Conceptos jurídicos indeterminados, tipos sancionadores y prescripción en la LRJSP y la LMVSI

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Conceptos jurídicos indeterminados

Conceptos jurídicos indeterminados: son admisibles si pueden concretarse mediante criterios lógicos, técnicos o de experiencia. Ejemplos: relevancia, alteración significativa o peligro para la solvencia. Están sujetos al control judicial de su aplicación.

Elementos del tipo

  • Objetivo: materia o bien protegido.
  • Subjetivo: destinatarios generales o específicos.
  • Conducta: acción u omisión.
  • Remisiones: normas que concretan las obligaciones.
  • Cualificación: circunstancias que determinan la gravedad.

Ejemplos

Art. 290 LMVSI: deficiencias administrativas, contables, de control interno u organización. Son muy graves si peligra la solvencia o viabilidad; graves, sin ese peligro, al transcurrir el plazo concedido para subsanar.

Art. 297 LMVSI y art. 15 MAR: manipulación o intento de manipulación. Cualificación por alteración significativa de la cotización, relevancia de fondos o instrumentos, o beneficio real o potencial, o pérdidas evitadas.

Clases de infracciones

  • Mera actividad: conducta sin resultado adicional.
  • Peligro: riesgo exigido por el tipo.
  • Peligro abstracto: no requiere probar un peligro concreto adicional.
  • Resultado: resultado típico y relación causal. No toda infracción exige daño económico.

Consumación: se producen todos los elementos del tipo. La tentativa administrativa solo es sancionable con cobertura normativa.

  • Permanente: única situación ilícita mantenida en el tiempo.
  • Continuada: pluralidad de acciones u omisiones homogéneas, con plan preconcebido o idéntica ocasión, tratadas unitariamente.
  • De estado: consumación con efectos duraderos, sin necesidad de mantener la propia conducta.

Irretroactividad (art. 26 LRJSP)

Se aplica la norma vigente al cometer los hechos. La posterior desfavorable no es retroactiva (in peius); la posterior favorable sí lo es (in melius), sobre tipificación, sanción y prescripción. Son favorables la eliminación del tipo, una menor sanción, un menor plazo o nuevos requisitos favorables.

Alcanza a las sanciones pendientes de cumplimiento: la firmeza no es un límite absoluto, aunque los apuntes la presenten así.

Código Penal: la norma favorable se aplica incluso con sentencia firme y condena en cumplimiento. Las leyes penales temporales mantienen su aplicación a los hechos cometidos durante su vigencia, salvo disposición contraria.

Prescripción (art. 30 LRJSP)

La prescripción garantiza la seguridad jurídica. Extingue la posibilidad de exigir responsabilidad por una infracción o de ejecutar una sanción. Es apreciable de oficio o a instancia de parte. Se aplica primero la ley sectorial y, subsidiariamente, la regla general.

Plazos de prescripción

  • Infracciones generales: muy graves 3 años, graves 2 años, leves 6 meses.
  • Infracciones LMVSI (art. 311): 5, 4 y 2 años.
  • Sanciones generales: 3, 2 y 1 año.

Cómputo

Dies a quo: inicio del plazo. Dies ad quem: final del plazo.

  • Infracciones: desde su comisión. En las permanentes o continuadas, desde la finalización de la conducta.
  • Interrupción: con el inicio del procedimiento sancionador con conocimiento del interesado. Las actuaciones previas no interrumpen.
  • Reinicio por paralización no imputable al interesado: más de 1 mes con carácter general, 3 meses en la LMVSI.
  • Sanciones: desde el día siguiente a la resolución ejecutable o al transcurso del plazo de recurso.
  • Alzada desestimada por silencio: desde el día siguiente al vencimiento del plazo legal para resolverla.
  • Interrupción por inicio de la ejecución conocido por el sancionado. Vuelve a correr por paralización superior a 1 mes no imputable.

Una infracción prescrita implica no iniciar el procedimiento o archivarlo. No se trasladan automáticamente las reglas de días inhábiles procedimentales a la prescripción sustantiva.

Caducidad

La caducidad agota el procedimiento por superar el plazo máximo. No equivale a prescripción: permite un nuevo expediente si la infracción no ha prescrito. Un expediente caducado no interrumpe la prescripción, y su reapertura no vulnera por sí sola el principio non bis in idem.

Art. 270 LMVSI: plazo de 1 año para resolver y notificar. La ampliación aumenta el plazo y la suspensión detiene el cómputo. En el informe preceptivo, la suspensión tiene un máximo de 3 meses en el supuesto legal. La recusación suspende hasta la resolución. Las actuaciones complementarias tienen un plazo máximo de práctica de 15 días.

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