Ley de Entidades Financieras y Carta Orgánica del BCRA: Sanciones, Liquidación y Quiebra

Sanciones

Las sanciones serán aplicadas por la presidencia del BCRA o la autoridad competente, a las personas o entidades que sean responsables de las infracciones, y podrán consistir, en forma aislada o acumulativa, en:

1. Llamado de atención.
2. Apercibimiento.
3. Multas.
4. Inhabilitación para desempeñarse como promotor, fundador, director, administrador, miembro del consejo de vigilancia, síndico, liquidador, gerente, auditor, socio o accionista de las entidades.
5. Revocación de la autorización para funcionar.

El BCRA reglamentará la aplicación de multas teniendo en cuenta para su fijación los siguientes factores:

• Magnitud de la infracción.
• Perjuicio ocasionado a terceros.
• Beneficio generado para el infractor.
• Voluntad operativa del infractor.
• Responsabilidad patrimonial de la entidad.

Si del sumario se desprendiera la comisión de delitos, el BCRA promoverá las acciones penales que correspondan.

Las sanciones establecidas en los puntos 1 y 2 serán recurribles por revocatoria ante la presidencia del BCRA. Las sanciones 3, 4, 5 y 6 serán apelables al solo efecto devolutivo ante la Cámara Nacional de Apelaciones.

En el caso del punto 6, hasta tanto se resuelva el recurso, dicha Cámara dispondrá la intervención judicial de la entidad, que sustituirá a los representantes legales en sus facultades y derechos.

Los recursos deberán interponerse y fundarse ante el BCRA dentro de los 15 días hábiles a contar desde la fecha de notificación de la resolución. Si el recurso fuera de apelación, los actuados deberán elevarse a la Cámara dentro de los 15 días hábiles siguientes.

Para el cobro de multas, el BCRA seguirá el procedimiento de ejecución fiscal previsto en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

La prescripción de la acción que nace de las infracciones operará a los 6 años de la comisión del hecho. Este plazo se interrumpe por la comisión de otra infracción y por los actos y diligencias.

La prescripción de la multa operará a los 3 años contados a partir de la notificación de la misma.

Revocación de la autorización para funcionar, disolución y liquidación de las entidades financieras

Cualquiera sea la causa de la disolución de una entidad comprendida en la ley, las autoridades legales o estatutarias deberán comunicarlo al BCRA, en un plazo no mayor a los 2 días hábiles de tomado conocimiento de la misma. El procedimiento deberá observarse en el caso de decisión de cambio del objeto social.

El BCRA podrá resolver la revocación de la autorización para funcionar de las entidades financieras:

• A) A pedido de las autoridades legales o estatutarias de la entidad.
• B) En los casos de disolución previstos en el Código de Comercio o en las leyes que rigen su existencia como persona jurídica.
• C) Por afectación de la solvencia y/o liquidez de la entidad, que a juicio del BCRA no pudiera resolverse por medio de un plan de regularización y saneamiento.
• D) En los demás casos previstos en la presente ley.

Al resolver la revocación de la autorización para funcionar, o durante el período de suspensión transitoria de una entidad financiera, el BCRA podrá ordenar que se efectivice el pago de los acreedores laborales y los depósitos con privilegio general.

El BCRA deberá notificar de inmediato y de manera fehaciente la resolución adoptada a las autoridades legales o estatutarias y al juzgado comercial competente.

En los casos previstos en A y B, si las autoridades legales o estatutarias de la entidad lo solicitan al juez de la causa y éste considera que existen garantías suficientes, podrá, previa conformidad del BCRA, el cual deberá expedirse en el plazo de 5 días, autorizar o disponer que ellas mismas administren el proceso de cese de la actividad o de liquidación de la entidad. En cualquier estado del proceso de autoliquidación, el juez podrá disponer la continuación de los mismos por vía judicial.

Respecto a las causales del punto C, sólo procederá la liquidación judicial de la ex entidad.

Artículo 46: A partir de la notificación de la resolución que dispone la revocación de la autorización para funcionar y hasta tanto el juez competente resuelva el modo del cese de la actividad o de la liquidación, serán nulos cualquier tipo de compromiso que aumente los pasivos de la misma y cesará su exigibilidad y el devengamiento de sus intereses.

Liquidación judicial

La liquidación judicial deberá ser designada por el juez competente. En el supuesto de que se declare la quiebra, el liquidador designado continuará desempeñándose como síndico.

El liquidador judicial podrá solicitar orden de allanamiento y el auxilio de la fuerza pública para acgu el cumplimiento de la decisión del juez. Los honorarios del liquidador se fijarán al final de la efectiva tarea realizada.

El liquidador judicial presentará dentro del plazo de 45 días hábiles contados a partir de la aceptación del cargo un informe que permita al juez conocer el patrimonio de la ex entidad financiera, y deberá solicitar de inmediato la declaración de quiebra si advierte la cesación de pagos por sí misma o en virtud de pedido de quien inicia por un tercero. Será removido el liquidador que no presente dicho informe en el plazo establecido, sin que sea necesaria intimación previa.

La liquidación judicial se realizará de acuerdo con las siguientes disposiciones, y con aplicación de las normas sobre liquidación de sociedades en lo que no quede expresamente contemplado:

• A) Desde la resolución de revocación de la autorización para funcionar, ningún acreedor por causa o título anterior a la revocación podrá iniciar o proseguir actos de ejecución forzada sobre los bienes de la ex entidad, salvo que tuviera por objeto el cobro de un crédito hipotecario, prendario o derivado de una relación laboral.
• B) Los pagos a los acreedores deberán efectuarse con la previa conformidad del juez interviniente.
• C) El liquidador judicial determinará el total de obligaciones exigibles provenientes de depósitos de dinero.
• D) Derogado.
• E) En el orden de prelación que resulte de los apartados anteriores tendrán privilegio general para el cobro de sus acreencias, sobre todos los demás créditos, con excepción de los créditos con privilegio especial de prenda e hipoteca y los acreedores laborales, los siguientes:
  1. Los depósitos de las personas físicas y/o jurídicas hasta la suma de $50.000, o su equivalente en moneda extranjera. A los fines de la determinación del privilegio se computará el total de los depósitos que una misma persona registre en la entidad.
  2. Los depósitos constituidos por importes superiores.
  3. Los pasivos originados en líneas de comercio otorgadas a la entidad y que afecten directamente al comercio internacional.
  Los privilegios de 1 y 2 no alcanzan a los depósitos de personas vinculadas directa o indirectamente a la entidad.
• F) El liquidador realizará informes mensuales sobre el estado de la liquidación, los que permanecerán a disposición de los interesados en el juzgado interviniente.
• G) Concluidas las operaciones de liquidación judicial, el liquidador presentará al juez interviniente el balance final con una memoria explicativa de sus resultados y con un proyecto de distribución de fondos, previa deducción de los importes necesarios para despejar las dudas que no hubieran podido ser satisfechas. De la presentación se dará cuenta por edictos publicados por 3 días, en 2 diarios del lugar en que la ex entidad haya tenidociudad social y en uno de los cuales se realizará el anuncio legal. Los socios y acreedores sólo podrán formular impugnaciones al balance final de la liquidación y al proyecto de distribución de fondos dentro de los 30 días hábiles siguientes al de la última publicación. Transcurrido el plazo de 30 días hábiles sin que se hubieran producido impugnaciones o resueltas éstas judicialmente, tanto el balance como el proyecto de distribución se tendrán por aprobados, con las modificaciones que puedan resultar de la sentencia, y se procederá a la distribución.
• H) Los depósitos de dinero no reclamados por sus titulares serán depositados en el juzgado interviniente por el plazo de 1 año a contar desde la publicación de la declaración judicial de finalización de la liquidación. El derecho de los acreedores a percibir los importes que les correspondan prescribirá en el plazo indicado de 1 año.
• I) Distribuidos los fondos, el juez, mediante resolución que será publicada por 1 día en 2 diarios, declarará finalizada la liquidación.
• J) Los libros y documentos de la entidad en liquidación serán depositados en el lugar que el juez designe por el plazo de 10 años a contar desde la fecha de publicación de la declaración judicial de finalización de la liquidación.

Quiebra

Las entidades financieras no podrán solicitar la formación de concurso preventivo ni su propia quiebra. No podrá decretarse la quiebra de las entidades financieras hasta tanto no les sea revocada la autorización para funcionar por el BCRA.

Cuando la quiebra sea pedida por circunstancias que la harían procedente según la legislación común, los jueces rechazarán de oficio el pedido y darán intervención al BCRA para que, si así corresponde, se formalice la petición de quiebra. Si la resolución del BCRA que dispone la revocación de la autorización para funcionar comprendiere la decisión de peticionar la quiebra, dicho pedido deberá formalizarse inmediatamente ante el juez competente (no quedando diferido a un banco o a un ente particular en el proceso de quiebra).

Ante un pedido de quiebra formulado por el liquidador judicial, el juez podrá dictar sentencia sin más trámite. Una vez que el juez declare la quiebra, ésta quedará sometida a las prescripciones de esta ley y de la ley de concursos y quiebras.

Ningún acreedor, con excepción del BCRA, podrá solicitar la quiebra sino cuando hubiera transcurrido 60 días corridos a partir de la revocación de la autorización para funcionar. Transcurrido dicho plazo, la quiebra podrá ser declarada a pedido de cualquier acreedor.

Los fondos asignados por el BCRA y los pagos efectuados en virtud de convenio de crédito recíproco o por cualquier otro concepto, y sus intereses, le serán satisfechos a éste con privilegio absoluto sobre todos los demás créditos, con excepción del siguiente orden de prelación:

1. Los créditos con privilegio especial por causa de hipoteca, prenda, y los créditos otorgados conforme a lo previsto por el art. 17 (redescuentos/adelantos) incisos b, c, f, de la Carta Orgánica del BCRA. Los créditos otorgados por el fondo de liquidación bancaria.
2. Los créditos privilegiados emergentes de las relaciones laborales.
3. Los créditos de los depositantes (hasta $50.000 y menores).

Disposición transitoria

Las sociedades de crédito para consumo podrán transformarse en cajas de crédito o compañías financieras, cumpliendo los requisitos que correspondan. Tendrán el plazo de 1 año para hacerlo, plazo que podrá ser prorrogado por un idéntico período adicional en los casos debidamente justificados.

Vencido el plazo mencionado, caducará de pleno derecho la autorización para funcionar.

Las cajas de crédito podrán transformarse en bancos comerciales manteniendo su forma jurídica cooperativa, cumpliendo los requisitos que correspondan a la citada clase de entidad.

¿Cuáles son los medios de pago de las cajas de crédito?

Las letras de cambio pagaderas a 1 día fijo contra depósito a la vista.

¿Las entidades financieras constituidas como sociedades anónimas deben destinar al fondo de reserva legal el mismo porcentaje de utilidades y con el mismo límite que las sociedades anónimas no bancarias?

Las entidades deberán destinar anualmente al fondo de reserva legal la proporción de sus utilidades que establezca el BCRA, la cual no será inferior al 10% ni superior al 20%. No podrán distribuir ni remesar utilidades antes de la aprobación de los resultados del ejercicio y de la publicación del balance general y cuenta de ganancias y pérdidas.

Las SRL y las sociedades por acciones deberán efectuar una reserva no inferior al 5% de las ganancias realizadas y líquidas que arroje el estado de resultados del ejercicio, hasta alcanzar el 20% del capital social.

Carta Orgánica del BCRA

Naturaleza y objeto

El BCRA es una entidad autárquica del Estado nacional, regida por las disposiciones de la presente Carta Orgánica. El Estado nacional garantiza las obligaciones asumidas por el banco. Salvo expresa disposición en contrario, no serán de aplicación las normas que hayan sido dictadas o se dicten para organismos de la administración pública nacional, de las cuales resulten limitaciones a la capacidad o facultades que le reconoce esta Carta Orgánica.

Tendrá su domicilio en la Capital de la República. Podrá establecer agencias y nombrar corresponsales en el país y en el exterior.

Finalidad

Promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social (mandato múltiple).

Funciones y facultades

1. Regular el funcionamiento del sistema financiero y aplicar la Ley de Entidades Financieras y las normas que en su consecuencia se dicten.
2. Regular la cantidad de dinero y las tasas de interés, y regular y orientar el crédito.
3. Concertar y administrar sus reservas de oro, divisas y otros activos externos.
4. Contribuir al buen funcionamiento del mercado de capitales.
5. Ejecutar la política cambiaria.
6. Reglamentar los sistemas de pago, las cámaras liquidadoras y compensadoras, las remesadoras de fondos y las empresas de transporte de caudales.
7. Proveer a la protección de los derechos de los usuarios de servicios financieros y a la defensa de la competencia.

En el ejercicio de sus funciones, el banco no estará sujeto a órdenes, indicaciones o instrucciones del Poder Ejecutivo Nacional (PEN).

Capital

Establecido en el balance general que se presentó al momento de promulgarse la presente ley.

Directorio

El banco estará gobernado por un directorio compuesto por un presidente, un vicepresidente y 8 directores. Todos deberán ser argentinos nativos o por opción, con no menos de 10 años de ejercicio de la ciudadanía. Deberán tener idoneidad en materia monetaria, bancaria o legal vinculada al área financiera, y gozar de reconocida solvencia moral.

El presidente, vicepresidente y los directores serán designados por el PEN con acuerdo del Senado, durarán 6 años en sus funciones y podrán ser designados nuevamente. El PEN podrá realizar nombramientos en comisión durante el tiempo que insuma el otorgamiento del acuerdo del Senado.

Las retribuciones serán las que fije el presupuesto del banco.

No podrán desempeñarse como miembros del directorio

1. Los empleados o funcionarios del gobierno nacional y los que tuvieran otros cargos remunerados que dependieran directa o indirectamente del gobierno nacional, provincial o municipal, incluidos sus poderes legislativo y judicial. No se encuentran comprendidos quienes ejerzan la docencia.
2. Los accionistas o los que formen parte de la dirección, administración, sindicatura o presten servicios en el sistema financiero al momento de su designación.
3. Los que se encuentren alcanzados por las inhabilitaciones establecidas en la Ley de Entidades Financieras.

Remoción

Los integrantes del directorio podrán ser removidos de sus cargos por el PEN por incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Carta Orgánica, o por incurrir en alguna de las inhabilidades previstas en el artículo anterior. La remoción también será procedente cuando mediare mala conducta o incumplimiento de los deberes de función pública, debiendo contar para ello con previo dictamen de una comisión de honor del Congreso de la Nación.

Atribuciones del presidente

El presidente es la primera autoridad ejecutiva del banco y, en tal carácter:

1. Ejerce la administración del banco.
2. Actúa en representación del directorio y convoca y preside sus reuniones.
3. Ejerce la representación legal del banco en sus relaciones con terceros.
4. Nombra, promueve y separa al personal del banco.
5. Dispone la substanciación de sumarios al personal.
6. Deberá presentar un informe anual sobre las operaciones del banco al Honorable Congreso de la Nación.
7. Opera en los mercados monetario y cambiario.

Cuando por razón de urgencia el presidente podrá resolver asuntos reservados al directorio, en consulta con el vicepresidente y un director o dos directores. El presidente convocará a reunión del directorio por lo menos 1 vez cada 15 días. Cinco miembros formarán quórum y saldrán dispuestas las resoluciones que se adopten por simple mayoría de votos de los miembros presentes. En caso de empate, el presidente tendrá voto doble. Podrá el directorio establecer el requisito de mayorías más estrictas en asuntos de singular importancia. El ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos del PEN o su representante podrá participar con voz pero sin voto en las sesiones del directorio.

El vicepresidente ejercerá las funciones del presidente en caso de ausencia, impedimento o vacancia del cargo, y desempeñará las que el presidente le asigne o delegue. El directorio nombrará un vicepresidente segundo entre sus miembros, que sustituirá al vicepresidente en caso de ausencia temporaria cuando ejerza la presidencia.

Atribuciones del directorio

1. Intervenir en las decisiones que afecten al mercado monetario y cambiario.
2. Prescribir requisitos de encaje.
3. Fijar las tasas de interés y demás condiciones generales de las operaciones crediticias del banco.
4. Establecer relaciones técnicas de liquidez y solvencia.
5. Determinar las sumas que correspondan destinar a capital y a reservas.
6. Revocar la autorización para operar de las entidades financieras y cambiarias.
7. Reglamentar la creación y funcionamiento de cámaras compensadoras.
8. Establecer las denominaciones y carácter de los billetes y monedas.
9. Determinar el nivel de reservas de oro, divisas y otros activos externos.
10. Dictar normas que preserven la competencia en el sistema financiero.

Como órgano de gobierno del banco, le corresponde al directorio:

• a) Dictar el estatuto del personal del banco.
• b) Designar a los subgerentes generales a propuesta del presidente del banco.
• c) Crear y suprimir agencias.
• d) Nombrar corresponsales.
• e) Elaborar y remitir para su aprobación, antes del 30 de cada año, el presupuesto anual de gastos, el cálculo de recursos y los sueldos del personal del banco.
• f) Aprobar el balance general, la cuenta de resultados y la memoria.

Administración general del banco

Será ejercida por intermedio de los subgerentes generales, que deberán ser argentinos nativos o por opción, con no menos de 10 años en el ejercicio de la ciudadanía, y con el mismo requisito de idoneidad que los directores. Los subgerentes generales son los asesores del presidente y del directorio. Asistirán a sus reuniones, a pedido del presidente o del directorio. Dependen funcionalmente del presidente o del funcionario que éste designe, quien actuará con el nombre de gerente general. Son responsables del cumplimiento de las normas, reglamentos y resoluciones del directorio y del presidente, para cuya aplicación podrán dictar los reglamentos internos que fuesen necesarios. Deberán mantener informado al presidente sobre la marcha del banco.