Tribunal Internacional de Justicia: Órgano Judicial de las Naciones Unidas

Tribunal Internacional de Justicia

El Tribunal Internacional de Justicia es un órgano principal de las Naciones Unidas, no intergubernamental. Tiene su sede en el Palacio de la Paz de La Haya, aunque puede reunirse en otro lugar si lo estima conveniente. En 1920 se redactó el Estatuto del Tribunal Permanente, que dio origen a la Carta. El Estatuto configura el Tribunal Internacional de Justicia como un auténtico órgano judicial de solución de las controversias internacionales.

Organización general

El Tribunal es un cuerpo de magistrados independientes elegidos sin tener en cuenta su nacionalidad, de entre personas que gozan de alta consideración moral y que reúnen las condiciones requeridas para el ejercicio de las más altas funciones judiciales en sus respectivos países o que son jurisconsultos de reconocida competencia en Derecho internacional. En el conjunto deben estar representadas las grandes civilizaciones y los principales sistemas jurídicos del mundo.

El número de jueces es de 15, de los cuales no podrá haber dos de la misma nacionalidad. Los jueces desempeñan su mandato durante un plazo de 9 años y pueden ser reelegidos.

Procedimiento de elección

A continuación expondremos las líneas básicas del procedimiento de elección. El primer trámite es la elaboración de la lista de candidatos. Los grupos nacionales del Tribunal Permanente de Arbitraje, o, en su defecto, los grupos que a este efecto designen los respectivos gobiernos, designan hasta un máximo de 4 candidatos, de los cuales no más de 2 serán de su misma nacionalidad.

El Secretario General de las Naciones Unidas elabora una lista, por orden alfabético, de las personas así designadas, que somete a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad, órganos que de manera independiente proceden a la elección de los jueces. Serán considerados elegidos aquellos que obtengan mayoría absoluta de votos en uno y otro órgano, entendiéndose que en el Consejo no existe sobre este punto derecho de veto de los miembros permanentes.

Jueces ad hoc

El Estatuto del Tribunal establece la institución de los jueces ad hoc. En caso de que uno de los jueces tenga la nacionalidad de uno de los Estados litigantes, dicho juez conserva el derecho a participar en la decisión. Si en el Tribunal no existe un juez nacional del otro Estado parte en el litigio, este último Estado puede designar a una persona para que participe en calidad de juez. Incluso si no forma parte del Tribunal ningún juez con nacionalidad de ninguno de los Estados litigantes, cada uno de ellos puede designar un juez.

Estamos ante un vestigio de la institución del arbitraje. Por lo común, los jueces ad hoc votan a favor del Estado que los ha designado, por lo que su misión consiste en exponer en defender las posiciones de las partes en el momento decisivo de deliberación del Tribunal.

El Tribunal funciona normalmente en pleno, aunque el Estatuto reconoce la posibilidad de constitución de salas especiales compuestas por un número reducido de magistrados, que podrán oír y resolver los casos si las partes así lo solicitan. Las dos partes en la controversia pueden designar los jueces que integrarán dichas salas, novedad que tiende a dotar al arreglo judicial de algunas de las ventajas del arbitraje.

Ius standi

Ius standi. Solo los Estados podrán ser partes en litigios ante el Tribunal. No se admite plenamente el ius standi de los particulares ni el de las organizaciones internacionales, aunque el Tribunal sí puede recabar y recibir de estas últimas información sobre los casos que conozca. Esta denegación del ius standi de las organizaciones internacionales se refiere al supuesto en que el Tribunal ejerza jurisdicción contenciosa, ya que en las condiciones señaladas en la Carta y en el Estatuto, ciertos órganos de organizaciones internacionales sí pueden pedir opinión o dictamen no vinculante al Tribunal, supuesto de la llamada función consultiva. Cabe incluso transformar la función consultiva en jurisdicción contenciosa atribuyendo, mediante acuerdo, eficacia vinculante al dictamen, lo que supone reconocimiento de un cierto derecho de acceso de las organizaciones internacionales a los litigios ante el Tribunal.

Son los Estados quienes tienen ius standi ante el Tribunal. ¿Por qué estados? Según el art. 35.1 del Estatuto, lo tienen todos los Estados partes en él y según el art. 93 de la Carta. Poseen ipso facto esa condición los miembros de las Naciones Unidas, aunque un Estado no miembro puede llegar a ser parte en el Estatuto de acuerdo con las condiciones establecidas en cada caso por la Asamblea General, a recomendación del Consejo de Seguridad. También un Estado no parte en el Estatuto puede llegar a litigar ante el Tribunal, ya que de acuerdo con el art. 35.2 del Estatuto el Consejo de Seguridad fijará, con sujeción a los tratados vigentes, las condiciones en que el Tribunal estará abierto a otros Estados, condiciones que no podrán colocar a las partes de modo alguno en situación de desigualdad.

La competencia

La competencia del Tribunal Internacional de Justicia se mueve dentro de las grandes coordenadas del Derecho internacional contemporáneo sobre solución de controversias. Una de esas coordenadas es el principio de libertad en la elección del medio de arreglo, lo que comporta la consecuencia de que no cabe solución jurisdiccional de la controversia y, por tanto, arreglo judicial sin el consentimiento de los Estados partes. Tal consentimiento puede manifestarse por diversas vías:

• A posteriori: después de surgida la controversia y a través de un acuerdo especial que se llama compromiso.
• A priori: antes de nacida la controversia, en cuyo caso el consentimiento puede prestarse sea por vía convencional, sea por vía unilateral si concurre una declaración unilateral del otro Estado parte.

El fundamento de la competencia es consensual, aunque el Tribunal ha mitigado el rigor de tal principio atribuyéndole una amplia competencia incidental. Desarrollamos a continuación todos estos supuestos de competencias:

Compromiso

A la hipótesis del compromiso se refiere la primera oración del art. 36.1 del Estatuto cuando dice: "La competencia de la Corte se extenderá a todos los litigios que las partes le sometan...". El Tribunal ha interpretado los compromisos de acuerdo con el principio de la efectividad, de manera que permita desplegar a sus cláusulas efectos útiles. No solo el consentimiento expresado por compromiso es el que confiere competencia al Tribunal, pues allí puede manifestarse también, incluso después de iniciado el procedimiento. Es la doctrina llamada forum prorrogatum. Al consentimiento del Estado demandado a la competencia del Tribunal, una vez presentada la demanda, se refiere el art. 38.5 del Reglamento, que precisa que hasta que no se presente su consentimiento la demanda no se inscribe en el registro ni se lleva a cabo ningún acto de procedimiento.

Consentimiento a priori mediante instrumento convencional

Al supuesto de consentimiento prestado a priori mediante instrumento convencional alude el art. 36.1 del Estatuto cuando declara: "La competencia de la Corte se extiende a todos los litigios... especialmente previstos en la Carta de las Naciones Unidas, en los tratados y convenciones vigentes". Cuando un tratado o convención vigente disponga que un asunto sea sometido a la jurisdicción que debía instituir la Sociedad de Naciones, o a la Corte Permanente de Justicia Internacional, dicho asunto será sometido a la Corte Internacional de Justicia.

Declaraciones unilaterales

En el artículo 36.2 se contempla el supuesto de competencia resultante del juego de las declaraciones unilaterales de los Estados partes en la controversia. Los Estados partes en el Estatuto pueden declarar en cualquier momento que reconocen como obligatoria ipso facto y sin convenio especial, respecto a cualquier otro Estado que acepte la misma obligación, la jurisdicción del Tribunal en todas las controversias de orden jurídico que versen sobre:

• a) La interpretación de un tratado.
• b) Cualquier cuestión de Derecho internacional.
• c) La existencia de todo hecho que, si fuera establecido, constituiría violación de una obligación internacional.
• d) La naturaleza o extensión de la reparación que ha de hacerse por el quebrantamiento de una obligación internacional.

La declaración puede hacerse incondicionalmente o bajo condición de reciprocidad por parte de varios o determinados Estados, o por tiempo determinado. Las declaraciones serán remitidas para su depósito al Secretario General de las Naciones Unidas. Ha establecido el Tribunal el principio general de libertad de forma y, además, que en la interpretación de las declaraciones hay que indagar el sentido natural y razonable de la lectura del texto, y que, a diferencia de los tratados, no es preciso atribuir razón de ser y sentido a cada uno de sus términos, ya que los actos unilaterales contienen a veces palabras ex abundanti cautela. En principio, las declaraciones deben ser interpretadas de conformidad con el Derecho existente y no en contra del mismo, y que en caso de duda puede recomendarse una interpretación estricta que no rebase la voluntad de los Estados.

En cuanto a la denuncia y expiración del plazo de las declaraciones, una vez iniciado el procedimiento, tales actos no pueden destruir la competencia ya establecida.