Economía de España en el siglo XIX: aranceles, banca y hacienda pública

Evolución Económica de España en el Siglo XIX

Aranceles y Comercio

En España, durante el siglo XIX, existieron grupos que defendían el proteccionismo, como los textiles catalanes, los cerealistas castellanos y los industriales siderúrgicos vascos. Por otro lado, los partidarios del librecambismo eran principalmente comerciantes y compañías ferroviarias. La política arancelaria española se caracterizó por el proteccionismo, pero pasó por diversas fases: un fuerte proteccionismo con el arancel de 1826, una paulatina reducción arancelaria con los aranceles de 1841 y 1849, una liberalización con el arancel Figuerola de 1869 y un retorno al proteccionismo en 1891. Si bien el arancel de Figuerola se considera librecambista, esto no implica la eliminación de las barreras aduaneras, sino una reducción de las mismas. Esta tendencia a la rebaja se extendió durante la Restauración.

Aparición de la Banca Moderna

En cuanto al sector financiero, hasta 1856 se observó una debilidad generalizada para implementar el sistema de sociedades anónimas, lo que desalentaba a los inversores. El país se encontraba en una situación de caos monetario y con una elevada deuda pública. El primer banco español, el Banco Nacional de San Carlos, surgió en 1782 con el objetivo de administrar la deuda pública. Tras su quiebra, se creó el Banco Español de San Fernando, dedicado a prestar dinero al Estado. En 1856, durante el Bienio Progresista, se aprobaron dos leyes clave: la Ley de Bancos, que reguló la emisión de moneda y creó el Banco de España, y la Ley de Sociedades Bancarias y Crediticias. A raíz de estas leyes, proliferaron las sociedades financieras, destacando las ferroviarias y numerosos bancos, como el de Santander y el de Bilbao. Después del desastre del 98, se repatriaron a España capitales provenientes de las colonias, lo que impulsó la creación de nuevas entidades, como el Banco Hispano Americano en 1901. Se estableció la peseta como unidad monetaria en 1869.

Reforma de la Hacienda Pública

Hasta la reforma de Mon-Santillán en 1848, la hacienda pública mantenía características del Antiguo Régimen. Esta reforma puso fin a este desorden al simplificar y relacionar el sistema de impuestos. En principio, se buscaba la igualdad ante la ley en materia tributaria. El principal problema de la hacienda pública era la insuficiencia de ingresos debido a la falta de equidad en los impuestos, ya que los grupos más ricos contribuían con una proporción menor a su capacidad de pago. El Estado se veía obligado a emitir deuda pública para sufragar diversos gastos, como los militares derivados de las guerras y la falta de ingresos de América, el pago de los intereses de la deuda durante el reinado de Isabel II y las guerras carlistas, y la dificultad para obtener ingresos debido a conflictos como la guerra de Cuba. Estas medidas aumentaron la confianza de los inversores. Sin embargo, la deuda pública absorbió grandes cantidades de capital que podrían haberse destinado a otros sectores productivos y obligó al Estado a otorgar concesiones económicas poco ventajosas a cambio de préstamos. A lo largo del siglo, las inversiones se destinaron principalmente a la deuda pública, a los ferrocarriles, y en menor medida a la minería, la banca, el agua y la electricidad. La inversión extranjera suplió la escasez de capitales españoles para financiar la deuda pública y contribuyó a la industrialización del país, aunque con mayores beneficios para las empresas extranjeras que para España.