Congreso, Ejecutivo y Seguridad Ciudadana en el Perú: Equilibrio de Poderes, Medios y Participación

Equilibrio entre poderes en el Perú

El presidente y el Congreso se enfrentan con frecuencia en el Perú porque la Constitución les otorga herramientas para controlarse mutuamente, y a veces las usan para frenarse en lugar de trabajar juntos. Una de esas herramientas está en el artículo 104: el Congreso puede delegar en el Ejecutivo la facultad de legislar mediante decretos legislativos, sobre una materia específica y por un plazo determinado.

Un ejemplo actual

Un caso reciente es el pedido de facultades del Gobierno de Keiko Fujimori. El Gobierno solicitó ese permiso para varios temas, como seguridad y El Niño. Mientras el Congreso lo discutía, la presidenta advirtió que su paciencia democrática tenía un límite, y la oposición lo interpretó como una presión. Al final, el Parlamento aprobó la delegación solo para seguridad ciudadana y El Niño, por un tiempo limitado. Es decir, otorgó solo una parte de lo solicitado. Esto muestra el equilibrio entre poderes: el Congreso no se lo negó todo, pero tampoco se lo concedió completo.

El papel de los medios de comunicación

Los medios pueden ayudar o agravar este conflicto. Según Hopenhayn, permiten que los ciudadanos se informen, formen sus propias opiniones y vigilen a los políticos, y dan voz a personas que antes no eran escuchadas. Sin embargo, advierte que el poder de los medios se concentra en pocas empresas y que la política se vuelve más mediática: importa más la imagen que los proyectos. Si un medio solo repite “se acaba la paciencia” o “el Congreso bloquea”, muestra un conflicto pero no explica qué se pidió ni qué se aprobó, polarizando así a la población.

Los medios no son neutros: moldean la percepción que la ciudadanía tiene de las instituciones y condicionan su desempeño. Contribuyen al equilibrio entre poderes si informan con pluralismo y explican los conflictos, y lo debilitan si los convierten en espectáculo.

Seguridad ciudadana y límites legales

Ante la extorsión y el crimen organizado, es comprensible que la gente quiera protegerse, pero existen límites legales. Según Mendoza, el Estado existe porque tiene el monopolio de la fuerza. Los ciudadanos pagan impuestos y obedecen las leyes, y a cambio el Estado se encarga de brindarles seguridad y justicia. Por ello, la justicia por mano propia es ilegal: quien agrede a un delincuente rompe ese acuerdo y debilita el Estado de derecho, porque solo el Estado puede usar la fuerza de manera legal. La Constitución lo respalda al establecer que nadie puede apropiarse del poder del Estado (art. 45).

Esto no significa que los ciudadanos no puedan hacer nada. Pueden participar de forma pacífica y preventiva:

• Juntas vecinales: los vecinos se organizan junto con la Policía para vigilar su calle y alertar sobre situaciones sospechosas.
• Patrullaje integrado: el serenazgo y la Policía salen juntos, y el policía es quien tiene la autoridad para detener.
• Veedurías: los vecinos vigilan que las autoridades cumplan sus funciones y que el dinero público se use adecuadamente.

Además, la Constitución reconoce el derecho a pedir rendición de cuentas a las autoridades (art. 31). El límite es claro: no armarse, no formar grupos para castigar y no investigar delitos por cuenta propia. Según el art. 166, la Policía tiene como finalidad fundamental garantizar el orden interno y combatir el delito. En conclusión, la sociedad civil es un apoyo preventivo importante, pero el uso de la fuerza y la persecución del delito corresponden al Estado.

Derechos reconocidos y derechos ejercidos

Existe una contradicción entre lo que establece la Constitución y el miedo que siente la población. El art. 1 señala que la defensa de la persona y su dignidad es el fin supremo del Estado; el art. 2 reconoce el derecho a la seguridad personal, y el art. 44 obliga al Estado a proteger a la población frente a las amenazas contra su seguridad. Sin embargo, cuando la delincuencia avanza y las mafias cobran cupos, se evidencia que el Estado falla en su deber de protección.

Hopenhayn explica esta contradicción al señalar que la titularidad de los derechos “no es del todo real”. Es decir, los derechos existen en el papel, pero no siempre pueden ejercerse. Añade que hoy existe mucho más acceso a información y tecnología, pero el bienestar material no mejoró en la misma proporción, y que esa brecha y la exclusión generan inseguridad y violencia. Por eso, tener derechos reconocidos no basta: es necesario que se cumplan en la vida diaria.

Herramientas ciudadanas

Frente a esta situación, los ciudadanos pueden:

• Participar en las reuniones de seguridad de su distrito y exigir cuentas al alcalde y al comisario.
• Acudir a la Defensoría del Pueblo, que defiende los derechos y supervisa a la administración (arts. 161 y 162), si una comisaría no atiende sus denuncias.
• Activar una revocatoria mediante la recolección de firmas, si un alcalde es ineficiente.
• Votar de forma informada y exigir políticas de prevención, como empleo y educación.

En conclusión, la seguridad es una responsabilidad compartida: el Estado debe cumplirla, y los ciudadanos deben participar, vigilar y exigir.