Líneas Generales del Modelo Español de Competencia Judicial Internacional
1. Premisas Fundamentales
El sistema español de competencia judicial internacional, de fuente interna, se configura en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que desarrolla el artículo 122 de la Constitución Española (CE).
Este sistema plasma los valores constitucionales de protección de los derechos de la defensa, el derecho al juez ordinario y la tutela judicial efectiva.
En el Título I de su Libro I, «De la extensión y límites de la jurisdicción», se establece un sistema de reglas de delimitación de la competencia judicial internacional de los Juzgados y Tribunales españoles en los órdenes civil, penal, contencioso-administrativo y social, garantizando la efectiva realización de la tutela judicial.
Las reglas de competencia judicial en materia civil y mercantil se inspiran profundamente en el Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 1968, relativo a la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.
2. Características del Modelo
Reglas de fijación de competencia: Establecen los supuestos concretos en los que los órganos jurisdiccionales españoles resultan competentes.
Adecuación a las necesidades del tráfico jurídico externo: Definen foros que se adecuan a las necesidades del tráfico jurídico externo.
Aplicación subsidiaria: Su aplicación es subsidiaria a la ausencia de reglamentación internacional.
Principio de determinación legal: Impide traspasar la competencia a un tribunal extranjero.
Foro de necesidad: Permite argumentar la competencia de los tribunales españoles en supuestos excepcionales donde, no estando expresamente prevista, el litigio presenta alguna conexión con el ordenamiento jurídico español y ningún otro tribunal extranjero resulta competente, o cuando, existiendo dicha competencia, la carga procesal para las partes al accionar ante esos tribunales es extremadamente gravosa.
3. Fuentes de la Competencia Judicial Internacional
Fuente Europea
El reglamento más importante es el Reglamento (UE) n.º 1215/2012, conocido como Reglamento Bruselas I bis, que regula la materia civil y mercantil, excluyendo aquellas que tengan regulación propia.
Otros reglamentos relevantes incluyen:
Reglamento (CE) n.º 2201/2003 (Reglamento Bruselas II bis)
Reglamento (CE) n.º 4/2009 (reclamaciones internacionales de alimentos)
El Convenio de Lugano de 2007: Se considera un convenio paralelo al Reglamento Bruselas I bis, con un modelo de competencia muy similar, pero con una extensión geográfica mayor. Vincula a los Estados Miembros de la Unión Europea (UE) y a tres países de la Asociación Europea de Libre Comercio (Suiza, Noruega e Islandia), distribuyendo la competencia entre ellos y los Estados Miembros.
El Convenio bilateral de España con El Salvador del año 2000: De importancia residual, pero con la particularidad de que en su día se copió del Convenio de Lugano y del Reglamento de Bruselas. Vincula y reparte la competencia solo entre España y El Salvador, y también establece foros exclusivos.
Fuentes Estatales
En defecto de normativa internacional, se acude a la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).
Consta de múltiples apartados, como los artículos 22 bis, 22 ter, etc., hasta el 22 nonies.
El artículo 22 (primero) puede considerarse sin aplicación práctica, ya que es una copia del Reglamento Bruselas I bis.
Es fundamental recordar que las normas de fuente internacional priman sobre las normas de producción interna.
