Línea institucional de la conciliación en Colombia: normativa y casos prácticos

Línea Institucional de la Conciliación

La Línea Institucional de la Conciliación es una herramienta fundamental utilizada por el Ministerio de Justicia y del Derecho. Este organismo cuenta con una sección o dependencia especial encargada del direccionamiento de políticas relacionadas con los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC).

Consiste en una serie de políticas y recomendaciones emitidas por el Ministerio sobre diversos aspectos referentes a la conciliación. Según la Ley 640 de 2001, el Ministerio ejerce una función de vigilancia sobre los centros de conciliación. Estos centros deben ajustarse estrictamente a la reglamentación legal; de lo contrario, se exponen a sanciones cuando no se ajustan a las normas establecidas o a la ley, conforme al Artículo 209 de la Constitución Política (CP).

Sanciones a los centros de conciliación

La imposición de sanciones depende de la gravedad de la falta cometida. Los niveles de sanción son:

• Amonestación escrita.
• Multa de hasta 200 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV).
• Suspensión de la autorización de funcionamiento hasta por seis (6) meses.
• Revocatoria de la autorización de funcionamiento.
• Inhabilitación para solicitar una nueva autorización por un término de cinco (5) años.

Es importante destacar que sus recomendaciones no tienen carácter vinculante, ya que el Ministerio no posee facultades legislativas. No obstante, estas directrices son muy bien recibidas por la comunidad jurídica y, aunque no obliguen, han tenido una excelente recepción y aplicación práctica.

Desarrollo de las líneas por medio de casos prácticos

1. Registro en las actas de conciliación: Interpretación del Art. 14 de la Ley 640

La importancia del registro: Si el conciliador presenta el acta después del término establecido, debe ser sancionado. En principio, esto podría sugerir la falta de efectos jurídicos. Sin embargo, el Ministerio sostiene que, cuando el acta cumple con todos los requisitos formales y no fue extemporánea por culpa de las partes, no se les debe perjudicar.

Dado que la ley no prohíbe explícitamente el registro extemporáneo, el Ministerio autoriza su registro posterior para evitar un daño grave a los interesados. Sin el registro, el acta no tendría efectos jurídicos plenos; por ejemplo, si hubiera un incumplimiento de la conciliación pactada, no se podría pedir ejecutivamente el cumplimiento de la obligación. El objeto de la línea institucional es que la deben registrar, así sea extemporáneamente, para evitar un daño más grave a las partes.

2. Conciliación frente al acoso laboral

La ley establece que deben existir comités en las empresas encargados de vigilar el tema del clima laboral y de prevenir conductas de acoso laboral. El concepto del Ministerio aclara si esta intervención constituye o no una conciliación formal. La conclusión es que, en ese caso, no hay un proceso de conciliación propiamente dicho porque no intervienen conciliadores titulados. Lo que existe es una recomendación o intervención que busca corregir y solucionar el problema entre las personas para evitar esas conductas o, si ya han sucedido, buscar una solución a las mismas.

3. Conciliación en asuntos de parejas del mismo sexo

La Ley 54 de 1990 regula el tema de las relaciones patrimoniales, y el Artículo 2 de la Ley 979 de 2005 establece cómo se puede declarar la unión marital de hecho. La problemática radicaba en si es viable declarar dicha unión mediante conciliación. El Ministerio, fundamentándose en la Sentencia C-075 de 2007, determinó que en últimas se les debe dar el mismo tratamiento que se les otorga a las otras parejas y, por consiguiente, sí es posible realizar este trámite a través de la conciliación.

4. Conciliación en asuntos de accidentes de tránsito

El Ministerio analiza el hecho de que, cuando intervienen las autoridades de tránsito, estas actúan en el marco del accidente. ¿Es esto conciliación? La respuesta es NO. No se trata de una conciliación formal porque no estamos ante la figura de un conciliador acreditado; lo que ocurre es un arreglo directo entre los involucrados.