Democracia en España: principios, sufragio y representación política
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La Constitución española es un claro reflejo de la democracia. El artículo 1.2 establece
el principio de soberanía popular, la cual establece que el poder emana del pueblo. La
Constitución lo proclama como soberanía nacional, por la influencia del nacionalismo;
sin embargo, debe entenderse como sinónimo de soberanía popular.
Los artículos 1.1 y 6 proclaman el pluralismo político, y con ello, el respeto de las
minorías.
El artículo 9.2 es el principio democrático del mandato general a los poderes públicos.
El artículo 23 establece el derecho fundamental de participación política, es decir, de
democracia directa o democracia representativa.
Concepto
- Definición etimológica: la palabra democracia proviene de los términos griegos Kratos (poder) y demos (pueblo).
- Definición de Kelsen: la democracia es una forma de gobierno que permite la mayor libertad política porque la voluntad colectiva – las decisiones que afectan a todos / el ordenamiento jurídico – es adoptada por los sujetos a las mismas.
Titulares
El titular de la democracia es la comunidad política, es decir, los ciudadanos. Dentro
del concepto de ciudadano encontramos los ciudadanos nacionales, que es el concepto
tradicional de ciudadano, y todos aquellos con capacidad obrar tienen el derecho de
sufragio universal. Por otro lado, los ciudadanos extranjeros deben tener una vinculación
al concepto de residencia más o menos estable, vecindad o ciudadanía local.
Sufragio
El cuerpo electoral es el conjunto de ciudadanos con derecho de sufragio activo, es decir,
los ciudadanos mayores de edad no privados del ejercicio de sus derechos políticos
mediante decisión judicial.
Esto supone un punto de intersección de la sociedad y el Estado: es una expresión jurídica
de la sociedad a través de la cual ésta procede a la creación del derecho y a la dirección
política del país por medio de la elección de sus representantes, pudiendo eventualmente
también adoptar decisiones de especial trascendencia de manera directa.
El derecho de sufragio activo corresponde a los españoles mayores de edad (art. 2.1 LOREG). Como excepciones, gozan de este derecho en las elecciones municipales los residentes extranjeros en España cuyos respectivos países permitan el voto a los españoles en dichas elecciones, en los términos de un tratado. Además, también gozan de este derecho todas las personas residentes en España que, sin haber adquirido la nacionalidad española, tengan la condición de ciudadano de la UE, reúnan los requisitos para ser elector y hayan manifestado su voluntad de ejercer el derecho de sufragio activo en España (art. 176 LOREG).
En las elecciones al Parlamento Europeo, como excepciones, gozan del derecho de sufragio activo todas las personas residentes en España que, sin haber adquirido la nacionalidad española, tengan la condición de ciudadanos de la UE, reúnan los requisitos exigidos y gocen del derecho de sufragio activo en el Estado miembro de origen (art. 210 LOREG).
Para su ejercicio es indispensable la inscripción en el censo electoral vigente (art. 2.2 LOREG).
Carecen del derecho de sufragio los condenados por sentencia judicial firme a la pena principal o accesoria de privación del derecho de sufragio durante el tiempo de su cumplimiento, los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme, siempre que la misma declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio, y los internados en un hospital psiquiátrico con autorización judicial, durante el periodo que dure su internamiento siempre que la autorización del juez declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio (art. 2.3 LOREG).
Principios del sufragio
- Universalidad.
- Igualdad (un hombre – un voto), tanto formal (igualdad numérica) como material (igual valor de los votos).
- Libertad, tanto individual o subjetiva (ausencia de coacción) como colectiva o subjetiva (condiciones objetivas de libertad: neutralidad del Estado e igualdad de oportunidades de los candidatos).
- Directo.
- Secreto.
Instituciones de participación directa en la Constitución de 1978
La democracia directa está formada por el Concejo Abierto. Funcionan en Concejo
Abierto los municipios que tradicional y voluntariamente cuenten con ese singular
régimen de gobierno y administración, y aquellos otros en los que, por su localización
geográfica, la mejor gestión de los intereses municipales u otras circunstancias lo hagan
aconsejable. Su constitución requiere petición de la mayoría de los vecinos, decisión
favorable por mayoría de dos tercios de los miembros del Ayuntamiento y aprobación por
la Comunidad Autónoma.
El gobierno y la administración municipales corresponden a un Alcalde y una asamblea
vecinal de la que forman parte todos los electores. Ajustan su funcionamiento a los usos,
costumbres y tradiciones locales y, en su defecto, a lo establecido en la Ley y las leyes de
las Comunidad Autónomas sobre régimen local Los alcaldes de las corporaciones de los municipios de menos de cien residentes podrán
convocar a sus vecinos a Concejo Abierto para decisiones de especial trascendencia para
el municipio. Si así lo hicieren deberán someterse obligatoriamente al criterio de la
Asamblea vecinal constituida al efecto.
Los municipios que venían obligados por Ley en función del número de residentes a
funcionar en Concejo Abierto, podrán continuar con ese régimen especial de gobierno y
administración si tras la sesión constitutiva de la Corporación, convocada la Asamblea
Vecinal, así lo acordaran por unanimidad los tres miembros electos y la mayoría de los
vecinos.
La democracia semidirecta está formada por el referéndum (pronunciamiento del
electorado sobre una norma o decisión política) y por la iniciativa legislativa popular
(facultad que tiene parte del electorado para iniciar los trámites que ponen en marcha el
procedimiento legislativo).
La iniciativa legislativa popular
La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo
con la Constitución y los Reglamentos de las Cámaras.
Las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán solicitar del Gobierno la
adopción de un proyecto de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de tres
miembros de la Asamblea encargados de su defensa.
Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa legislativa
popular para la presentación de proposiciones de ley. En rodo caso se exigirán no menos
de 500.000 firmas acreditadas. No procederá dicha iniciativa en materias propias de ley
orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de
gracia (art. 87 CE). La iniciativa de reforma constitucional también se ejercerá en estos
términos (art. 166 CE). También están excluidas de la iniciativa legislativa popular las
materias de planificación económica y de elaboración de los Presupuestos Generales del
Estado (art. 2 LOILP).
El escrito de presentación deberá contener el texto articulado de la proposición de ley,
precedido de una exposición de motivos, y la relación de los miembros que componen la
Comisión Promotora de la iniciativa, con expresión de los datos personales de todos ellos
(art. 3.2 LOILP).
La Mesa del Congreso de los Diputados examinará la documentación remitida y se
pronunciará en el plazo de quince días sobre su admisibilidad. La resolución de la Mesa
de la Cámara se notificará a la Comisión Promotora y se publicará de acuerdo con lo que
al efecto disponga el Reglamento del Congreso de los Diputados (art. 5 LOILP).
Contra la decisión de la Mesa del Congreso de no admitir la proposición de ley, la
Comisión Promotora podrá interponer ante el Tribunal Constitucional recurso de amparo
(art. 6.1 LOILP).
Admitida la proposición, la Mesa del Congreso lo comunicará a la Junta Electoral Central.
El procedimiento de recogidas de firmas deberá finalizar con la entrega a la Junta
Electoral Central de las firmas recogidas, en el plazo de nueve meses a contar desde la
notificación a que se refiere el apartado anterior. Este plazo podrá ser prorrogado por tres meses cuando concurra una causa mayor apreciada por la Mesa del Congreso (art. 7
LOILP).
Una vez remitidos los pliegos a la Junta Electoral Central, ésta procederá a su
comprobación y recuento definitivos (art. 12.1 LOILP).
Recibida la notificación que acredite haberse reunido el número de firmas exigido, la
Mesa ordenará la publicación de la Proposición, que deberá ser incluida en el orden del
día del Pleno en el plazo máximo de seis meses para su toma en consideración. La
tramitación parlamentaria se realizará conforme a los Reglamentos de las Cámaras y la
persona designada por la Comisión Promotora será llamada a comparecer en la Comisión
del Congreso de los Diputados para que exponga los motivos que justifican la
presentación de la iniciativa legislativa popular (art. 13 LOILP).
El referéndum
Existen diferentes tipos de referéndum:
- Referéndum decisorio
- Referéndum decisorio constitucional:
- Referéndum decisorio de desarrollo autonómico:
- Referéndum consultivo (art. 92 CE y 6 LOMR)
Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum
consultivo de todos los ciudadanos. El referéndum será convocado por el Rey, mediante
propuesta del Presidente del Gobierno, y requerirá la previa autorización del Congreso de
los Diputados por mayoría absoluta. Dicha solicitud deberá contener los términos exactos
en que haya de formularse la consulta.
El artículo 4 LOMR prohíbe la celebración de cualquiera de las modalidades de
referéndum durante la vigencia de cualquiera de los estados de excepción y en los noventa
días siguientes a su levantamiento.
El principio de representación política
El principio de representación política está formado por el mandato representativo y
por la soberanía nacional, la cual considera a la nación como un ente abstracto.
Soberanía nacional y mandato representativo
Las razones burguesas para establecer estos dos principios fueron:
- La eliminación de los estamentos y la afirmación de la soberanía nacional (“la soberanía es una, indivisible, inalienable e imprescriptible, ningún individuo puede atribuirse su ejercicio”).
- La separación entre la sociedad y el Estado (despolitización de la sociedad), entre lo público y lo privado y la división del trabajo (“los mejores para ello”).
Caracteres del mandato representativo y del mandato imperativo
MANDATO REPRESENTATIVO MANDATO IMPERATIVO
Es nacional, el diputado representa al común de los nacionales y no sólo a quienes lo eligieran.
La representación se imputa exclusivamente al colegio electoral en el que se hizo la elección o al estamento correspondiente pero no produce efectos generales.Es general, no para actuaciones concretas.
El mandatario puede ser revocado en cualquier momento por voluntad de sus mandantes – electores. Es libre, no está vinculado a ningún tipo de instrucciones por parte de sus electores.
El mandatario es responsable ante sus electores, ante los que debe rendir cuentas.
No es responsable, no está sujeto a revocación por parte de sus electores. El mandatario está sujeto a instrucciones vinculantes.
El Parlamento estaba formado por los Estados Generales y por la Cámara de los Comunes.
El Parlamento liberal está integrado por los representantes (propietarios burgueses con
intereses homogéneos). Allí se forma la voluntad del Estado, la ley. La ley es expresión del debate libre (prohibición del mandato imperativo) a partir de los argumentos de la
Razón.
La democracia representativa
El Estado Democrático que defiende la democracia representativa se caracteriza por:
- Sufragio universal y soberanía popular.
- Derecho fundamental de electorado.
- Articulación por medio de los partidos políticos, lo cual lleva a una democracia de partidos. La relación representativa elector – diputado se escinde en dos:
- Elector – partido
- Partido – diputado
La democracia representativa en la CE 1978
Los artículos 66 y 67 prohíben el mandato imperativo, y el artículo 6 destaca la
importancia de los partidos políticos.
Por otro lado, la STC 5/1983 y 10/1983 establecen que el escaño pertenece al
parlamentario. La fundamentación jurídica de este razonamiento se plasma en el artículo
23 CE, el cual defiende el derecho fundamental a participar en los asuntos públicos,
directamente o por medio de representantes, y el derecho a acceder en condiciones de
igualdad a las funciones y cargos públicos.