Conferencias Internacionales sobre Medio Ambiente y Responsabilidad Administrativa Ambiental: De Estocolmo a la Agenda 2030
Conferencias sobre Medio Ambiente
Conferencias sobre Medio Ambiente: La cuestión ambiental adquiere dimensión internacional a partir de la segunda mitad del siglo XX, cuando los países desarrollados advierten que la legislación nacional resulta insuficiente y llevan el tema a la ONU.
La Conferencia de Estocolmo (1972)
La Conferencia de Estocolmo (1972), sobre el Medio Ambiente Humano, colocó el ambiente en las relaciones internacionales y no tuvo resultado jurídico vinculante, sino una declaración política cuyos principios pasaron luego a integrar el derecho. Además, creó el PNUMA, con sede en Nairobi, único organismo de la ONU con sede en un país no desarrollado.
Fue escenario de un conflicto Norte-Sur: los países desarrollados reclamaban frenar la explotación de recursos, en el marco de la tesis de los límites del crecimiento, mientras los no desarrollados objetaban que se les impidiera desarrollarse cuando los otros ya lo habían hecho a costa del ambiente.
El Informe Brundtland y el desarrollo sostenible (1987)
Para superar esa oposición, la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo elaboró el Informe Brundtland, "Nuestro Futuro Común" (1987), que introdujo el desarrollo sostenible: aquel que satisface las necesidades de la generación actual sin comprometer las de las futuras. Sostuvo que lo incompatible con el ambiente no es el desarrollo sino su modalidad.
La Conferencia de Río (1992)
La Conferencia de Río (1992) tuvo resultados:
- Políticos: la Declaración de Río, fuente de los principios del Derecho Ambiental, con el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas.
- Institucionales: el GEF, fondo alimentado por países desarrollados para proyectos ambientales de países en desarrollo.
- Jurídicos: a diferencia de Estocolmo, tres convenios: la Convención Marco sobre Cambio Climático, el Convenio sobre Diversidad Biológica y la Convención sobre Desertificación y Sequía.
Johannesburgo (2002), Río+20 (2012) y la Agenda 2030
La Conferencia de Johannesburgo (2002) no logró avances e incluso se considera un retroceso, y hacia 2010 se hablaba de bloqueo en las negociaciones.
Río+20 (2012) introdujo la economía verde, que procura llevar a la práctica el desarrollo sostenible de manera rentable, siendo el ejemplo más claro las energías renovables.
Finalmente, la cumbre de Nueva York (2015) aprobó los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030): diecisiete objetivos con metas medibles para determinar objetivamente si se avanza hacia el desarrollo sostenible.
Responsabilidad Administrativa Ambiental
Responsabilidad Administrativa: La responsabilidad administrativa es la que surge de la infracción a las normas ambientales y se traduce en la posibilidad de aplicar multas y otras sanciones administrativas, como ocurre, por ejemplo, ante el incumplimiento de obligaciones del Decreto 349/005 sobre autorizaciones ambientales. Es concurrente con la penal y la civil, y se rige por el principio de legalidad, siendo muy fuerte el rol de la Administración por tratarse de un cometido esencial.
Fundamento normativo
Su base se encuentra en:
- El artículo 47 de la Constitución.
- El artículo 7 literal J de la Ley 17.283, que incluye las sanciones administrativas entre los instrumentos de gestión.
- El artículo 15 de la Ley 17.283, que habilita al Ministerio de Ambiente a sancionar.
Sanciones previstas en el artículo 15
- Apercibimiento: si el infractor carece de antecedentes y la infracción es leve.
- Difusión pública de la resolución sancionatoria a costa del infractor.
- Decomiso de objetos, productos y vehículos vinculados a la infracción. Ambas sanciones son acumulativas y solo para infracciones no leves, lo que constituye una excepción al non bis in idem.
- Suspensión de registros, habilitaciones y permisos hasta ciento ochenta días, o su caducidad si la infracción es grave o el infractor reincidente o continuado.
Si el infractor es una entidad pública, se da cuenta al Poder Ejecutivo y a la Asamblea General.
Medidas complementarias y otras normas
El artículo 14 agrega medidas complementarias, como exigir garantías suficientes, imponer el tratamiento de desechos o fijar astreintes.
La Ley 16.170 (art. 453) permite al Poder Ejecutivo suspender o hacer cesar los actos que afecten el ambiente con auxilio del Ministerio del Interior o la Prefectura, y disponer la clausura temporaria o definitiva de establecimientos industriales o comerciales en caso de infracciones graves o reiteradas.
Clasificación de infracciones y multas (Decreto 349/005)
El artículo 29 del Decreto 349/005 enumera las infracciones graves:
- Operar sin AAP en proyectos categoría B o C, sin AAO o sin AAE.
- Omitir o falsear información.
- Incumplir las condiciones de las autorizaciones, los monitoreos o las garantías.
- Obstaculizar el control.
Se consideran leves las restantes, aunque la reiteración de faltas leves se reputa grave.
El artículo 30 fija las siguientes multas:
- Leves: de 10 a 1.000 UR.
- Primera grave: de 200 a 3.500 UR.
- Graves siguientes: de 300 a 5.000 UR.
Las multas se gradúan según la magnitud de la infracción, sus consecuencias ambientales y los antecedentes del infractor. La LUC eleva el máximo de las multas a 100.000 UR y atribuye al Ministerio de Ambiente la policía ambiental.
Prescripción
Las infracciones graves prescriben a los ocho años y las demás a los cinco años.