Reformas Estructurales de la Segunda República Española
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La Cuestión Religiosa en la Segunda República
Uno de los primeros objetivos de la República fue limitar la influencia de la Iglesia y secularizar la sociedad. Estas intenciones se plasmaron en la Constitución, que estipuló la aconfesionalidad del Estado, la libertad de cultos y la supresión del presupuesto de culto y clero. Asimismo, se permitieron el divorcio y el matrimonio civil.
El temor a la influencia de las órdenes religiosas en la educación llevó a prohibirles dedicarse a la enseñanza. Este proceso se completó con la Ley de Congregaciones, que limitó la posesión de bienes a las órdenes y previó la posibilidad de su disolución en caso de peligro para el Estado.
El enfrentamiento más grave se produjo con los jesuitas, debido a la existencia de un cuarto voto de obediencia al Papa. Acusados de depender de un poder extranjero, la orden fue disuelta y sus bienes nacionalizados. Los sectores católicos percibieron la nueva legislación como una agresión al catolicismo, y el resurgimiento de los movimientos populares anticlericales ahondó estos temores.
La jerarquía eclesiástica no dudó en manifestar su malestar hacia la República y en movilizar a los católicos en su contra. La actitud hostil del cardenal Segura provocó que el gobierno dictase su expulsión del territorio español.
Modernización del Ejército y la Reforma de Azaña
El gobierno republicano estaba convencido de que el ejército necesitaba una transformación profunda. Manuel Azaña impulsó una reforma que pretendía crear un ejército profesional y democrático. Para ello, se consideró necesario:
- Reducir los efectivos militares.
- Acabar con la macrocefalia (exceso de oficiales).
- Poner fin al fuero especial de los militares.
- Asegurar su obediencia al poder civil.
- Terminar con su intervención en la política.
Se promulgó la Ley de Retiro de la Oficialidad, que establecía que los oficiales debían prometer su adhesión a la República, pero tenían la posibilidad de retirarse con el sueldo íntegro; más de la mitad aceptó la oferta. Además, se suprimieron rangos, se redujo el número de unidades, se cerró la Academia Militar de Zaragoza y se clausuraron capitanías generales y tribunales de honor. Asimismo, se creó la Guardia de Asalto como una fuerza de orden público fiel a la República.
La reforma tuvo resultados limitados. Aunque se consiguió disminuir los gastos del ejército, la reducción del presupuesto dificultó la modernización de los materiales. La reforma fue recibida por algunos sectores (especialmente los africanistas) como una agresión a la tradición militar, lo que la derecha aprovechó para animar una revuelta militar.