Control de constitucionalidad de las normas en España: tipos, procedimientos y efectos

Control de constitucionalidad de las normas

T.7/Control de constitucionalidad de las normas

A) Objeto del control de constitucionalidad y normas posconstitucionales

Son objeto del control de constitucionalidad:

1. Normas con fuerza de ley estatales: leyes orgánicas, estatutos de autonomía, tratados internacionales, reglamentos interiores del Congreso de los Diputados y del Senado, decretos legislativos, decretos-leyes.
2. Normas con fuerza de ley autonómicas: leyes autonómicas, reglamentos de los parlamentos autonómicos, decretos legislativos autonómicos y decretos-leyes autonómicos (algunos).

Estas normas, que sean objeto del control de constitucionalidad, no pueden impugnarse en su conjunto ante el TC, sino que solo son examinadas por sí mismas, uno a uno, determinados artículos y preceptos.

Los decretos legislativos, ya sean estatales o autonómicos, son concesiones en materia legislativa que hacen al Parlamento al Gobierno estatal o autonómico. Dicha concesión lleva implícitos límites sobre los que debe versar la norma. Así pues, puede darse el caso de que el Gobierno se exceda de las competencias que el Parlamento hubiere asignado. En tal caso, lo que dese una norma que se encuentre dentro de los límites establecidos por el Parlamento tendrá fuerza de ley y será controlable por el TC. La parte que se exceda de las competencias asignadas incurrirá en "ultra vires", teniendo esta el rango de reglamento gubernamental y no fuerza de ley. Sería, dicha incursión "ultra vires", como si el Parlamento hubiere aprobado una norma con rango de ley, y el Gobierno la hubiera desarrollado mediante un reglamento gubernamental (al incurrir en "ultra vires"). Además de ser dicho reglamento válido jurídicamente, al no tener fuerza de ley, es revisable mediante su impugnación, pero no ante el TC, sino ante los Tribunales ordinarios, que controlan si se ajusta a la norma con rango de ley que desarrollan.

Normas preconstitucionales

Existen normas preconstitucionales con fuerza de ley. Son aquellas que datan su origen en fechas anteriores al comienzo de la vigencia de la CE78. En principio, son válidas, aunque deben ser adecuadas a la misma. Dicha adecuación se verifica mediante el control de constitucionalidad, que en este entorno tiene dos criterios:

• 1) Control formal de constitucionalidad: se basa en el principio "lex posterior derogat anterior". Si una ley posterior a otra la contradice en algún artículo o precepto, lo mismo queda particularmente derogado. Por ello, se realiza por los Tribunales ordinarios, y no es vinculante para otros juicios.

• 2) Control material, jerárquico de constitucionalidad: afirma que la CE78 es superior a todo el resto del ordenamiento jurídico; por tanto, cualquier ley inferior que la contradiga será inválida. Dicha actuación es responsabilidad del TC.

En España, el sistema está en medio de ambos criterios. Los jueces y Tribunales ordinarios pueden entender bien la primera opción (lex posterior derogat anterior) o, si tienen dudas, consultar al TC.

B) Parámetros del control de constitucionalidad

Estos no son otra cosa que la norma de referencia (normativa) que sirve de instrumento para saber si una norma con rango de ley es constitucional o no. No es únicamente la principal CE78.

• 1) Los primeros de ellos son los Reglamentos interiores del Congreso y del Senado. Así, una norma con rango de ley puede ser inconstitucional por contradecir: la CE78, o por no reunir los requisitos formales que la CE78 establece. Se relaciona con los reglamentos interiores del Congreso y Senado porque son en los que se desarrollan los procedimientos legislativos, sobre la base de la CE78.

• 2) Tratados internacionales. El artículo 10.2 de la CE78 afirma que las normas relativas a derechos fundamentales se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre las mismas que ratifique España. Una ley que regule los derechos fundamentales y contradiga lo aprobado en los tratados internacionales y a la vez ratificado por España será inconstitucional según el artículo.

• 3) Se encuentran las normas que regulan el reparto de competencias, y estas son: los Estatutos de Autonomía y las normas que se encuentran en los artículos 150 y ss. de la CE78. Ambos concretan el reparto de competencias. Si una norma con rango de ley se impugna ante el TC como inconstitucional, este tendrá que verificarlo mediante el contraste con el Estatuto de Autonomía de la Comunidad determinada, para ver si lo contradice.

• 4) Las leyes orgánicas, reguladas en el artículo 81 de la CE78. Dichas leyes regulan materias de especial relevancia constitucional, que requieren un procedimiento reforzado para su creación. Si una norma con fuerza de ley contradice estas LO, será declarada inconstitucional por contradecirla.

Recurso de inconstitucionalidad

El mismo se interpone ante los preceptos concretos que se quieran impugnar de determinada norma, y no a la norma concreta en su conjunto. El recurso se dirige directamente al TC, que decide.

¿Quién puede impugnar? Respecto a las normas (estatales o autonómicas que afecten a la autonomía de las CCAA) que son objeto del control de constitucionalidad, las mismas son legitimadas: el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 diputados y 50 senadores (ambos como mínimo). Y solo pueden hacerlo ante normas estatales que afecten al ámbito de la autonomía de las CCAA, los respectivos Gobiernos o Parlamentos autonómicos, en el caso concreto de que se trate.

Procedimiento

• El recurso de inconstitucionalidad de las normas con rango de ley se puede llevar a cabo en el plazo de 3 meses desde su publicación. Pasados estos, no cabe la posibilidad de llevar a cabo dicho recurso.
• Una vez llevado a cabo, pues, se presentó al TC, este traslada al resto de legitimados para efectuarlo. Si se excede en el tiempo, no ocurre nada.
• Existe una excepción al plazo de 3 meses desde la publicación de la norma con fuerza de ley cuyos artículos, algunos, se quieren impugnar: si lo impone el Presidente del Gobierno sobre una norma autonómica, o el Gobierno de las CCAA sobre una norma estatal de ámbito autonómico, los mismos pueden convocar una comisión bilateral en ese plazo de 3 meses para llegar a un acuerdo. Si se convoca esta comisión, el plazo de 3 meses podrían ampliarse otros 6 meses más, y si en ese período (9 meses) no surge acuerdo, se impugna ante el TC.

Efectos de la sentencia del TC

1. La sentencia del TC comienza a surgir efectos desde su publicación en el BOE. Además, tiene efectos "erga omnes" y vincula a todos los poderes públicos, incluidos Tribunales, Jueces y ciudadanos.
2. La sentencia puede determinar la nulidad de todos o parte de los preceptos impugnados (declarados nulos de pleno derecho), que nunca fueron válidos para el Derecho. En referencia a los actos jurídicos generados a su amparo, estos serán válidos, salvo que el TC establezca lo contrario.
3. La sentencia del recurso de inconstitucionalidad tiene el valor de cosa juzgada en sentido formal (no cabe interponer un posterior recurso) y material (no se puede volver a plantear ante el TC el mismo asunto por el mismo motivo y vía).

Cuestión de inconstitucionalidad

Recurso indirecto, derivado de un proceso judicial anterior, y la presentación de este, se resuelve el caso concreto, y se depura el ordenamiento jurídico.

Sujetos legitimados: Jueces y Tribunales, que cuando tengan duda de inconstitucionalidad respecto de una norma con fuerza de ley, deberán plantear la cuestión de constitucionalidad, de la que depende el fallo.

Procedimiento

1. Fase "a quo" (desde la cual). Se trata de la fase del proceso que tiene lugar en el Tribunal u Órgano judicial. En ella, el Juez tiene que dar audiencia a las partes implicadas y al Ministerio Fiscal, que tienen la posibilidad de presentar sus respectivas alegaciones, y una vez hecho, el Juez o Tribunal las evalúa y, sobre la base de su propio criterio, decide si se plantea cuestión de inconstitucionalidad ante el TC.
2. Fase "ad quem" (hacia el cual). Una vez el Juez o Tribunal ha decidido presentar la cuestión, las Secciones del TC realizan la admisión a trámite. Esta, si es favorable, se da traslado al resto de sujetos con legitimación en este caso, a las partes implicadas en la fase a quo del proceso, al Congreso y Senado, Fiscal General del Estado, Gobierno Central y, en su caso, al Gobierno y Parlamento autonómico correspondiente, si la norma es estatal del ámbito autonómico. (En 30 días, el TC deberá emitir sentencia).

Control previo de tratados internacionales

Los tratados internacionales (TI) pueden ser objeto de control de constitucionalidad. En el caso de las normas con rango de ley, estas pueden ser objeto de dicho control en el plazo de 3 meses desde su publicación. En los TI, se puede dar un control previo, que se debe a que cuando España suscribe un TI, este hecho desencadena obligaciones para los contratantes, y si posteriormente parte del TI fuera declarada inconstitucional, desde el punto de vista interno, España estaría infringiendo el mismo. Por este motivo, el Estado español debe asegurarse primeramente de la constitucionalidad del TI. Lo hacen: el Gobierno Central y las Cortes Generales. El TC transmite a los sujetos legitimados la admisión a trámite de la consulta, para que aleguen, y después emite declaración.

Si la sentencia del TC dijera que el TI es inconstitucional, el Estado español tiene 4 posibilidades:

• La no ratificación.
• La renegociación del TI.
• La ratificación del TI, para determinar artículos y preceptos, o llevando a cabo una declaración interpretativa.
• La reforma de la CE78 (excepto la no ratificación), y siempre, un recurso de inconstitucionalidad posterior.

Conflictos de atribuciones

El artículo 16.1 de la CE78 y los concordantes con la LOTC atribuyen al TC la competencia para resolver los conflictos competenciales, valga la redundancia, que pueden surgir entre los órganos constitucionales del Estado (Gobierno, Congreso, Senado, CGPJ, Tribunal de Cuentas).

• Parámetros de constitucionalidad: CE78 + Leyes Orgánicas reguladoras de estos órganos (Reglamento en el caso de las Cámaras).
• Requisito previo para interponer el conflicto ante el TC: el órgano que se considera invalidado en su competencia al órgano invasor debe requerirle para que revoque el acto o decisión objeto del conflicto. En el caso de que el requerimiento sea desatendido, el órgano afectado podrá interponer el conflicto ante el TC.
• Efectos de la sentencia del TC: 1) declara la titularidad de la competencia; 2) anula los actos viciados de incompetencia; 3) resuelve lo que proceda sobre las situaciones jurídicas producidas al amparo de los actos anulados.