Funcionamiento y Administración de Sociedades Anónimas y de Responsabilidad Limitada

La Junta General (JG)

La JG es el órgano de formación y expresión de la voluntad social, cuyas decisiones obligan a los administradores y a todos los socios, incluso a los disidentes y a los que no hayan participado en la Junta. Tanto en la SA como en la limitada existen Juntas que han de celebrarse por obligación legal y con carácter periódico, junto a otras que pueden ser convocadas por iniciativa de la sociedad o de los socios y que, en principio, tienen un carácter extraordinario.

Tipos de Juntas

• Junta Ordinaria: La Ley obliga a ambos tipos de sociedad a celebrar dentro de los 6 primeros meses de cada ejercicio una Junta con el objeto de censurar la gestión social, aprobar en su caso las cuentas anuales del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado.
• Junta Extraordinaria: Una SA o SRL puede también convocar Junta en cualquier otro momento en que convenga a los intereses sociales, tanto si es para resolver sobre asuntos de gran relevancia como para tratar materias intrascendentes o de mera gestión. Los administradores pueden convocar una Junta siempre que lo estimen conveniente o necesiten recabar el acuerdo o la opinión de los socios para cualquier asunto.

Convocatoria de la Junta General

La convocatoria de la JG es requisito indispensable para su válida celebración y corresponde a los administradores. Debe hacerse mediante anuncio publicado en el BORME y en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia, con un mes de antelación, cuando menos, a la fecha fijada para la celebración de la JG. El anuncio debe contener una relación comprensiva de todos los asuntos que han de tratarse en la junta; esta relación, denominada “orden del día”, informa a los accionistas de los asuntos que van a ser objeto de deliberación y acuerdo, y también fija las materias sobre las que puede válidamente pronunciarse la junta, que no podrá adoptar ninguna decisión sobre extremos distintos de los anunciados.

La Ley, en todo caso, reconoce el derecho de los accionistas que sean titulares del 5% del capital a completar el orden del día fijado por los administradores incluyendo uno o más puntos en el mismo, a cuyos efectos pueden solicitar que se publique un “complemento a la convocatoria” mediante notificación dirigida a la sociedad dentro de los 5 días siguientes a la publicación del anuncio de la convocatoria.

Sin embargo, el requisito de la previa convocatoria de la Junta, así como la necesidad de ajustar la convocatoria al procedimiento legal, decaen en un supuesto único: cuando estando presente todo el capital social los asistentes acepten por unanimidad la celebración de la Junta (Junta universal). Para la válida celebración de una Junta universal, es necesario que asista todo el capital social y que los concurrentes acepten por unanimidad tanto la celebración de la Junta como los asuntos a tratar.

Constitución de la Junta General

La LSA adopta un sistema de doble convocatoria, ya que los quórum, de constitución o de asistencia en 1ª convocatoria (25% del capital social para los acuerdos “ordinarios” y 50% para acordar una modificación de estatutos y otros acuerdos “extraordinarios”, según resulta de los arts. 102 y 103 LSA) son más elevados que en 2ª convocatoria (ningún quórum especial para los acuerdos “ordinarios” y 25% del capital para los “extraordinarios”, de acuerdo con los mismos preceptos).

Una vez constituida la Junta, los acuerdos se adoptan por una mayoría de los votos concurrentes a la misma, con independencia de la participación accionarial que representen. La toma de decisiones en la SA se vincula pues al voto favorable de la mayoría, no del capital social, sino de los votos de los asistentes a la Junta válidamente constituida.

Asistencia y Derecho de Información

En principio, todos los socios tienen derecho a asistir a las JG. En la SA es posible limitar este derecho, exigiendo en los estatutos la posesión de un número mínimo de acciones para asistir a la JG. Además, los socios tienen un derecho incondicional a hacerse representar por un familiar o apoderado general.

La LSA prevé también que los accionistas puedan asistir a la Junta por “medios telemáticos” o que puedan participar en la JG sin necesidad de asistir a la misma, cuando ejerciten o deleguen su derecho de voto “mediante correspondencia postal, electrónica o cualquier otro medio de comunicación a distancia” que garantice debidamente la identidad del socio.

Los socios disponen de un derecho de información en relación con los asuntos sometidos a la decisión de la Junta, que les permite recabar los elementos de juicio necesarios para poder ejercitar su derecho de voto de forma reflexiva y, en general, para tener un conocimiento preciso de la marcha de la sociedad. Este derecho puede ejercitarse por escrito y con anterioridad a la reunión de la junta o verbalmente durante la misma.

Impugnación de los Acuerdos Sociales

La Ley establece un régimen de impugnación común para las SA y SRL que constituye uno de los principales instrumentos de defensa de los socios minoritarios y de sujeción de las sociedades al marco normativo por el que han de regirse.

Dentro de los acuerdos impugnables existen dos categorías esenciales, que se rigen por reglas en gran medida divergentes: los acuerdos nulos y los anulables. Son nulos los acuerdos contrarios a la Ley y anulables, aquellos que infrinjan los estatutos o que lesionen los intereses sociales en beneficio de uno o varios accionistas o de terceros.

Mientras que para la impugnación de los acuerdos nulos están legitimados todos los socios, los administradores y hasta los terceros que acrediten un interés legítimo por el hecho de resultar perjudicados por el acuerdo en cuestión, en el caso de los acuerdos anulables la facultad de impugnar se atribuye solamente a los socios asistentes a la Junta que hubiesen hecho constar en acta su oposición al acuerdo impugnado, a los socios ausentes, a aquellos que hubiesen sido ilegítimamente privados del derecho de voto y a los administradores.

De la misma forma, mientras que la acción de impugnación de los acuerdos nulos queda sujeta a un plazo de caducidad de un año, en el caso de los acuerdos anulables dicho plazo se reduce a los 40 días.

Los Administradores

El órgano de administración lleva a cabo la gestión cotidiana de la sociedad y la representa en sus relaciones jurídicas con terceros. Es posible nombrar a un administrador único, cuando el órgano de administración se encarna en una sola persona. Cabe también designar a varios administradores solidarios, con facultades individuales para ejercitar por sí solos las competencias propias del órgano de administración.

Lo contrario sucede cuando la administración corresponde a varios administradores con facultades conjuntas o mancomunadas, pues en este caso cualquier acto requiere por principio el concurso y acuerdo de todos ellos. Por último, es posible también establecer un consejo de administración que se caracteriza por ser un órgano colegiado que adopta sus decisiones por mayoría.

En la SA, es necesario que los estatutos opten expresamente por una determinada estructura del órgano de administración. Los administradores, han de entenderse facultados para realizar todas aquellas actividades u operaciones que sean idóneas para el desarrollo del objeto social y que no estén reservadas a la JG.

Por otro lado, así como los primeros administradores deben ser designados al constituirse la sociedad y figurar en la escritura fundacional, la regla general es que todos los nombramientos ulteriores han de hacerse necesariamente por la JG. Es posible nombrar como administrador a una persona jurídica, en cuyo caso esta debe designar necesariamente a un representante para el ejercicio de las funciones propias del cargo.

En la SA, el nombramiento de administrador tiene carácter temporal y el plazo de duración del cargo no puede exceder de 6 años, aunque la misma persona puede ser reelegida indefinidamente. Con independencia del tiempo por el que hayan sido nombrados, los administradores pueden ser separados del cargo en cualquier momento por libre decisión de la JG.

La Ley impone también la remoción forzosa de los administradores que realicen cualquier actividad en competencia con la sociedad o que se encuentren en general en una situación de conflicto de interés. En la SA, la Junta de accionistas está obligada a pronunciarse sobre la remoción del administrador que se encuentre en tal situación “a petición de cualquier socio”.

Retribución de los Administradores

Para que el cargo de administrador sea retribuido es necesario que así se prevea en los estatutos. No es preciso, en todo caso, que los estatutos precisen la cuantía concreta de las retribuciones, pues sólo se requiere la determinación concreta del sistema de remuneración como el procedimiento y las reglas que deban seguirse para su exacta fijación.

De las posibles formas de retribución, la Ley se ocupa especialmente de la consistente en la participación en los beneficios sociales, con el ánimo fundamental de evitar que la misma pueda anular o limitar de forma excesiva los derechos económicos de los accionistas. Así, en la SA, la efectividad de esta participación se condiciona al reparto previo de un dividendo mínimo a los accionistas.

Función Representativa de los Administradores

La Ley confiere a los administradores la función de representar la sociedad en juicio o fuera de él y, por tanto, la capacidad de servirse de la firma social y de vincular a la sociedad en sus relaciones con terceros.