La Libertad de Afiliación Sindical: Protección del Trabajador frente al Sindicato y el Empleador
La Libertad de Afiliación: Una Perspectiva de la Libertad Sindical Individual
La segunda perspectiva de la libertad sindical individual se refiere a la libertad de afiliación, cuya efectividad requiere protección tanto frente al propio sindicato como frente al empresario. Los trabajadores tienen el derecho fundamental de afiliarse al sindicato de su elección, con la única condición de respetar sus Estatutos.
Límites Estatutarios y Protección frente al Sindicato
Los Estatutos sindicales no pueden contener cláusulas de exclusión, ya sean directas o indirectas, que resulten abusivas o discriminatorias. De lo anterior se deduce que bastaría la simple solicitud del interesado, junto con el compromiso de observar los estatutos, para ingresar en una organización sindical.
El Art. 4.2 d) de la Ley Orgánica de Libertad Sindical (LOLS) exige como mención necesaria en los estatutos sindicales «los requisitos y procedimientos para la adquisición (...) de la condición de afiliados». La cuestión central es determinar, en cada caso, la licitud de este tipo de cláusulas estatutarias.
Principios que Rigen las Cláusulas de Afiliación
Los límites que deben respetar estas cláusulas exigen la observancia de los siguientes principios:
- Principio de Democraticidad: Exigido por el Art. 7 de la Constitución Española (C.E.) en materia de estructura y funcionamiento del sindicato.
- Principio de la Defensa y Promoción: Orientado a la defensa y promoción de los intereses de los trabajadores.
- Principio del Ámbito: Referido al ámbito geográfico y funcional de actuación del sindicato.
Protección frente a Actuaciones Empresariales Discriminatorias
La libertad sindical individual de afiliación puede verse menoscabada por actuaciones empresariales que fuercen al trabajador a tomar partido en sus opciones sindicales en la dirección pretendida por el empleador.
La LOLS declara nulas las decisiones unilaterales del empresario que supongan cualquier tipo de discriminación por razón de la adhesión o no a un sindicato.
El Combate a las Prácticas Antisindicales en el Derecho Comparado
En el derecho comparado, las prácticas antisindicales se combaten mediante dos tipos de prohibiciones:
- Prohibición de discriminación en la contratación laboral.
- Prohibición de prácticas o conductas antisindicales que supongan la discriminación por causas sindicales.
Momentos de la Discriminación Empresarial
La discriminación en las actuaciones antisindicales empresariales puede producirse en dos momentos clave:
1. En el Momento de la Contratación
Con carácter general, la Constitución prohíbe cualquier tipo de discriminación. En este ámbito, dicha prohibición debe conectarse directamente con la libertad de sindicación y afiliación, tal como establece el Art. 28 del mismo texto.
Por su parte, el Art. 1.2.a) del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) indica que:
«Los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo. Dicha protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto que tenga por objeto sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o la de dejar de ser miembro de un sindicato.»
No cabe alegar la libertad de empresa, en el marco de una economía de mercado, como cobertura a la potestad empresarial de rechazar el empleo de un trabajador por razones sindicales.
2. Durante la Vigencia del Contrato de Trabajo
Los poderes organizativos del empresario también pueden ser utilizados para efectuar discriminaciones por razones sindicales durante la vigencia del contrato. Esta práctica está prohibida por los convenios internacionales. La Jurisprudencia del Tribunal Constitucional (T.C.) y del Tribunal Supremo (T.S.) ha llevado a declarar el despido motivado por esta causa como un despido radicalmente nulo.
Responsabilidad Penal por Limitación de la Libertad Sindical
La responsabilidad empresarial por discriminaciones sindicales podría extenderse a la órbita penal, en los términos del Art. 315 del Código Penal:
«Los que mediante engaño o abuso de situación de necesidad impidieren o limitaren el ejercicio legítimo de la libertad sindical o del derecho de huelga: Prisión de 6 meses a 3 años y multa de 6 a 12 meses.»