Clasificación de los ingresos públicos: tributarios, patrimoniales y crediticios

Clasificación Fundamental de los Ingresos Públicos

Los ingresos públicos, como cualquier concepto jurídico, pueden clasificarse de diversas formas. Las clasificaciones más usuales son las siguientes:

1. Clasificación por la Naturaleza del Derecho

Por la naturaleza del derecho que determina la entrada de la suma de dinero en el patrimonio del ente público, los ingresos públicos pueden clasificarse en:

• Ingresos Tributarios

  Los ingresos tributarios son aquellos que el Estado u otro ente público, con poder o potestad para ello, exige coactivamente de los ciudadanos con la finalidad de financiar el gasto público.

• Ingresos Patrimoniales

  Los ingresos patrimoniales, por su parte, son aquellos que obtiene el Estado u otro ente público de la venta o explotación de sus bienes patrimoniales.

• Ingresos Crediticios

  Los ingresos crediticios son los que el Estado o cualquier otro ente público obtiene tomando dinero a préstamo, cantidad que, posteriormente, el ente público debe devolver y por la cual debe pagar intereses.

2. Clasificación por la Naturaleza de las Normas

El segundo criterio de clasificación presenta mayor relevancia, distinguiendo, según la naturaleza de las normas por las que se rige el establecimiento y la obtención del ingreso, entre Ingresos públicos de Derecho privado e Ingresos públicos de Derecho público.

• Ingresos Públicos de Derecho Público

  El ingreso público de Derecho público se produce cuando la suma de dinero que percibe el ente público la obtiene como consecuencia de su potestad de imperio, es decir, coactivamente, actuando como tal ente público con los poderes y privilegios exorbitantes inherentes a tal condición⁵³. En estos casos, por tanto, la fuente del ingreso reside en la Ley, y el mecanismo de obtención de la suma de dinero está sometido a los esquemas del Derecho público.

• Ingresos Públicos de Derecho Privado

  El ingreso público de Derecho privado, por el contrario, se da cuando la Administración actúa en pie de igualdad con los particulares en el ámbito de las relaciones jurídicas por medio de las cuales se obtiene la suma de dinero. Aquí, el derecho a la percepción del ingreso no nace de la ley –es decir, no existe coacción por parte del ente público–, sino de una relación jurídica de carácter contractual (por ejemplo, compraventa, arrendamiento, etc.), aunque no siempre tiene que ser así (por ejemplo, es un ingreso de Derecho privado la indemnización por daño satisfecha a un ente público en virtud del art. 1.902 CC).