Efectos del presupuesto: exigibilidad de obligaciones y límites a los créditos para gastos

Efectos del Presupuesto Respecto a Ingresos y Gastos

El Presupuesto tiene naturaleza jurídica. La Ley de Presupuestos, que no es un mero plan económico de cifras y partidas presupuestarias, sino que también incluye normas jurídicas que regulan la actividad administrativa que va a hacer posible esos gastos. Esto quiere decir que, si un Ministerio tiene una partida económica con una cifra destinada a unas compras, se van a producir relaciones jurídicas que posibilitarán la producción del gasto, y cuando se emitan las facturas se habrá producido el gasto.

Problemas

Exigibilidad de las Obligaciones del Artículo 21 de la Ley General Presupuestaria (LGP)

Las obligaciones de la Hacienda Pública estatal solo serán exigibles cuando se deriven de la ejecución del Presupuesto conforme se dice en esta Ley, a través de sentencia judicial firme condenatoria para el Estado o a través de operaciones no presupuestarias legalmente autorizadas. El cumplimiento de las sentencias condenatorias plantea ciertas dudas: por lo general, no hay un crédito previsto para cubrir las contingencias de posibles sentencias condenatorias, y si lo hay muchas veces no se habrá podido determinar cuánto se va a pagar, porque no puede anticipar la decisión judicial. Sin embargo, el sujeto favorecido por la sentencia quiere que se le pague. Esta situación se concilia haciendo lo siguiente: habrá que consignar un crédito que permita el cumplimiento de la sentencia judicial, y si fuera necesario se podría acudir al suplemento de crédito o al crédito extraordinario, y además habrá que pagar los intereses de demora. Este artículo 21 nos plantea un problema de cumplimiento de obligaciones ex lege, por mandato de la ley.

Artículo 46 de la LGP: Límites a los Créditos para Gastos

El artículo 46 de la LGP nos plantea que los créditos para gastos son limitativos, no podrán adquirirse compromisos de gastos ni obligaciones por importe superior a los créditos autorizados, siendo nulos de pleno derecho los actos administrativos que los realicen. Los créditos son limitativos, por lo que no podrán consignarse más de lo presupuestado. Si un funcionario se excede en sus funciones y va más allá de lo que le permite el Presupuesto, la Administración ha contraído un crédito en sus relaciones con los particulares, y ese particular se encuentra en la situación de que la Administración Pública tiene riesgo de nulidad si paga más de lo presupuestado. Lo que hay que suponer es que lo que se produce es que el contrato es nulo porque contradice el artículo 46 de la LGP, pero la nulidad la ha provocado la Administración Pública con daños y perjuicios al particular, y la provocación de estos implica responsabilidad de la Administración Pública, y esta responsabilidad dará lugar a indemnización. Esta indemnización puede que la consiga a través de sentencia judicial, que nos llevaría al artículo 21, pasando de una obligación voluntaria a una ex lege.

La LGP establece los mecanismos suficientes para que las obligaciones contraídas se cumplan, por un camino u otro, pero se amparan los derechos y deberes de los ciudadanos frente a la Administración Pública. En general, los ordenamientos autonómicos y locales toman las normas de buen ejercicio presupuestario, las grandes directrices y criterios por lo general se mantienen.