Régimen Jurídico de las Inspecciones e Intervenciones Corporales en el Proceso Penal

Requisitos de la Medida Coercitiva (Contexto Previo)

La medida debe ser:

• Necesaria: «a los fines de la investigación», teniendo en cuenta la «importancia del delito» y con la finalidad de «descubrir o identificar a las personas involucradas en la comisión de algún delito relativo a dichas drogas».
• Fundada o Motivada: Por exigencias del principio de proporcionalidad.

Deberá determinar explícitamente el objeto de autorización o entrega vigilada, así como el tipo y cantidad de la sustancia.

Tales requisitos decaen cuando la policía pueda actuar en virtud del auxilio judicial internacional, en cuyo caso la requisitoria de un Estado extranjero es título suficiente habilitante.

4. Inspecciones e Intervenciones Corporales

Son actos aseguratorios de la prueba que recaen sobre el cuerpo humano. Se diferencian por el Derecho Fundamental (DF) sobre el que versan:

• En las inspecciones corporales, el DF afectado es el derecho a la intimidad (CE).
• En las intervenciones corporales, el DF afectado es el derecho a la integridad física (CE).

A. Las Inspecciones Corporales

Es cualquier género de reconocimiento del cuerpo humano.

En este sentido, diligencias de determinación del imputado, como puede ser su reconocimiento en rueda, dactiloscópico o antropomórfico, implican una inspección corporal. Si bien, al no comprometer su intimidad, son lícitas en nuestro Ordenamiento Jurídico (OJ).

Inspecciones que Afectan la Intimidad

Hay inspecciones que intentan efectuarse sobre las partes íntimas del cuerpo humano. En ocasiones, para determinar el hecho punible y su autoría es necesario efectuar una inspección vaginal o anal.

En el momento actual, se presentan los siguientes problemas:

• Falta de regulación legislativa de dichas inspecciones corporales.
• Dado que comprometen seriamente el DF a la intimidad, se hace obligado concluir que no respetan la primera exigencia del principio de proporcionalidad, cual es que «la injerencia de la autoridad pública en este derecho esté prevista por la Ley».

No obstante, la Doctrina del Tribunal Constitucional (TC) establece que solo puede disponerlas el Juez de Instrucción mediante resolución motivada. Asimismo, pueden estimarse válidas las efectuadas con el consentimiento de su sujeto pasivo.

B. Las Intervenciones Corporales

Estas medidas están aún más huérfanas de regulación legal y de jurisprudencia, con la sola excepción de las pruebas sanguíneas para la investigación civil de la paternidad o de la alimentación asistida a presos.

No obstante, en el derecho comparado contemporáneo poseen una gran virtualidad en el proceso penal, ligada a los avances de la medicina legal (por ejemplo, la fiabilidad del 99% en la prueba del ADN) y a la necesidad de asegurar la prueba, sobre todo en aquellos delitos que, como es el caso de las agresiones sexuales con acceso carnal, la actividad probatoria acaba reconduciéndose a la palabra del autor contra la de la víctima.

Se define como todo acto de coerción sobre el cuerpo del imputado por el que se le extraen determinados elementos en orden a efectuar sobre los mismos análisis periciales tendentes a averiguar el hecho punible o la participación en él del imputado.

Clasificación de las Intervenciones Corporales

Atendiendo al grado de sacrificio del derecho a la integridad física, las intervenciones corporales pueden clasificarse en:

• Intervenciones leves o banales: Implican la extracción de elementos externos del cuerpo (pelos o uñas) e incluso algunos internos, como la extracción de sangre, siempre que no corra peligro su salud.
• Intervenciones graves: Son aquellas que, por el contrario, pueden poner en peligro el derecho a la salud u ocasionar sufrimientos a su destinatario (por ejemplo, una punción lumbar o extracción de líquido encefalorraquídeo).

Exigencia de Regulación y Garantías

Al igual que las inspecciones corporales, se hace preciso una urgente instauración legislativa respetuosa con el principio de proporcionalidad. Dada la mayor relevancia del DF en conflicto, debe reforzarse la garantía de la jurisdiccionalidad de la medida (salvo en las intervenciones banales) y su ejecución debe ser siempre confiada a personal sanitario especializado.

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