Constitución de Cádiz (1812) y Estatuto Real (1834): evolución del liberalismo en España

Constitución de Cádiz (1812)

Promulgada el 19 de marzo de 1812. Constitución liberal burguesa que establecía que la soberanía pertenecía a la nación, la cual sería la encargada de establecer las leyes fundamentales. Producto de la soberanía nacional, se estableció una representación popular que se reunía en las Cortes ordinarias.

El sistema de representación era complicado. Sin elección directa, solo podían ser elegibles y electores los ciudadanos de sexo masculino que fueran residentes en una parroquia y que reunieran una determinada renta y vecindad. Esta regulación, contraria a los partidos, pretendía conseguir una voluntad común representativa y libre; por tanto, se excluía del voto a aquellos que no podían ejercerlo libremente y que, por tanto, no eran considerados iguales a los posibles electores.

Los representantes de la voluntad de los ciudadanos debían reunirse en las Cortes que, reunidas con el rey, se encargaban de establecer las leyes ordinarias. Las Cortes eran de dos tipos:

• Ordinarias: nombradas para periodos de dos años.
• Extraordinarias: convocadas para una cuestión concreta.

Sólo las Cortes constituyentes podían modificar la Constitución. La Constitución regulaba, finalmente, el estatuto de los diputados, sobre todo para evitar que éstos actuaran en interés propio, pero no se ocupó de los partidos políticos.

Estatuto Real de 1834

Si en un principio el gobierno fue aperturista, ante la amenaza carlista se promulgó el Estatuto de 1834, que conjugaba un fuerte poder ejecutivo en la persona del rey y un sistema bicameral representativo de sufragio limitado.

El Estatuto Real de 1834 pretendía un retorno a la monarquía católica, tratando de restaurar las leyes fundamentales de la monarquía —en particular, de la monarquía castellana—. Para las cuestiones importantes debían reunirse las Cortes, de tal forma que el monarca, con el consejo de los tres estamentos, pudiera decidir sobre asuntos graves y sobre nuevas imposiciones.

Esta norma fracasó en seguida. En 1836, fruto del motín de La Granja, se volvió al liberalismo con la proclamación de la Constitución de 1812, pero solamente estuvo vigente durante el tiempo necesario para nombrar unas Cortes constituyentes que elaboraran una nueva constitución liberal.