Desamortización de Mendizábal durante la regencia de María Cristina: contexto y desarrollo

Contextualización

María Cristina asumió la regencia durante la minoría de edad de la futura reina Isabel II, heredera al trono tras ser abolida la Ley Sálica por su padre, Fernando VII, a través de la Pragmática Sanción. Este hecho provocó la Primera Guerra Carlista, entre los partidarios de Carlos María Isidro (bando carlista) y el bando isabelino. Ante esta guerra, se formó en 1833 un gobierno conservador, pero ante la presión de los liberales, la regente tuvo que nombrar un nuevo gabinete encabezado por Francisco Martínez de la Rosa. Se redactará el Estatuto Real en 1834. En septiembre de 1835, la regente se vio forzada a nombrar como jefe del gobierno a Juan Álvarez Mendizábal, el cual sería sustituido un año más tarde. En 1837, se juraría la Constitución y se pondría al frente a José María Calatrava y, de nuevo, a Mendizábal. Entre las medidas más relevantes está la desamortización de los bienes eclesiásticos emprendida por Mendizábal entre 1835 y 1837, que trataba de vender estos bienes para aumentar los ingresos con el fin de costear la guerra contra los carlistas y reducir el endeudamiento.

Desarrollo

La única fuente de ingresos extraordinarios para una Hacienda arruinada y un Tercer Estado sin posibilidades de abonar más impuestos estaba en las tierras vinculadas a los mayorazgos, monasterios o comunales. Especialmente sensibles a la mentalidad liberal serán las pertenecientes a monasterios y conventos que, a través de donaciones y compras, habían acumulado buena parte de las tierras. Serán Mendizábal y Madoz quienes se atrevan a hincar el diente al problema. La desamortización del ministro Mendizábal persigue un triple objetivo:

• Por un lado, obtener recursos económicos tan necesarios para la guerra carlista y para liberar la Deuda Pública.
• Por otro lado, atraerse a una clase media burguesa-rural hacia las posiciones del liberalismo.
• No vamos a ocultar un tercer objetivo oculto: cercenar el poder de la Iglesia, cuya incidencia social derivaba de las rentas que le producían sus posesiones.

Una vez nacionalizados los bienes, la subasta pública debía permitir que la burguesía agraria se hiciese con esas tierras, vinculando su apogeo económico al régimen liberal que se lo había facilitado.