y el Congreso Nacional?
Según el documento, la contienda entre un órgano administrativo y el Congreso Nacional la resuelve el Tribunal Constitucional.
¿Qué establece el principio de probidad según el documento?
Obliga a los titulares de funciones públicas a observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal, con preeminencia del interés general sobre el particular.
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