Fernando VII y la Crisis del Absolutismo en España: Abdicación, Guerra de Independencia y Tratado de Valençay
Fernando VII y la crisis del Antiguo Régimen en España
Abdicación:
Renuncia de derechos al trono de España de Fernando VII en favor de Napoleón, quien a su vez los cedió a su hermano José, a cambio de posesiones, rentas y privilegios en Francia. Testimonio de la crisis política y la decadencia de la monarquía española. Ni la abdicación ni José I fueron aceptados por la mayoría de los españoles, lo que inició la Guerra de Independencia contra los franceses, que terminó con el Tratado de Valençay en 1813, por el cual Napoleón devolvió la corona a Fernando.
Afrancesados:
Nombre que recibían los españoles que apoyaron a José I. El grupo era heterogéneo y estaba formado por nobles, cargos militares, alto clero, burguesía y burócratas. Se distinguían quienes lo apoyaban por conveniencia y quienes veían en Francia un modelo de progreso y consideraban que la reforma autoritaria francesa era el único medio para lograr la renovación y el cambio en España.
Pronunciamientos:
Durante el siglo XIX, diseñados como golpes de Estado para derrocar a un gobierno (Riego contra el régimen absolutista de Fernando VII). La injerencia del ejército en la vida política fue un elemento que causó inestabilidad en la construcción del Estado liberal en España.
Valençay:
Acuerdo entre Napoleón y Fernando VII en Valençay para poner fin a la guerra de independencia entre Francia y España y establecer condiciones de paz. Fernando VII recuperó los territorios cedidos en las abdicaciones de Bayona y volvió a España para transformarse en un monarca libre, pero llevará a cabo la restauración del absolutismo.
Manifiesto de los Persas:
Carta que Fernando VII redactó en Valencia al regresar a España, después de la firma del Tratado de Valençay, por los diputados absolutistas de las Cortes legislativas de Madrid. Este manifiesto apostaba por la monarquía absoluta y rechazaba las reformas gaditanas, pidiendo una convocatoria de las Cortes por estamentos. Defendía la vuelta al Antiguo Régimen, el absolutismo real y la alianza del Altar y el Trono, tras la defensa de la ultranza privilegiada de los estamentos. Fernando VII restauró el absolutismo en 1814.
Pragmática Sanción:
Publicada en 1830 por Fernando VII, la ley aprobada por las Cortes en 1789 eliminó la Ley Sálica y restableció la línea sucesoria de las Partidas, permitiendo que una mujer ocupara el trono. Esta medida fue polémica: su hermano Carlos y sus partidarios la consideraron ilegal, siendo el origen del problema carlista.
Estatuto Real:
Carta otorgada (aprobada en 1834) que regulaba la convocatoria de unas Cortes conservadoras y establecía un régimen político moderado donde la Corona reservaba una amplia capacidad legislativa (incluido el derecho a disolver las Cortes). Fue redactada por liberales moderados y rechazada por absolutistas y liberales más radicales. Tras la revolución de agosto de 1836 se restableció la Constitución de 1812 y se retomó la obra legislativa de las Cortes de Cádiz.
Desamortización:
Conjunto de leyes que modificaron el régimen de propiedad, permitiendo al Estado comprar y vender bienes pertenecientes a instituciones que tenían prohibida la venta de bienes raíces. Dejaron de ser “manos muertas” y fueron declarados “bienes nacionales”. El proceso culminaba con la venta en subasta pública y la conversión en propiedad privada. Forma parte de las reformas económicas del liberalismo y supuso una gran alteración de la estructura de la propiedad de la Antigua Régimen. Las primeras medidas desamortizadoras fueron en 1813 (decreto de Cádiz). Tuvieron escasa vigencia por la restauración del absolutismo, volvieron a ponerse en práctica durante el Trienio Liberal, quedaron paralizadas por el gobierno absolutista hasta el reinado de Isabel II y no se ejecutó plenamente hasta entonces.
Estatuto Real (carta otorgada):
Carta otorgada que se aprobó durante la regencia de María Cristina de Borbón en nombre de la reina Isabel II, en la que se regulaba la convocatoria de unas Cortes conservadoras y se precisaban los rasgos de un régimen político moderado donde la Corona se reservaba una amplia capacidad legislativa, incluida la libre resolución de las Cortes. Vigente hasta la revolución de agosto de 1836, en la que se volvió a poner en vigor la Constitución de 1812 y toda la obra legislativa de las Cortes de Cádiz.