Las Reformas del Bienio Progresista en la Segunda República Española
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Las Reformas Progresistas del Gobierno de Azaña
El gobierno de coalición republicano-socialista, dirigido por Manuel Azaña, realizó importantes reformas, aunque su aplicación práctica no fue satisfactoria en todos los casos.
La Reforma Religiosa y la Secularización del Estado
Además de las limitaciones constitucionales, se aprobaron varias leyes para reducir el poder de la Iglesia en todos los ámbitos. Se disolvió la Compañía de Jesús y se confiscaron sus bienes; asimismo, se aprobaron el divorcio, el matrimonio civil y la secularización de los cementerios. En 1933 se promulgó la Ley de Congregaciones, mediante la cual el Estado regulaba y fiscalizaba sus actividades.
La Iglesia se alineó rápidamente contra la República, con el apoyo de la oligarquía económica y de los pequeños y medianos propietarios que, bajo la bandera del catolicismo, defendían sus intereses, afectados también por otras reformas.
La Reforma Agraria: Objetivos y Desafíos
La reforma agraria era una cuestión pendiente en España y el gobierno provisional promulgó algunos decretos para iniciarla. Finalmente, en 1932, el gobierno de Azaña aprobó la Ley de Reforma Agraria con el objetivo de eliminar el latifundismo y crear una clase de pequeños propietarios que facilitase la modernización de la agricultura y el aprovechamiento de las tierras.
La ley establecía la expropiación, sin indemnización, de las tierras de los Grandes de España y, con indemnización, de las grandes fincas no cultivadas directamente por los propietarios, las tierras deficientemente cultivadas y las no regadas en zonas de regadíos. Su aplicación la realizó el Instituto de Reforma Agraria (IRA), que entregaba las tierras a las Juntas Provinciales para que las distribuyera individual o colectivamente, según la decisión de los campesinos.
Causas de la Ineficacia de la Reforma
La división de opiniones entre los partidos, la oposición de los propietarios afectados, la complejidad de la ley, la falta de presupuesto para pagar las indemnizaciones, las carencias técnicas y organizativas y el carácter burocrático del IRA se tradujeron en la ineficaz aplicación de la reforma, lo que provocó el descontento del campesinado.