La Segunda República Española: Constitución, Laicismo y Reformas Militares
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La Constitución de 1931 y las Reformas del Bienio Reformista
La Constitución de 1931, pilar fundamental de la Segunda República Española, estableció una serie de principios y derechos innovadores para su época. Entre sus disposiciones más destacadas se encontraban:
- Una amplia declaración de derechos y libertades, que incluía la fijación de un salario mínimo y la jornada laboral de 8 horas.
- El reconocimiento de la propiedad privada, aunque supeditada al interés público.
- La defensa de la cultura y la educación como elementos primordiales para el Estado, con la obligación de extenderlas a toda la población.
- La declaración del laicismo del Estado, legalizando los divorcios y los matrimonios civiles. Además, se retiraba la financiación al clero y se prohibía a las congregaciones religiosas ejercer la enseñanza.
Este último apartado (artículos 26 y 27) fue una de las cuestiones más polémicas, y las reacciones no se hicieron esperar: la Iglesia denunció una persecución en su contra, y los sectores católicos se sintieron profundamente decepcionados con el nuevo régimen, provocando una grave división social que sería crucial para comprender los acontecimientos posteriores.
El Bienio Reformista (1931 - 1933)
Una vez aprobada la Constitución, se formó un nuevo ejecutivo, con Manuel Azaña al frente de una coalición de republicanos y socialistas, siendo Niceto Alcalá Zamora elegido Presidente de la República. Monárquicos y católicos quedaron en la oposición, mientras que, por la izquierda, los anarquistas se mantenían al margen de las instituciones. El nuevo gobierno muy pronto comenzó una amplia batería de profundas reformas, de ahí el nombre con el que se conoce popularmente a esta etapa de gobierno.
La Reforma del Ejército
En primer lugar, Manuel Azaña, como Ministro de la Guerra (cargo que simultaneó con la presidencia del gobierno), acometió la reforma del ejército que se había iniciado durante el gobierno provisional. Esta reforma tenía la intención de modernizar el ejército, reduciendo su desproporcionado número de oficiales y, sobre todo, de asegurar su fidelidad a la República, acabando con el golpismo y la intervención de los militares en la vida política, y sometiéndolos a las autoridades civiles. Estas reformas molestarían a muchos militares, especialmente a los conocidos como africanistas, pudiendo verse un claro ejemplo de esto en los polémicos decretos que anulaban