El proceso de transición democrática en España: de Franco a la Constitución de 1978
El proceso de transición a la democracia y la Constitución de 1978. A lo largo de los años 60 se produjeron una serie de fenómenos que transformarían la realidad económica del país: 1. La rápida y desequilibrada industrialización. 2. La reconversión de la agricultura tradicional. 3. El gran avance del sector terciario, sobre todo del sector turístico.
Simultáneamente, tiene lugar un desplazamiento de población desde las áreas rurales y regiones no industrializadas hacia los núcleos urbanos y focos industriales, lo que desembocará en nuestras fronteras y hacia otros países europeos. Cambios en las formas de vida y en los hábitos de consumo se van generando en la población española, así como en las pautas culturales y de mentalidad.
El régimen franquista inició un proceso de reforzamiento de los gobiernos tecnocráticos que realizarían una labor legislativa encaminada a dar una imagen diferente hacia el exterior, aunque sin perder en ningún momento su carácter dictatorial.
Las nuevas condiciones sociales darán lugar a un movimiento obrero y a importantes movilizaciones estudiantiles y vecinales, que demandaban reivindicaciones de carácter democrático. A estas demandas se fueron incorporando sectores de la Iglesia e incluso del Ejército.
La oposición política clandestina seguía siendo protagonizada por el PCE, añadiéndose otros grupos minoritarios. También se desarrollan algunos grupos de oposición moderada (Democracia Cristiana) con personalidades de prestigio como Gil Robles o Ruiz Jiménez. Entre los nacionalismos periféricos, al margen de los partidos tradicionales y moderados, surgió la opción violenta de ETA.
A la grave situación económica derivada de la «crisis del petróleo», se le añadió una importante crisis política del régimen con el asesinato de Carrero Blanco, persona clave en la continuidad del franquismo. Fue sustituido en la presidencia del gobierno por Arias Navarro, que se decantaría de manera clara hacia el más puro inmovilismo, demostrando la incapacidad del franquismo para democratizarse.
Las fuerzas antifranquistas comienzan a generar organismos de coordinación (Junta Democrática de España, Plataforma de Convergencia Democrática, Coordinación Democrática) con los que presentar programas democráticos, alternativos a la política existente. Ante el crecimiento de la conflictividad social y de la contestación política y el recrudecimiento de algunos actos de violencia terrorista, el franquismo respondió con un incremento de la represión, con la aplicación de penas de muerte a activistas anarquistas, del FRAP y de ETA.
En este contexto, antes de la muerte del dictador, que se produciría el 20 de noviembre de 1975, tiene lugar el conflicto de la descolonización del Sáhara español, ejerciendo ya como jefe del Estado Juan Carlos de Borbón.
Los inicios de la transición (1975-1978)
En este panorama político se presentaban tres opciones:
- La continuidad del régimen franquista sin Franco.
- La reforma promovida desde las instituciones, que culminase en la democratización del sistema.
- La ruptura con el pasado dictatorial y la construcción de un nuevo sistema político liderado por las fuerzas democráticas.
El 22 de noviembre de 1975, Juan Carlos de Borbón fue proclamado rey. Continuó como presidente Carlos Arias Navarro y se esperaban reformas que debían llevar a la progresiva democratización del sistema; sin embargo, Arias Navarro presentó un programa de gobierno que apostaba por un continuismo del franquismo.
Entonces la oposición tomó la iniciativa política y definió un programa común para todas las fuerzas antifranquistas, uniéndose en la llamada Coordinación Democrática. Su propuesta política se basaba en un procedimiento constituyente que, a través de un gobierno provisional y unas elecciones generales libres, pusiera las bases de un nuevo sistema político.
Las fuerzas antifranquistas promovieron una serie de movilizaciones populares que reclamaban las libertades democráticas y la amnistía para los presos políticos. Los conflictos laborales aumentaron y en numerosas ocasiones reivindicaban además el cambio político. En Cataluña y el País Vasco se promovieron varias huelgas generales, y en Madrid varios sectores permanecieron en huelga durante semanas.
El gobierno de Suárez y la reforma política
La tensa situación del país llevó a la división del propio franquismo: los inmovilistas sólo aceptaban la continuidad del régimen. Los reformistas se esforzaron por desplazar del gobierno a los inmovilistas con el visto bueno de la monarquía. Su proyecto de cambio pretendía promover la reforma progresiva del sistema político.
El rey Juan Carlos y sus colaboradores forzaron la dimisión de Arias Navarro y pusieron como sucesor a Adolfo Suárez, del sector reformista del Movimiento, que aceptó pilotar desde el gobierno la transición a la democracia. Para ello era necesario anular la resistencia de los inmovilistas y atraer hacia su proyecto a una buena parte de la oposición. Suárez inició contactos con las fuerzas democráticas y promulgó un indulto para los presos políticos. Propuso un proyecto de ley de reforma política, que reconocía derechos fundamentales de las personas, confiaba la potestad legislativa en exclusiva a la representación popular y preveía un sistema electoral democrático.
2.º gobierno de la UCD. Una vez aprobada la Constitución, se disolvieron las Cortes y se convocaron elecciones legislativas para marzo de 1979. El triunfo fue de nuevo para la UCD. El nuevo gobierno continuó la actividad reformista en la línea diseñada por los Pactos de la Moncloa, lo que comportó la promulgación del Estatuto de los Trabajadores. A los problemas internos del partido gobernante se añadió su relativo fracaso en las primeras elecciones municipales democráticas.
La oposición ganaba fuerza. En mayo de 1980, el poder ejecutivo tuvo que someterse a la moción de censura presentada por el PSOE en las Cortes. Ante el fraccionamiento de la UCD y el cuestionamiento de su liderazgo, Adolfo Suárez presentó su dimisión como presidente del gobierno y del partido el 29 de enero de 1981.
La principal amenaza al sistema democrático provenía de la pervivencia en el estamento militar de sectores hostiles al proceso democrático. El 23 de febrero de 1981, un grupo de guardias civiles al mando del teniente coronel Tejero irrumpió en la votación de la Presidencia por la fuerza y retuvo a todos los diputados. Simultáneamente, el capitán general Milans del Bosch se sublevaba en Valencia para imponer un golpe de Estado militar. Los objetivos de los golpistas tenían la clara intención de cancelar el proceso democrático y otorgar al Ejército un papel relevante en el gobierno.
Dos días después del golpe, Leopoldo Calvo-Sotelo fue investido nuevo jefe de gobierno. El gobierno firmó el Acuerdo Nacional de Empleo para contribuir a la estabilidad económica tras el intento golpista, y la ley de divorcio fue aprobada en abril de 1981. Una de las decisiones más trascendentales del gobierno fue la petición de ingreso de España en la OTAN. Se aprobó también la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico. Sin embargo, Calvo-Sotelo no consiguió frenar la progresiva desintegración del partido en el gobierno, y Suárez abandonó la UCD para crear su propio partido, el Centro Democrático y Social. El 28 de agosto se disolvió el Parlamento y se convocaron nuevas elecciones, que darían paso a Felipe González y a un nuevo gobierno socialista (1982-1996).
Las Cortes elegidas el 15 de junio de 1977 tenían como primera tarea la elaboración de la Constitución democrática. Para su redacción se eligieron diputados de todos los partidos que tenían representación en las Cortes.
La Constitución adoptó un carácter progresista, aunque presentaba ambigüedades, fruto del consenso y el acuerdo entre las fuerzas políticas. El texto constitucional fue publicado el 6 de diciembre de 1978 y sometido a referéndum popular, consiguiendo una amplia mayoría a favor.
La Constitución de 1978 definió a España como «Estado social y democrático de derecho», organizado como una monarquía parlamentaria, en la que la Corona tiene funciones representativas y en la que el Ejército queda sometido al poder civil. El texto fija el carácter no confesional del Estado, abole la pena de muerte y desarrolla una amplia declaración de derechos fundamentales y libertades civiles y políticas, que incluyen el derecho a la huelga y a la libre sindicación.
También recoge principios rectores de la política social y económica. Así pues, aunque el texto constitucional reconoce la libertad de mercado, prevé la posibilidad de planificación económica con la intervención del Estado en la propiedad. Establece el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones y reconoce como lengua oficial del Estado el castellano, además de las lenguas de las respectivas comunidades autónomas. Instaura un Tribunal Constitucional y los mecanismos para su reforma.
El Estado de las autonomías. El artículo 2 de la Constitución regula la descentralización de ciertos poderes del Estado y posibilita la creación de comunidades autónomas. La construcción de las autonomías tuvo dos etapas:
- La primera concedió autonomía provisional a aquellos territorios que la solicitaran.
- La segunda se emprendió a partir de que la Constitución regulara definitivamente el régimen autonómico.
La primera preautonomía se concedió a Cataluña, donde se restableció la Generalitat y se creó un gobierno provisional catalán. Posteriormente, en el País Vasco se formó un Consejo General Vasco y en Galicia se creó la Xunta provisional.
Cada una de ellas se regiría por un estatuto de autonomía y se dotaría de órganos legislativos, elegidos por sufragio universal (parlamentos autónomos), y órganos ejecutivos (gobiernos autónomos). La Constitución establecía un procedimiento más rápido y completo (artículo 151), al que podían acceder directamente e incluso otras si cumplían una serie de requisitos; y otro proceso más lento, previsto en el artículo 143.
La mayoría de las comunidades autónomas se regirían por el artículo 143, excepto Navarra, partiendo de su peculiar sistema foral, y Andalucía, que accedió por el 151. Los primeros estatutos aprobados fueron los de Cataluña y el País Vasco (1979), los de Andalucía y Galicia en 1981 y, posteriormente, los del resto de las comunidades autónomas. Por último, se regularon también las ciudades de Ceuta y Melilla.
Crisis económica, consenso social y actitudes violentas
La transición coincidió con el inicio de una crisis económica internacional desencadenada por la subida del precio del petróleo. Esta subida generó un proceso inflacionario que llevó a una pérdida de competitividad que hizo descender las exportaciones, y el déficit de la balanza comercial se duplicó; a la vez, la balanza de pagos pasó de un superávit de 500 millones de dólares a un déficit superior a los 3000 millones. La depreciación de la peseta, que favoreció el mantenimiento de las exportaciones, los ingresos por turismo y la inversión de capital extranjero paliaron la gravedad del déficit durante los primeros años.
La crisis energética derivó en una profunda crisis industrial, que tuvo dos causas: el aumento de los costes y precios de venta, consecuencia del elevado consumo de energía; y el elevado peso en la industria española de los bienes de consumo. Como consecuencia, el paro aumentó a un ritmo elevado. Asimismo, la renta anual por habitante creció algo menos del 1 % en el conjunto de España.
Los Pactos de la Moncloa y la política de consenso. En la tarea de construcción de un sistema democrático y para poder acometer los problemas económicos era imprescindible un entendimiento entre el gobierno y las principales fuerzas de la oposición. Los principales partidos políticos firmaron los llamados Pactos de la Moncloa, que contenían una serie de acuerdos para la reforma y saneamiento de la economía y un programa de actuación jurídica y política.
En el terreno político, el gobierno se comprometió a la regulación de la vida pública, de acuerdo con los principios democráticos (libertad de expresión, reunión y asociación, reforma del Código Penal y del Código de Justicia Militar…). En el terreno económico, el objetivo principal fue la reducción de la inflación y la puesta en práctica de reformas para repartir equitativamente los costes de la crisis. Para controlar los precios, se diseñó una estrategia de control del gasto público, se acordó un programa para racionalizar la energía y la moderación salarial, además de una fuerte devaluación de la peseta.
Los firmantes se comprometieron a apoyar una reforma fiscal y un nuevo marco de relaciones laborales. También se procedió a una reforma tributaria, para acometer la modernización de la estructura fiscal española. España se incorporó a la estructura tributaria de los países desarrollados de su entorno, y así pudo sentar las bases para la construcción del Estado del bienestar. Asimismo, se acometió la reforma de la Seguridad Social y un incremento de su financiación pública (seguro de desempleo e incremento de las pensiones de jubilación).
Los enemigos de la democracia. Algunos sectores minoritarios (golpismo militar y terrorismo) promovían la violencia para desestabilizar al país y obstaculizar la construcción democrática. Las fuerzas de la extrema derecha se movilizaron para impedir la consolidación democrática; para ello organizaron manifestaciones y grupos violentos como la Triple A. También hubo algunos intentos de desestabilización promovidos por grupos de militares e incitados por la prensa ultraderechista. El terrorismo buscaba sus víctimas entre las Fuerzas Armadas, los cuerpos de seguridad y algunas personalidades vinculadas al franquismo, estimulando las apetencias involucionistas de algunos de estos sectores. El terrorismo de extrema izquierda estuvo vinculado a organizaciones como el GRAPO y el FRAP, que protagonizaron actos violentos y diversos secuestros. La principal actividad terrorista provenía de ETA, que emprendió una campaña de atentados con especial incidencia entre los militares y las fuerzas de orden público.
2.º gobierno de la UCD. Una vez aprobada la Constitución, se disolvieron las Cortes y se convocaron elecciones legislativas para marzo de 1979. El triunfo fue de nuevo para la UCD. El nuevo gobierno continuó la actividad reformista en la línea diseñada por los Pactos de la Moncloa, lo que comportó la promulgación del Estatuto de los Trabajadores. A los problemas internos del partido gobernante se añadió su relativo fracaso en las primeras elecciones municipales democráticas.
La oposición ganaba fuerza. En mayo de 1980, el poder ejecutivo tuvo que someterse a la moción de censura presentada por el PSOE en las Cortes. Ante el fraccionamiento de la UCD y el cuestionamiento de su liderazgo, Adolfo Suárez presentó su dimisión como presidente del gobierno y del partido el 29 de enero de 1981.
La principal amenaza al sistema democrático provenía de la pervivencia en el estamento militar de sectores hostiles al proceso democrático. El 23 de febrero de 1981, un grupo de guardias civiles al mando del teniente coronel Tejero irrumpió en la votación de la Presidencia por la fuerza y retuvo a todos los diputados. Simultáneamente, el capitán general Milans del Bosch se sublevaba en Valencia para imponer un golpe de Estado militar. Los objetivos de los golpistas tenían la clara intención de cancelar el proceso democrático y otorgar al Ejército un papel relevante en el gobierno.
Dos días después del golpe, Leopoldo Calvo-Sotelo fue investido nuevo jefe de gobierno. El gobierno firmó el Acuerdo Nacional de Empleo para contribuir a la estabilidad económica tras el intento golpista, y la ley de divorcio fue aprobada en abril de 1981. Una de las decisiones más trascendentales del gobierno fue la petición de ingreso de España en la OTAN. Se aprobó también la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico. Sin embargo, Calvo-Sotelo no consiguió frenar la progresiva desintegración del partido en el gobierno, y Suárez abandonó la UCD para crear su propio partido, el Centro Democrático y Social. El 28 de agosto se disolvió el Parlamento y se convocaron nuevas elecciones, que darían paso a Felipe González y a un nuevo gobierno socialista (1982-1996).