La Restauración Borbónica: Sistema Canovista, Constitución de 1876 y Turnismo
La Restauración borbónica
En 1874, el príncipe Alfonso XII hace público el Manifiesto de Sandhurst, en el que muestra su disposición para ocupar el trono de España. Poco después, el general Martínez Campos protagoniza el pronunciamiento de Sagunto y proclama a Alfonso XII como nuevo rey. La Restauración monárquica fue promovida por sectores conservadores con intereses comunes: la defensa del orden social y la propiedad privada.
El nuevo régimen no pretendía regresar a los errores del reinado de Isabel II, sino diseñar un nuevo modelo político capaz de corregir la inestabilidad anterior. Para ello, debía redactarse una constitución moderada e implantarse un sistema político bipartidista basado en el turno dinástico. Esta estabilidad inicial se vio notablemente facilitada por el fin de dos conflictos armados: la Tercera Guerra Carlista y la Guerra de los Diez Años en Cuba.
La Constitución de 1876
La Constitución de 1876 favoreció una prolongada estabilidad política gracias a su notable flexibilidad y a su redacción abierta. Sus elementos principales fueron:
- Declaración de derechos y libertades: amplia en el texto, aunque su ejercicio quedaba regulado y delimitado por las leyes ordinarias aprobadas por el ejecutivo.
- Soberanía compartida (Rey con las Cortes): otorgaba a la Corona amplias prerrogativas, tales como el derecho de veto, la iniciativa legislativa compartida y la potestad de disolver las Cortes. La función legislativa correspondía a las Cortes con el Rey, mientras que se reconocía la independencia teórica del poder judicial.
- Tipo de sufragio: no quedaba fijado en la carta magna; su determinación se delegaba en la ley electoral de turno que decidiese el gobierno en el poder.
- Confesionalidad del Estado: proclamación del Estado confesional católico, con el compromiso de sostener el culto y clero, garantizando únicamente la tolerancia de otros cultos en el ámbito privado.
- Centralismo: control directo de ayuntamientos y diputaciones por parte del gobierno civil y aplicación uniforme de las leyes en todo el territorio estatal.
Un sistema bipartidista
Antonio Cánovas del Castillo ideó un sistema fundamentado en el bipartidismo y en la alternancia pacífica en el poder, concebido para garantizar la estabilidad institucional y erradicar los continuos pronunciamientos militares del siglo XIX, consolidando la sumisión del ejército al poder civil bajo la figura arbitral del monarca.
Los protagonistas de este turnismo fueron dos grandes partidos dinásticos:
- El Partido Liberal-Conservador: liderado por Cánovas del Castillo, agrupaba a los sectores más tradicionales, moderados y alfonsinos.
- El Partido Liberal Fusionista: liderado por Práxedes Mateo Sagasta, representaba la izquierda dinástica e integró a antiguos progresistas, unionistas y demócratas procedentes del sexenio democrático.
Ambas formaciones compartían puntos esenciales:
- Defensa incondicional de la legitimidad dinástica de Alfonso XII.
- Sostén de la propiedad privada, la monarquía constitucional y el modelo de Estado liberal, unitario y centralizado.
- Extracción social idéntica: formados por élites económicas y clases medias acomodadas, constituyendo partidos dirigidos por minorías de notables.
Sus discrepancias doctrinales eran escasas pero diferenciadas: los conservadores defendían el sufragio censitario, el papel preponderante de la Iglesia y el estricto orden social; los liberales promovían el sufragio universal, un mayor laicismo mediante reformas civiles y una política de mayor apertura social y progresista. Ambos partidos llegaron a acuerdos tácitos para no revocar la legislación sustancial aprobada por el rival al consumarse la alternancia.
El funcionamiento del turno dinástico
El mecanismo del turno funcionaba de forma invertida al sistema democrático real:
- Cuando un gobierno experimentaba un desgaste significativo en su gestión o los líderes de ambos partidos consideraban oportuno el relevo, el rey llamaba al líder de la oposición para formar un nuevo gobierno.
- El nuevo presidente recibía simultáneamente el decreto de disolución de las Cortes y convocaba elecciones generales con el propósito explícito de fabricarse una mayoría parlamentaria absoluta.
- El resultado electoral se negociaba y pactaba de antemano mediante el encasillado. De este modo, se evitaba el monopolio exclusivo del poder por una sola facción y se cerraba el acceso al gobierno a los partidos ajenos al sistema (republicanos, carlistas y socialistas).
La corrupción electoral y el caciquismo
La alternancia pacífica se sustentaba en la corrupción electoral sistemática y en la preponderancia del caciquismo, que ejercía un férreo dominio político, social y económico en las provincias:
- Adulteración del voto: fue una práctica generalizada. El ámbito rural, estrechamente subordinado a los caciques, era el escenario idóneo para la manipulación y las trampas electorales sistemáticas (el conocido pucherazo).
- Fraude electoral generalizado: la victoria correspondía indefectiblemente al partido gubernamental que convocaba los comicios mediante la falsificación y manipulación de censos electorales (inscripción de difuntos), compra deliberada de votos, intimidaciones y coacciones directas.
- Figura del cacique: solían ser terratenientes o personalidades locales de gran peso económico y administrativo que distribuían empleos, libranzas del servicio militar o favores fiscales a cambio de la lealtad y el voto cautivo de los vecinos.
- Distribución parlamentaria: el sistema aseguraba una presencia hegemónica bipartidista; la suma de conservadores y liberales acaparaba cerca del 80% de los escaños, reservando al partido al que le correspondía gobernar una mayoría estable de entre el 60% y el 65% de los diputados.
Desarrollo del turno de partidos
La fase de consolidación institucional del régimen transcurrió entre 1876 y 1898, año en el que sobrevino su primera gran crisis estructural a raíz del Desastre del 98:
- Primeras alternancias: predominio de los gobiernos conservadores (1875-1881) y posterior alternancia con los liberales (1881-1883).
- Fallecimiento de Alfonso XII (1885): ante la temprana muerte del monarca, se rubricó el Pacto de El Pardo, acuerdo que garantizó la continuidad dinástica bajo la regencia de María Cristina de Habsburgo y consolidó el turno pacífico.
- El Gobierno Largo de Sagasta (1885-1890): supuso una etapa de profunda modernización jurídica y reconocimiento de libertades públicas, aprobándose la Ley de Asociaciones (1887), la Ley del Jurado (1888), el nuevo Código Civil (1889), la abolición definitiva de la esclavitud en las colonias y la consagración del sufragio universal masculino (1890).
- Crisis de liderazgo: a finales de siglo, las tensiones personalistas precipitaron la progresiva descomposición interna de ambas fuerzas: en las filas liberales se abrieron disputas entre Germán Gamazo y Segismundo Moret, mientras que en las filas conservadoras Francisco Silvela asumió la reorganización tras el asesinato de Cánovas del Castillo en 1897.