Canarias Durante la Dictadura de Primo de Rivera: Transformaciones Políticas y Económicas (1923-1930)

Canarias en la Dictadura de Primo de Rivera

Contexto Político

Miguel Primo de Rivera fue el primer jefe del gobierno español que visitó las islas Canarias. Durante su dictadura, en 1925, se creó la Mancomunidad Provincial Interinsular, que reunía a todos los cabildos insulares. En 1927, se firmó el decreto que dividía a Canarias en dos provincias: Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. Este acontecimiento frustró el desarrollo de un regionalismo integrador.

El pleito insular debe entenderse en el contexto de la lucha por lograr el mejor control de los intercambios con el exterior y hacerse con el comercio interior. La dualidad provincial aparece como una solución artificial impuesta para resolver la lucha interna de los grupos dominantes canarios. Frustrado el desarrollo de un regionalismo integrador, las élites detentadoras del poder en Canarias seguirán hasta el presente compitiendo por acaparar las preferencias en las grandes infraestructuras.

Planteamientos Sociales y Económicos

El estado desarrolló una política económica y social intervencionista, que se benefició de la favorable situación económica internacional de los años veinte. La política económica se orientó a:

• Fomentar las obras públicas.
• Crear monopolios, como la Compañía Telefónica Nacional de España y la venta de petróleo a CAMPSA.
• Implementar el proteccionismo arancelario para favorecer a los empresarios españoles.

Los resultados económicos fueron muy positivos. Este auge económico de la dictadura se mostró al mundo en dos escaparates: la Exposición Universal de Barcelona y la Exposición Iberoamericana de Sevilla.

Política Social

La política social se caracterizó por la represión de los sindicatos radicales (la CNT fue ilegalizada, pero la UGT no) y por un cierto reformismo social de carácter paternalista. El estado creó la Organización Corporativa Nacional, a semejanza de las corporaciones fascistas italianas, integrando a obreros y patrones en comités paritarios por oficios y profesiones, con el objetivo de controlar el movimiento sindical y evitar la conflictividad social. Estos comités se sometían al arbitraje de la autoridad gubernativa.