Clasificación de las normas jurídicas: tipos, jerarquía y ámbitos de aplicación

9) Normas: clasificación según su concreción

En cuanto a la clasificación de las normas, nos encontramos con la dificultad de precisar si estamos hablando de la característica general o abstracta, o debemos hablar de normas particulares o concretas. Recasens señala que las normas se clasifican atendiendo a su mayor o menor concreción de sus contenidos en: generales, particulares e individualizadas.

En primer lugar, las normas de carácter general obligan a todos, como las leyes y los reglamentos (estos en grado menor). En segundo lugar, las normas jurídicas particulares obligan solo a las partes que intervienen como consecuencia de un determinado negocio jurídico. Y en el último nivel, las normas individualizadas obligan a las personas singulares a las que se dirigen las sentencias judiciales y resoluciones administrativas.

Lgaz clasifica las normas jurídicas tomando en consideración su estructura lógico-formal. Señala que, si la norma vincula de forma general el éxito y la consecuencia jurídica, entonces se llama general. Si vincula el éxito y la consecuencia a un caso concreto, se llama particular o individual.

Austin entra en el ámbito de la acción a la que se refiere el mandato de la ley o norma jurídica. Así caracterizaba a la norma por la acción tipo y no solamente por el sujeto al que la misma se dirige.

Kelsen, desde el positivismo, emplea la deducción lógica de una primera norma general para obtener una segunda norma. Tuvo que admitir la existencia de unas normas jurídicas individuales que tendrían por objeto aplicar la sanción en concreto a un caso particular, pero dicha sanción debía estar prevista primero en la norma general y que se aplica al dicho caso concreto porque se dan las condiciones que la norma general había establecido.

10) Normas generales y particulares según Bobbio

Bobbio piensa que quienes se habían detenido en la concepción de la norma como general o abstracta dejaban de lado la existencia de normas particulares o concretas, ya que, según esta visión generalista, la norma tenía que ir dirigida a una pluralidad de supuestos y destinatarios. Distingue entre prescripciones generales y prescripciones abstractas.

Bobbio cree que solo a través de las prescripciones generales se encuentra el mejor modo de alcanzar la igualdad, siendo esta una de los fines fundamentales de todo ordenamiento jurídico. Por el contrario, a través de las normas particulares solo estaríamos creando privilegios, aunque no todas las normas particulares son privilegios. Así piensa que esta máxima de «igualdad de todos ante la ley» reside en la norma dirigida a la totalidad de ciudadanos y no a un ciudadano en particular.

En cuanto a las prescripciones abstractas, dice que a través de estas se lleva a cabo el otro fin del ordenamiento jurídico, como es la certeza. Se entiende como la determinación de los efectos que el ordenamiento jurídico atribuye a un comportamiento dado (con anticipación sabemos las consecuencias de nuestras propias acciones).

11) Clasificación de las normas según su ámbito

Según el ámbito de aplicación espacial tenemos las normas generales y las normas locales:

1. Normas generales: son aquellas que tienen validez en todo el territorio del Estado. Parten de la supremacía del Estado y de que las normas se crearon desde el Estado, pero con la integración del derecho comunitario (derecho primario u originario, formado por los tratados constitutivos de la Unión, y derecho derivado o secundario, normas emanadas de órganos comunitarios) se rompe la idea anterior, quedando el Estado obligado por normas comunitarias. Ya en esto se encuentra la negación de la existencia del Estado.
2. Normas locales: se aplican en una parte concreta del territorio del Estado. También se han visto afectadas por la existencia jurídica de las autonomías, los ayuntamientos y los órganos de carácter local, que crean normas que se aplican en una parte aún más concreta del territorio del Estado, creando un abanico normativo que tiene que armonizarse según el principio de competencia establecido en la Constitución.

Si atendemos al ámbito temporal, las clasificamos como determinadas o indeterminadas:

1. Determinadas: indican la duración de su validez, el momento de su entrada en vigor, el término final o la cesación de su vigencia. Aquí se incluyen las normas transitorias, que regulan un cambio legislativo y que prevén de alguna manera la duración concreta de su validez.
2. Indeterminadas: por el contrario, pierden su obligatoriedad solo al ser derogadas (ya sea expresa o tácitamente) y constituyen el conjunto más amplio de normas.

12) Clasificación de las normas según la voluntad

Según Kelsen, la única voluntad que podría admitirse es la voluntad del Estado, y el individuo carece de voluntad en la medida en que está sometido al ordenamiento jurídico. A pesar de dicho planteamiento, lo cierto es que en las normas jurídicas no aparece únicamente el elemento volitivo estatal. Establecer la voluntad estatal como única fuente de creación del derecho supone excluir otras fuentes importantes. De esto da fe Santi Romano, para quien el todo ordenamiento es una institución y viceversa: cualquier grupo social puede crear su propio conjunto normativo siguiendo sus principios y valores, sin quedar excluido de un sistema normativo más amplio como el estatal, o incluso el suprastatal.

En cuanto a la división que nos ocupa, la clasificación de las normas en relación con la voluntad de los particulares es la siguiente:

• Taxativas: mandan o imponen con independencia de la voluntad de los particulares. Son normas públicas que no pueden cambiarse por los particulares.
• Dispositivas: son aquellas que valen en tanto no exista voluntad diversa de las partes.

Juan Almoguera.

La clasificación según la técnica de aplicación de las normas, atendiendo a los factores que se encuentran en la sociedad y que la norma no puede prever:

• Rígidas: contienen un mandato taxativo y no dejan margen al aplicador para apreciar sus circunstancias ni para graduar consecuencias.
• Flexibles: posibilitan al aplicador un margen para configurar los efectos previstos de la norma.

Teniendo en cuenta estas clasificaciones, hay que atender al problema de la imperatividad. Si partimos de la realidad de la norma jurídica como imperativo hipotético, según Austin se garantiza el cumplimiento de la norma por temor a la sanción. Para Kelsen, por la sanción impuesta objetivamente, independientemente del temor. Ahora bien, prescindiendo de esa imperatividad, habría que admitir dentro de las normas jurídicas, junto con los imperativos, los consejos y las peticiones, cuyo carácter vinculante está mucho más debilitado.

Giuseppe Lumia: en esta línea entiende que el imperativo instituye una relación entre poder-deber, mientras que en el consejo no hay deber, y en la petición falta poder. Como formas de consejos dirá que son: dictámenes, tanto facultativos como obligatorios. Con peticiones se hace referencia a los recursos presentados ante la autoridad pública con la intención de que se estimen las pretensiones del actor, como garantía fundamental del ciudadano.

14) Clasificación de las normas según el orden jurídico

Atiende a la diversa posición de las normas jurídicas según la fuente de la que emanan. La positivización de las fuentes jurídicas supone la graduación jerárquica del sistema de fuentes. El punto de partida es el de la unidad y cohesión del sistema jurídico, dentro de su configuración dinámica, en oposición a un ordenamiento de carácter estático (ordenamiento moral).

En la moral se plantea la necesidad de asumir un cierto contenido normativo. No obstante, en el procedimiento de construcción de peldaños del ordenamiento jurídico, se abandona el contenido de las normas para que simultáneamente se integren en el sistema jurídico y adquieran validez. Cabe hacer referencia al ordenamiento virtual de Gentile.