El proceso de Revolución Liberal en España (1833-1843)

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El fracaso del Estatuto Real

La reacción de la regente María Cristina ante la insurrección carlista fue tibia, y el gobierno de Francisco Cea Bermúdez, un absolutista moderado, intentó buscar un acuerdo. Las tímidas reformas que propuso el gobierno fueron del todo insuficientes para atraer a los liberales.

La monarquía isabelina nombró un nuevo gobierno, encabezado por el moderado Martínez de la Rosa, que propuso la promulgación del Estado Real. Se trataba de un camino hacia una transición reformista que permitiese el acuerdo con sectores absolutistas.

Durante el verano de 1835 se produjeron protestas y motines que derivaron en asaltos y quemas de conventos. Para conseguir el apoyo de los liberales y restablecer la autoridad y el orden público, la regente nombró un nuevo gobierno encabezado por un liberal progresista, Juan Álvarez Mendizábal.

La revuelta de 1836: los progresistas al poder

El primer objetivo de Mendizábal fue derrotar el carlismo. Su segundo objetivo fue transformar el Estado en un sentido liberal y convocó elecciones a Cortes para reformar el Estatuto Real. También emprendió la reforma agraria con la aprobación de los decretos de desamortización de tierras eclesiásticas y de supresión de las congregaciones religiosas.

El proyecto reformista de Mendizábal ahondó la división en el liberalismo, entre moderados y progresistas, y consolidó las dos grandes tendencias liberales que dominarían la vida política española.

María Cristina, atendió a las voces contrarias a las medidas reformistas, destituyó a Mendizábal y dio el gobierno a los moderados. Esta decisión alarmó a los progresistas y se inició un amplio movimiento revolucionario en favor de la Constitución de 1812. Las revueltas y motines obligaron a la regente a aceptar la Constitución de 1812.

El progresista Calatrava fue llamado a formar gobierno, con Mendizábal. Se formalizaba así el camino de régimen y se abrían las puertas a la creación de un nuevo orden liberal.

El nuevo orden constitucional

Los progresistas asumieron la tarea de desmantelar las instituciones del Antiguo Régimen e implantar un régimen liberal, constitucional y de monarquía parlamentaria, en dos etapas.

El nuevo gobierno convocó elecciones a Cortes, que dieron una mayoría progresista. Las Cortes se decantaron por redactar una nueva Constitución, aprobada en junio de 1837. Con el objetivo de que la Constitución fuese aceptada por las distintas opciones liberales (progresistas y moderados).

La Constitución de 1837 reconocía el principio de soberanía nacional, la división de poderes y la confesionalidad católica del Estado, y se comprometía al financiamiento de la Iglesia católica. La introducción de una segunda cámara de designación real, la soberanía compartida y la concesión de amplios poderes a la Corona eran algunos de los elementos más conservadores.

Otras leyes culminaron el entramado jurídico constitucional, como la Ley de Imprenta, que incrementó el control sobre los periódicos, y la Ley Electoral, que fijó un sufragio restringido a los mayores de 25 años que pagasen una renta mínima de contribución.

La reforma agraria liberal

El nuevo sistema liberal significó también el impulso de una reforma agraria que desmantelase la propiedad señorial e introdujese nuevas relaciones de trabajo y de mercado, y estableciese los nuevos principios de la propiedad privada y de libre disponibilidad de la tierra. Tuvo tres componentes esenciales:

  • La abolición de los señoríos, eliminó definitivamente la jurisdicción señorial y favoreció que la tierra pasase a manos de los antiguos señores como propiedad privada.
  • La desvinculación de mayorazgos, permitió a los propietarios poder vender libremente las tierras.
  • La desamortización de bienes del clero regular y secular.

Esta desamortización perseguía tres objetivos: obtener recursos para abastecer el ejército liberal, disminuir el déficit de Hacienda y mejorar las finanzas reales, y forjar una clase de propietarios defensores del liberalismo.

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