La Década Moderada en España: Reformas y Contexto Político (1844-1854)

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El Legado de la Década Moderada en España (1844-1854)

El Concordato con la Santa Sede (1851)

El Concordato de 1851 formó la base jurídica de las relaciones entre España y el Vaticano. Garantizó el mantenimiento del culto y el pago a los ministros de la Iglesia por parte del Estado. Supuso el reconocimiento del carácter confesional del Estado español, con la prohibición de otros cultos y el compromiso de la Iglesia para no acometer la recuperación de los bienes desamortizados, al tiempo que se le otorgaba categoría jurídica para que pudiera adquirir nuevos bienes.

La Política de Centralización

La obra de los moderados en España fue una política centralizadora que continuaba la tradición borbónica y el modelo napoleónico francés, encaminada a dotar de uniformidad al país. Esta política se manifestó en la elaboración de un orden jurídico unitario, plasmado en el nuevo Código Penal en 1848. Se creó la Guardia Civil con el fin de preservar el orden público, garantizar la protección de las personas, reprimir el bandolerismo y hacer cumplir las leyes. La provincia pasó a ser la demarcación territorial por excelencia. Los gobernadores civiles eran los delegados del poder central en las provincias.

La Reforma Fiscal

Para aumentar los ingresos del Estado se llevó a cabo una reforma fiscal que estableció un impuesto sobre las propiedades y un impuesto sobre el consumo que gravaba algunos artículos de primera necesidad.

El Fin de la Década Moderada

Narváez, a raíz de la Segunda Guerra Carlista, acentuó el carácter autoritario de su gobierno. En 1852 es sustituido por Murillo, quien, además de presidente del Gobierno, era ministro de Hacienda. En su haber tiene la ejecución de las obras del Canal de Isabel II, que posibilitaban la traída de aguas a Madrid, el Concordato con la Santa Sede y el saneamiento de la deuda pública. Murillo trató de establecer un sistema político con una nueva Constitución que reducía aún más la participación política de la sociedad civil. La reforma establecía un Senado hereditario y un censo electoral formado por los 150 mayores contribuyentes de cada distrito electoral, así como el nombramiento de la presidencia de las Cortes por el Rey o la Reina. Esta reforma alarmó a los propios moderados, que consiguieron que la Reina sustituyera a Murillo. A este le sucedieron breves periodos de gobierno y la subida del precio del grano como consecuencia de las exportaciones a Inglaterra y el subsiguiente desabastecimiento peninsular generaron un clima de tensión política y social que acabó en el pronunciamiento de 1854.

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