Ius puniendi en el derecho administrativo sancionador: principios, garantías y legalidad

Ius puniendi y su traslación al ámbito administrativo

IUS PUNIENDI: poder de castigar del Estado; se manifiesta en el Derecho penal (jueces, delitos, penas) y en el Derecho administrativo sancionador (Administración, infracciones, sanciones).

TRASLACIÓN: los principios y garantías penales se aplican al ámbito administrativo con matices y adaptación, por su naturaleza punitiva común.

Funciones de la potestad sancionadora

• Represiva: castigar el ilícito, ex post, dirigida al infractor.
• Disuasoria: prevenir futuras infracciones, ex ante, dirigida al infractor y al mercado.
• Pedagógica: comunicar criterios, orientar y aportar seguridad jurídica, erga omnes.

Fundamento constitucional

CONSTITUCIÓN:

• Art. 9.3 CE: seguridad jurídica, legalidad, jerarquía normativa, publicidad, irretroactividad desfavorable y prohibición de arbitrariedad.
• Art. 24 CE: defensa, información de la acusación, contradicción, prueba pertinente, presunción de inocencia y no autoincriminación.
• Art. 25.1 CE: infracción y sanción previstas al realizarse los hechos.
• Art. 25.3 CE: Administración civil sin sanciones privativas de libertad, directa ni subsidiariamente.

Garantías procedimentales

GARANTÍAS PROCEDIMENTALES: conocer los cargos, alegar y ser oído, discutir pruebas, aportar prueba pertinente y exigir prueba de cargo válida; correlación entre hechos imputados y sancionados; el recurso judicial posterior no subsana por sí solo la indefensión administrativa.

Procedimiento (art. 63 LPAC)

PROCEDIMIENTO, art. 63 LPAC:

• Inicio siempre de oficio por órgano competente.
• La denuncia no equivale al inicio del procedimiento.
• Instrucción y resolución en órganos distintos.
• Ninguna sanción sin procedimiento.
• No se incoan nuevos procedimientos por una conducta en la que se persiste continuadamente hasta la primera resolución sancionadora ejecutiva.

Principio de legalidad (arts. 25 CE y 25 LRJSP)

LEGALIDAD, arts. 25 CE y 25 LRJSP: doble garantía:

• Formal: reserva de ley, lex scripta.
• Material: tipicidad, lex certa.

La potestad sancionadora debe estar reconocida expresamente por norma con rango de ley; la competencia del órgano debe estar atribuida por ley o reglamento; cabe la delegación legalmente procedente; no se admite un órgano creado ad hoc para castigar.

En el ámbito administrativo basta, en general, con ley ordinaria; se requiere ley orgánica en el ámbito penal cuando resulte exigible por afectación a derechos fundamentales.

• Garantía criminal: nullum crimen sine lege, infracción prevista.
• Garantía penal: nulla poena sine lege, sanción prevista.
• Garantía procedimental: nulla poena sine iudicio, procedimiento legal.

Lex praevia = norma previa; lex stricta = sin ampliación analógica perjudicial.

Protección reforzada: vía contenciosa de derechos fundamentales y amparo cumpliendo los requisitos; no existe acceso directo automático al Tribunal Constitucional.

No hay traslado automático a penalizaciones privadas; existe una singularidad histórica en los reglamentos preconstitucionales.

Reglamento y sujeción especial

REGLAMENTO: desarrolla, concreta, especifica y gradúa elementos no esenciales; no crea nuevas infracciones ni sanciones ni altera la naturaleza o los límites; no admite remisión legal vacía o deslegalización.

SUJECIÓN ESPECIAL: mayor colaboración reglamentaria por especialización y conocimiento profesional, sin eliminar la cobertura legal esencial ni las garantías.

Tipicidad (art. 27 LRJSP)

TIPICIDAD, art. 27 LRJSP: descripción precisa y previsible de conducta y sanción; clasificación en leves, graves y muy graves.

• Taxatividad: determinación suficiente.
• Subsunción: encaje de los hechos en todos los elementos del tipo.
• No se admite un encaje arbitrario, ilógico o imprevisible.
• Prohibida la analogía para ampliar la responsabilidad.