Acciones y medios de control en la jurisdicción contencioso administrativa colombiana: resumen

Aspectos Clave de Acciones y Medios de Control en la Jurisdicción Contencioso Administrativa Colombiana

1. Control Inmediato de Legalidad

El control inmediato de legalidad, establecido en el artículo 136 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), tiene su origen en el artículo 20 de la Ley 137 de 1994, que reglamenta los estados de excepción en Colombia.

¿Qué actos son objeto de este control?

Según la Ley 1437, este medio de control se aplica a las medidas de carácter general dictadas en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos expedidos durante los estados de excepción. Este es el único medio de control auténtico, ya que no requiere de un demandante y se activa de oficio.

¿Quiénes están obligados a activar este medio de control y cuál es el órgano competente?

Las autoridades competentes deben remitir los actos generales al Consejo de Estado (si son de orden nacional) o al Tribunal Administrativo del lugar de expedición (si son de orden territorial) dentro de las 48 horas siguientes a su expedición. Si no se remiten en este plazo, la autoridad judicial competente puede ejercer el control de oficio.

2. Acción de Nulidad por Inconstitucionalidad

¿Quién puede interponerla?

Los ciudadanos, directamente o por medio de representante, en cualquier tiempo.

Este medio de control procede contra actos de carácter general expedidos por el Gobierno que infrinjan directamente la Constitución, siempre y cuando la revisión no corresponda a la Corte Constitucional. La única causal de procedencia es la violación directa de la Constitución.

¿Ante quién se interpone?

El Consejo de Estado es el competente para conocer de la acción de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos expedidos por el Gobierno Nacional, cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional, según la Ley 1437 de 2011.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado conoce de estas acciones, según el artículo 111 numeral 5º del CPACA.

Trámite

El trámite se sujeta a los artículos 162 a 175 del CPACA. La demanda debe especificar las normas constitucionales violadas y justificar la inconstitucionalidad.

Los términos son cortos para garantizar celeridad:

• Admisión: 10 días para que el magistrado ponente se pronuncie.
• Subsanación: 3 días si faltan requisitos.
• Contestación: 10 días para la entidad y personas con interés directo.
• Periodo probatorio: Máximo 10 días.
• Traslado al Procurador: 10 días.
• Sentencia: Según los términos del artículo 184 del CPACA.

No se implementó la oralidad en este medio de control.

3. Caducidad de la Acción de Nulidad Electoral

El plazo es de 30 días, según el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011. Si la elección se declara en audiencia pública, el término se cuenta desde el día siguiente.

4. Requisito de Procedibilidad para la Acción Popular (CPACA)

La Ley 1437 de 2011 exige, antes de presentar una acción popular, solicitar medidas para proteger el derecho o interés colectivo amenazado o violado.

5. Consecuencias de no Publicar el Auto Admisorio de la Demanda de Acción Popular

El artículo 21 de la Ley 472 de 1998 (Ley de Acciones Populares) establece que el juez debe notificar personalmente al demandado y a los miembros de la comunidad a través de un medio masivo de comunicación o mecanismo eficaz. Se pueden usar varios medios simultáneamente.

Si el demandado es una entidad pública, se notifica a su representante legal o delegado. Si es un particular, se sigue el Código de Procedimiento Civil. Si no se encuentra la persona, se notifica a un empleado con copia de la demanda, auto admisorio y aviso.

Se debe comunicar el auto admisorio al Ministerio Público y a la entidad encargada de proteger el derecho colectivo afectado.

La no publicación en un medio masivo, si bien es una irregularidad, no genera *per se* la nulidad del proceso, pero sí puede afectar el derecho de defensa y el debido proceso de terceros interesados. La jurisprudencia ha indicado que debe evaluarse el caso concreto para determinar si la falta de publicación causó un perjuicio real.

6. Derechos Vulnerados en una Tutela por Negativa de Cirugía (Caso Hipotético)

En el caso de un señor de 65 años al que se le niega una cirugía de corazón por no estar en el POS, se pueden argumentar los siguientes derechos vulnerados:

• Derecho a la salud: En su dimensión de derecho fundamental autónomo, que implica el derecho a gozar del más alto nivel posible de bienestar físico, mental y social.
• Derecho a la vida digna: La salud es esencial para una vida digna.

7. Criterios del Juez para Decidir Tutela por Peligro a la Seguridad Personal

La jurisprudencia de la Corte Constitucional considera la seguridad como:

1. Valor constitucional.
2. Derecho colectivo.
3. Derecho fundamental.

El derecho a la seguridad personal no solo se relaciona con la libertad individual, sino con cualquier garantía que necesite protección estatal, especialmente la vida y la integridad personal.

La clasificación de los riesgos, según la jurisprudencia, no se presenta explícitamente en el texto proporcionado, pero la Corte Constitucional suele distinguir entre riesgo mínimo, riesgo ordinario, riesgo extraordinario y riesgo extremo, valorando la intensidad y especificidad de la amenaza para determinar las medidas de protección.